Claudia Pombo es uno de los personajes clave en el escándalo que tiene como protagonista al ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio. La Justicia investiga cada detalle de su patrimonio y sus reiterados viajes al exterior. Muchas de esas salidas las hizo en compañía de Mario Quattrocchi, titular del juzgado de faltas de La Plata, y otro de los involucrados en la trama de las fotomultas. Ambos serían dueños de Cattleya Blue S.L., una sociedad creada en España para explotar dos restoranes. Al imputar a Pombo y a D’Onofrio por lavado de dinero, el fiscal federal Sebastián Bringas pidió que se investigue a esa firma. E impulsó otras medidas de prueba. Muchas de ellas todavía no se concretaron. Tras la feria judicial, los expedientes judiciales podrían tomar nuevo impulso.
El escándalo de las fotomultas precipitó la salida de Pombo de la presidencia del Concejo Deliberante de Pilar y luego provocó la renuncia de D’Onofrio. La noticia se comunicó el último día hábil del año para intentar disminuir el impacto negativo. En su reemplazo asumió Martín Marinucci, también apadrinado por Sergio Massa. El flamante ministro ya hizo cambios en el organigrama interno, cambió al Subsecretario Legal y al de Política y Seguridad Vial, y ahora se esperan reformas de fondo en el sistema de fotomultas.
También fue desplazada la hermana de Claudia Pombo, Roxana, que era Directora de Estrategias Portuarias y Aeroportuarias, dependiente de la Subsecretaría de Transporte Aéreo y Fluvial, y Fernando Asencio, que supo ser Director de Fiscalización y Control. Ambos formaban parte del círculo íntimo de D’Onofrio.
La investigación judicial está dividida en varios expedientes. En la Justicia provincial hay al menos tres causas. La principal está en manos del fiscal de La Plata, Alvaro Garganta. Y en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, hay un expediente abierto por lavado de dinero. Además de D’Onofrio y Pombo fueron imputados Asencio, Agustina Cuadra (hija de Pombo), el juez de faltas Mario Quattrochi, Roxana Elma Pombo, y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo que, según reveló Clarín, trabaja en la Cámara de Diputados provincial con un sueldo de casi $ 1,8 millón).
Al impulsar la causa, el fiscal Bringas pidió, entre otras medidas, que la Unidad de Información Financiera (UIF) elabore un amplio informe de todas las personas investigadas que contemple “datos de contenido patrimonial, financiero, societario, comercial y laboral; los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Reportes Sistemáticos Mensuales (RSM), antecedentes de oficios judiciales recibidos, colaboraciones judiciales, solicitudes de información recibidas de las UIF’s del exterior (SIR) y toda otra información obrante en sus bases de datos internas”.
Ese informe, que todavía no aterrizó en Tribunales, tiene un dato llamativo: Claudia Pombo ganó premios por más de $3 millones en el Bingo Pilar, a solo cinco kilómetros su casa, en el barrio Ayres de Pilar. Los premios se registraron entre 2015 y 2018, según pudo saber Infobae, cuando esa cifra era significativa. “Es la forma más antigua de lavar dinero, aparece en muchos casos de este tipo”, advirtió un experto en lavado.
Pombo fue desplazada de la presidencia del Concejo Deliberante de Pilar, pero sigue ocupando una banca como concejal. Sin embargo, hace tiempo dejó de frecuentar su oficina. ¿Está de viaje? “Ninguno de los imputados tiene restricciones para salir del país”, apuntó una fuente judicial.
Los informes que van llegando al juzgado de Campana llamaron la atención de los investigadores. Entre el 8 de septiembre de 2022 y el 1 de julio de 2024, Pombo hizo cinco viajes a España, 5 a Estados Unidos, 1 a Brasil, y 1 a Uruguay. La Justicia puso el foco en los viajes a España y en la empresa que habría constituido junto al juez Quattrochi, Cattleya Blue S.L. Con esa empresa explotarían dos restoranes, en la ciudad de Málaga, denominados “Tardeo Pacífico” y “Tardeo Soho”.
Desde su cuenta de Instagram, el juez Quattrochi seguía a ambas cuentas. Una se cerró después del escándalo.
En el expediente también se habla de vehículos millonarios. Según la denuncia del empresario Leandro Camani, presidente de Secutrans, Pombo y D’Onofrio tienen cédulas para manejar una camioneta Toyota SW4, patente AF-675-YT, a nombre de Agustina Cuadra, la hija de la concejal. Además, se menciona un Audi Q8, que también aparece a nombre de un tercero, Facundo Asensio, ex marido de Cuadra. La Justicia le pidió a la Dirección de los Registros de la Propiedad Automotor una copia digital de los legajos “B” de ambos vehículos.
Antes de la feria, el juez González Charvay ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los imputados. Y disparó una batería de medidas de prueba. Por su parte, la defensa de D’Onofrio, a cargo de Ramiro Pérez Duhalde, apeló un fallo de la Cámara de San Martín que había impulsado la causa, y pocos días después terminó desistiendo de ese recurso. El ida y vuelta sorprendió a los investigadores.
Durante enero no habrá novedades, salvo que alguno de los informes pendientes requiera un allanamiento o alguna otra medida urgente. “La causa no está tramitando en feria porque no hay detenidos ni cuestiones urgentes”, respondió una fuente judicial. González Charvay no se tomó vacaciones en enero, pero tiene otros tres juzgados a cargo.
La Justicia federal investiga el patrimonio de D’Onofrio y sus allegados, pero apunta a un esquema de recaudación millonaria con el sistema de fotomultas. Concretamente, se investiga si el ex ministro era parte de un sistema paralelo de gestores que ofrecían la posibilidad de eliminar las multas a cambio de una comisión que variaba entre un 30 y un 50% del monto original.
Según la denuncia de Secutrans, proveedora del sistema de fotomultas, esas prácticas le habrían causado pérdidas millonarias. Se habla de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales.
La causa por lavado depende del delito precedente. Por eso, las miradas apuntan al avance de la causa que lleva adelante el fiscal Álvaro Garganta.
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