La Legislatura porteña aprobó una ley que impide a los deudores alimentarios realizar apuestas en línea

Los deudores alimentarios cuentan con una nueva restricción dentro de la Ciudad de Buenos Aires. La Legislatura porteña aprobó hoy una ley que impide a las personas incluidas en el Registro Público de Alimentantes Morosos que puedan acceder o realizar operaciones en las plataformas de juegos de azar y apuestas en línea autorizadas.

La nueva norma, que cuenta con la autoría del diputado Leandro Santoro (Fuerza por Buenos Aires), estipula la obligación de verificar, en tiempo real y antes de cualquier transacción, que quienes pretendan jugar o apostar no figuren como deudores alimentarios. Y establece sanciones específicas para los operadores que incumplan este proceso.

La iniciativa incorpora un nuevo artículo (17 bis) a la Ley N° 269 que regula el registro de alimentantes morosos. Toda persona inscripta en ese registro no podrá abrir ni mantener cuentas activas, ni realizar depósitos, apuestas o retiros en plataformas de juego o apuestas por internet habilitadas en la ciudad. Esta restricción alcanza tanto a los juegos de azar como a los de destreza, así como a cualquier modalidad que administre Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (LOTBA S.E.).

El texto señala una novedosa obligación para las empresas que exploten estos servicios: antes de habilitar cualquier usuario, deberán consultar de manera automatizada si la persona figura en el Registro Público de Alimentantes Morosos. Si la consulta resulta positiva, no podrán habilitarla; si se detecta que un usuario ya inscripto mantiene una cuenta operativa, deberán suspenderla de inmediato e informar simultáneamente al Registro y al órgano judicial interviniente.

El proyecto introduce otro artículo (17 ter) que regula los mecanismos de información y la protección de los datos personales. Será el Poder Ejecutivo quien deberá implementar, junto con LOTBA S.E., sistemas informáticos de consulta automatizada en tiempo real. Las consultas solo podrán verificar la condición registral de la persona, sin que los datos sean conservados, usados con fines comerciales ni para el perfilamiento de usuarios. Esto se ajusta al marco de la Ley N° 1845, enfocada en la protección de datos personales.

Por otro lado, la iniciativa incorpora un capítulo sancionatorio claro. La autoridad regulatoria del juego en la ciudad será la encargada de imponer sanciones cuando los operadores incumplan las nuevas reglas de verificación. Las penas se regularán según los procedimientos disciplinarios establecidos en la normativa del juego y los pliegos de concesión de cada plataforma, sin descartar eventuales infracciones al Régimen de Faltas porteño.

La propuesta establece un plazo expreso: el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro de los 30 días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial.

La votación

La iniciativa aborda una problemática social concreta, pero lejos estuvo de esquivar cualquier polémica. Si bien la propuesta impulsada por el peronismo porteño logró el apoyo de la mayoría del Cuerpo Legislativo, un sector levantó la mano por la negativa: La Libertad Avanza.

Luego de la votación, fue el propio Santoro quien levantó la voz: “Me cuesta creer cómo hay diputadas o diputados que hayan podido votar en contra de este proyecto”.

En este punto, el parlamentario argumentó que, según estimaciones del INDEC de la ciudad, “la canasta de crianza está alrededor de un millón seiscientos mil pesos”. También señaló que “una de cada cuatro madres” que se hacen cargo de la crianza de sus hijos recibe en tiempo y forma la cuota alimentaria del padre. “Quiere decir que más del 56% de las madres que se hacen cargo solas de la crianza de sus hijos no reciben ayuda de sus padres y que por lo menos el 76% de las madres que se hacen cargo de esa situación la reciben de manera irregular”, agregó.

“Yo no puedo creer cómo a alguien le puede parecer sensato que un padre, en lugar de hacerse cargo de la responsabilidad de criar a su hijo, ponga plata en las apuestas online. Entiendo que puede haber gente que haya acompañado esta ley que no coincida con nuestra visión ideológica, pero es una cuestión humana. ¿A quién se le ocurre que la ciudad de Buenos Aires puede permanecer indiferente frente a esta situación?“, concluyó el legislador. Desde el ala libertaria no hubo réplica, ni en el recinto o en redes sociales.

Las razones del proyecto

En la fundamentación, el documento argumenta que esta medida suma una consecuencia relevante para quienes incumplen las obligaciones alimentarias, alineándose con el principio de proteger el interés superior del niño. La posibilidad de restringir el acceso de deudores alimentarios a plataformas de juego se justifica por el crecimiento vertiginoso de este sector, donde “la posibilidad de participar desde teléfonos celulares y dispositivos electrónicos durante las veinticuatro horas del día ha incrementado significativamente la disponibilidad” de juegos y el dinero involucrado.

Según los fundamentos, el Registro Público de Alimentantes Morosos ya fue clave para limitar otras operaciones de índole administrativa y comercial en la ciudad. Esta adición apunta a impedir que quienes tienen deudas exigibles puedan destinar recursos económicos al juego “mientras incumplen prestaciones indispensables para la subsistencia de sus hijos e hijas”.

“El presente proyecto procura fortalecer las herramientas con las que cuenta el Estado para garantizar el efectivo cumplimiento de la obligación alimentaria, contribuyendo así a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, concluye la nueva norma.