Causa Guardapolvos: investigan un presunto lavado de dinero a través de cooperativas

• La ex ministra Victoria Tolosa Paz es señalada en un supuesto esquema de corrupción.
• El juez Julián Ercolini convocó a la división de lavado de activos de la Policía Federal Argentina para investigar.
• Cooperativas habrían desviado fondos estatales destinados a la confección de guardapolvos.

Lo esencial: la “Causa Guardapolvos” implica una investigación sobre un presunto esquema de lavado de dinero y fraude en contratos estatales. El juez federal Julián Ercolini, junto con la División de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina, investiga la posible triangulación de fondos asignados a 33 cooperativas para la fabricación de 1,5 millones de guardapolvos, de los cuales se habrían entregado menos de la mitad. Entre los implicados están la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el secretario de Articulación Social, Leonardo Moyano. Un análisis del Ministerio de Capital Humano indica que las cooperativas recibieron casi el 80% de los fondos pese a los incumplimientos.

El juez federal Julián Ercolini convocó a la División de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina para investigar un presunto caso de lavado de dinero relacionado con la Causa Guardapolvos. El expediente involucra a 33 cooperativas y otras dos subcontratadas, que habrían recibido más de 5.000 millones de pesos del Estado para la confección de guardapolvos destinados a niños de bajos recursos, pero que no habrían cumplido con la entrega de las prendas acordadas. En el centro de la investigación se encuentran la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el secretario de Articulación de Política Social, Leonardo Moyano, acusados de administración fraudulenta, entre otros delitos.

La investigación, que avanza a solicitud del fiscal Carlos Rívolo, ha llevado a la realización de allanamientos en cooperativas y domicilios relacionados con los controvertidos contratos. Según una auditoría del Ministerio de Capital Humano, liderada por Sandra Pettovello, de los 1.595.000 guardapolvos comprometidos, se entregó menos de la mitad, mientras que las cooperativas han cobrado casi el 80% de los fondos asignados.

Los allanamientos se realizaron a mediados de agosto. El abundante material secuestrado aún está siendo peritado. Infobae accedió, a través de fuentes judiciales, a un adelanto de algunas conclusiones que derivaron en la intervención de la División de Lavado de Activos de la PFA.

Victoria Tolosa Paz firmó un convenio con la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada para la producción de 165 mil guardapolvos. Sin embargo, la cooperativa subcontrató a otras dos entidades, que facturaron más de 670 millones de pesos, pero solo entregaron 4.500 guardapolvos. El acuerdo, firmado el 28 de febrero de 2023, involucró a Leonardo Moyano, exsecretario de Articulación de Política Social del Ministerio, y a Paula Goroso, presidenta de la cooperativa 15 de Julio. Goroso está vinculada a Martín Bordalejo, exfuncionario del Municipio de Quilmes, quien fue imputado en 2022 junto con otros funcionarios por irregularidades en el manejo de fondos municipales.

El 20 de marzo de 2023, la cooperativa 15 de Julio pagó más de 171 millones de pesos a la Cooperativa General Mitre Manos Unidas Limitada por servicios de corte. Sin embargo, Olga Edith Martínez, presidenta de General Mitre, negó haber recibido dicha suma e implicó a una tercera persona cuya identidad se reserva a pedido de un funcionario judicial.

Un día después de firmar el convenio con el Ministerio, la cooperativa 15 de Julio contrató a Solutex Limitada para la provisión de 247.500 metros de tela, por un monto de 500 millones de pesos. La responsable de esa firma ya fue citada por la justicia para explicar el destino de los fondos y los guardapolvos prometidos.

Los peritos de la PFA realizan un cruce de datos entre proveedores, titulares de cooperativas, dirigentes sociales, números de cheques, dinero depositado, fondos recibidos, supuestos ingresos, y la información requerida a la AFIP, al Banco Central de la República Argentina y sobre la presunta existencia de una usina de facturas truchas. En los allanamientos, se detectaron talleres que no contaban con las dimensiones, las máquinas ni los tomacorrientes para producir la cantidad de guardapolvos por la que fueron contratados.

Entre las cooperativas señaladas se encuentran Los Pitufos y 15 de Julio de Quilmes, Mariscal Francisco Solano López y Kbrones de La Matanza, y Manos de Berisso. Otras entidades involucradas incluyen Resurgir, Nueva Generación, Nuestra Señora de Fátima, Dos Soles, Textil 13 Rosas, Manos Obreras, Cosiendo Esperanza, Pupore, Blanco País, RBD Textil, Pura Pampa, RelmuanTV, Branca, Texarg, CM, Darío Santillán, Oscar Barrios, Futuro, Del Camino, Martín Fierro, Hilando Pueblos, 25 de Mayo, Confecciones Eigenfeld, Tejiendo Compromiso y Estrella Azul.

La denuncia, presentada originalmente por la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano, conducida entonces por los exfuncionarios Leila Gianni y Ariel Romano, describe un modus operandi presuntamente fraudulento, donde las cooperativas, muchas sin la capacidad necesaria en maquinaria o personal, presentaron solicitudes de subsidios. En la mayoría de los casos, estas solicitudes se realizaron con fechas posteriores a la obtención de precios de referencia del INTI para los guardapolvos, lo que ha sido calificado como una “simulación fraudulenta”, según la auditoría de la cartera a cargo de Sandra Pettovello. El INTI había señalado un costo base para la confección de los guardapolvos que coincidía con los montos solicitados por las cooperativas para sus subsidios.

En medio de la controversia, Victoria Tolosa Paz defendió su gestión, acusando al presidente Javier Milei de dirigir una operación política en su contra, a la que calificó como la “operación de los guardapolvos”. La investigación ha incluido operativos en las provincias de Buenos Aires, Misiones y Entre Ríos, donde la Policía Federal Argentina ha incautado una gran cantidad de documentación relacionada con la causa.

Los allanamientos se realizaron en localidades como Avellaneda, Dock Sud, Quilmes, Berazategui, Glew, Isidro Casanova, Laferrere, Haedo, La Plata, Berisso, San Justo, José C. Paz, Los Toldos y Tandil. En estas localidades operaban cooperativas que, según la investigación, no tenían la capacidad operativa ni logística para cumplir con los contratos, lo que refuerza las sospechas de fraude contra el Estado.

La Causa Guardapolvos ha revelado una red de presunta corrupción y fraude en la administración pública que involucra a cooperativas, funcionarios y millones de pesos del erario público. Hasta ahora no hay imputados ni llamados a declaración indagatoria, medidas judiciales que, según afirmaron en Comodoro Py, no ocurrirán hasta que los peritos de la PFA terminen de evaluar la totalidad de la documentación secuestrada en los allanamientos.