El Gobierno logró la media sanción para la Ley Hojarasca en Diputados y apunta a eliminar cerca de 70 normas

La Cámara de Diputados dio este miércoles media sanción a la Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, conocida como “Ley Hojarasca”, el proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que elimina 58 leyes, modifica artículos de otras ocho y deroga dos decretos considerados “inútiles, anacrónicos o contrarios a las libertades individuales”. La norma obtuvo 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones.

La sesión, convocada para las 10 por el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, transcurrió en un clima de alta tensión política. El oficialismo logró el quórum necesario de 129 diputados presentes y bloqueó un intento paralelo de la oposición de instalar una sesión propia para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades patrimoniales.

El temario de la sesión incluyó también la reforma del régimen de subsidios al gas en Zonas Frías, la aprobación de tratados internacionales y la entrega de la medalla de honor a veteranos de la Guerra de Malvinas.

El contenido del proyecto

La Ley Hojarasca agrupa las normas a eliminar en seis categorías: leyes superadas por normativas posteriores, obsoletas por el avance tecnológico o el paso del tiempo, que afectan libertades individuales, que generan burocracia innecesaria, que refieren a organismos ya disueltos y organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.

Entre las normas a derogar figuran la ley de azotes —del siglo XIX—, la ley de microfilmación, la ley de mochileros y regulaciones sobre laboratorios públicos que, según el oficialismo, nunca crearon nuevos establecimientos ni asignaron fondos. El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, explicó durante el debate en comisiones que el proyecto apunta a “reducir conflictos y confusión normativa” mediante la sustitución de marcos jurídicos antiguos por leyes más modernas.

El texto que llegó al recinto incorporó modificaciones respecto al proyecto enviado originalmente por el Poder Ejecutivo. A pedido de distintos sectores, el oficialismo excluyó la Ley 11.380, vinculada a préstamos del Banco de la Nación Argentina para cooperativas. También preservó la Ley 20.959, que otorga la credencial de libre circulación a los legisladores nacionales, y mantuvo el financiamiento público del Círculo de Legisladores de la Nación.

El dictamen de mayoría, firmado el 21 de abril con 35 rúbricas de LLA, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) e Innovación Federal, contó con la oposición de Unión por la Patria y del interbloque Unidos, que presentaron dictámenes de minoría.

El diputado de LLA, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, encabezó la defensa del proyecto desde el bloque oficialista: “Venimos a sacar al argentino de bien de este laberinto regulatorio”, sostuvo, y planteó que las leyes que se derogan fueron concebidas como “barreras artificiales para cobrar el peaje de la política”.

Desde la oposición, el diputado de Unión por la Patria, Diego Giuliano, cuestionó que la norma derogue leyes “ya derogadas, muertas, inaplicadas por décadas” y advirtió que el oficialismo “no discute lo importante”. La diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Unidad, Myriam Bregman, fue más contundente: “Hay que ser muy termo para votar una ley como esta”, afirmó, y rechazó el argumento oficial de que se trata de una iniciativa “inocua”.

El diputado de Provincias Unidas, Juan Brügge, también expresó reparos: “Quizá nunca tendría que haber llegado aquí. Introduce temáticas que requieren debate; el proyecto no es participativo”

El proyecto tiene una historia legislativa accidentada. Presentado por primera vez en 2024, perdió estado parlamentario sin ser tratado en el recinto. El Ejecutivo lo envió nuevamente al Congreso el 26 de marzo de 2026. Tras obtener el dictamen de comisiones el 21 de abril, la sesión prevista para el 22 de ese mes se postergó por dificultades para asegurar el quórum, y una nueva convocatoria para el 20 de mayo quedó trabada durante semanas por la controversia en torno al patrimonio de Adorni.