La postura del gobernador de Córdoba en medio del debate por la reforma al régimen de Zonas Frías

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, rechazó este miércoles la reforma al régimen de Zona Fría impulsada por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa afectará a 600.000 hogares de la provincia, lo que equivale a aproximadamente dos millones de habitantes. La postura del mandatario cordobés se conoció en el marco de la sesión especial de la Cámara de Diputados en la que el oficialismo buscó —y logró— darle media sanción al proyecto de modificación del régimen de subsidios al gas.

“No castiguen a la clase media ni a los trabajadores”, fue el eje del mensaje de Llaryora, quien cuestionó el método elegido por el Ejecutivo nacional para reformar el esquema de acceso a los beneficios tarifarios. El gobernador no se opuso a revisar quiénes reciben el subsidio, pero sí rechazó la forma: bajar de los padrones a todos los usuarios de una zona para luego exigirles que se reempadronen de manera digital. “Vos sabés que los hogares de menos recursos es muy difícil el empadronamiento. Sabés que la clase media ya casi no llega a fin de mes”, sostuvo.

El mandatario cordobés reconoció que Córdoba es una de las provincias más gasificadas del país y, por eso, el impacto de la reforma sería mayor que en otros distritos. Ante ese escenario, planteó una alternativa: en lugar de tumbar todo el padrón para que los usuarios se reinscriban, el Estado debería utilizar los datos que ya posee para identificar a los hogares de altos ingresos y retirarles el beneficio de forma selectiva.

“Los datos los maneja la nación”, señaló, y cuestionó que se aplique una medida generalizada cuando existe información disponible para actuar con precisión. “Me parece injusto subsidiar a aquellos que tienen altos ingresos”, afirmó, aunque aclaró que eso no justifica perjudicar a quienes sí necesitan el beneficio.

Llaryora estimó que la reforma implicaría una transferencia directa de casi 12.000 millones de pesos desde las familias de clase media y los hogares de trabajadores cordobeses. “Si tenés la intención real de hacer justicia y querés cobrarle a los de alto ingreso, no bajes a toda la gente de una zona y después le digas que tienen que ir a empadronarse con una computadora”, planteó.

La postura del gobernador llegó en la misma jornada en que la Cámara de Diputados debatió el proyecto. El régimen de Zona Fría fue creado en 2002 para compensar las asimetrías tarifarias en regiones con temperaturas más bajas y garantizar el acceso al gas natural a usuarios residenciales.

Una ampliación sancionada en 2021 multiplicó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, lo que el Ejecutivo calificó como fiscalmente insostenible. La reforma que impulsó el oficialismo tiene como objetivo modificar el acceso al beneficio para 1,2 millones de hogares y permitiría un ahorro fiscal de $272.099 millones.

Dentro del recinto, la sesión no estuvo exenta de tensiones. Antes del debate por las zonas frías, el oficialismo debió sortear una disputa reglamentaria con la oposición, que había convocado a otra sesión para las 11 con el objetivo de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La Libertad Avanza logró quórum a las 10 con 129 diputados presentes y, al iniciar su propia sesión, dejó sin efecto la agenda opositora. La moción para pasar a un cuarto intermedio, presentada por el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, fue rechazada por 131 votos contra 111.

También durante el debate de la Ley Hojarasca —el otro proyecto del día, que deroga 58 leyes consideradas obsoletas y obtuvo 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones— el diputado Juan Brügge cuestionó el método del Ejecutivo para revisar la normativa vigente. El legislador recordó la existencia del Digesto Jurídico Argentino, un trabajo que comenzó en 1999 con la participación de 200 profesionales y juristas, y en el que opinaron cerca de 60.000 personas en todo el país. Ese proceso concluyó en que, de las 32.000 leyes analizadas, solo 3.353 estaban vigentes. El resultado fue aprobado por el Congreso en 2014 mediante la Ley 26.939.

“Este proyecto peca de no ser participativo, no fueron consultadas las instituciones respectivas, no hay un estudio técnico profundo de la viabilidad o no de la derogación de las leyes de las que se hace mención”, señaló Brügge durante su intervención.

El diputado reclamó que se ponga en marcha la etapa de observaciones prevista en esa ley —un período de 180 días en el que cualquier particular puede manifestar si la derogación de una norma le genera un perjuicio jurídico— y que se conforme la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico, que nunca llegó a crearse.

Brügge también recordó que la Corte Suprema, en la causa Tigre y Guazú SRL, ya había señalado que el Digesto no estaba vigente precisamente porque esa etapa de observaciones no se había cumplido. Para el legislador, la solución no pasa por aprobar un nuevo paquete de derogaciones sin metodología clara, sino por retomar y actualizar el trabajo ya realizado con fondos públicos. “Tenemos que permitir a la ciudadanía que a través de audiencia pública o a través de la comisión bicameral se exprese al respecto”, afirmó.