El GAFI instó a la Argentina a aumentar las condenas por corrupción y pidió profundizar el decomiso de los bienes

La comitiva argentina que viajó a París para asistir al plenario del GAFI regresó al país en las últimas horas con la sensación de haber ganado una final en el minuto 90: Argentina evitó caer en la “lista gris” en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo. El anuncio fue festejado por el Gobierno, aunque el organismo ya planteó que Argentina deberá aumentar las condenas judiciales en materia de corrupción y lavado de dinero. No es el único reclamo. En un breve comunicado, también habló de controlar los “servicios financieros informales” y apuntó al decomiso de los bienes producto de esos delitos.

“Argentina necesita comprender mejor los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que enfrenta, en particular el lavado proveniente de la corrupción y a través de servicios financieros informales, y aumentar las condenas por estos delitos de acuerdo con su perfil de riesgo”, dice el comunicado final del GAFI, donde hay varios párrafos sobre al caso argentino.

De acuerdo a un informe que recibieron los evaluadores del GAFI, entre enero de 2019 y el 26 de marzo de este año, en Argentina hubo 91 condenas por casos de lavado de dinero. El año que más se destacó fue 2022, con 28 condenas. En cambio, en 2019, hubo apenas 11.

En esos procesos se condenaron a 310 personas físicas y 26 personas jurídicas. En cuanto a la distribución territorial, más de un tercio de las condenas se dieron en la ciudad de Buenos Aires y en la Provincia.

Si se analiza el delito precedente, la gran mayoría de las condenas por lavado están relacionadas a casos de narcotráfico. Y solo un puñado a hechos de corrupción.

Para el GAFI, esos números no alcanzan. El comunicado final del plenario pide aumentar las condenas. “También las investigaciones judiciales tiene que ser mas rápidas. Con el nuevo Código Procesal Penal vamos en ese camino”, dijo una fuente del Ministerio de Justicia.

Las proyecciones, en base a las causas que están elevadas a juicio oral, indican que el número de condenas aumentará en el corto plazo. “El comunicado del GAFI da cuenta de las mejoras desde el último plenario que prácticamente no teníamos condenas, en esta etapa llegamos casi a 100 con una proyección de 100 más en breve, y categoriza la buena cooperación entre los organismos lo que nos permitió subir el rating”, sostuvo el titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), Juan Tomás Rodríguez Ponte, que viajó a Francia en representación del Poder Judicial.

El comunicado publicado este viernes en el sitio web del GAFI también habla de mejorar los controles sobre los “servicios financieros informales”. Según pudo saber Infobae de fuentes de la comitiva que hablaron con autoridades del GAFI, ese mensaje apunta a las “cuevas”, pero también a las mutuales, y las cooperativas. “Con la brecha del dólar y el uso de efectivo se generó un contexto bastante favorable para cambistas informales que te ofrecen distintos servicios como sacar la plata afuera del país”, explicó un integrante de la delegación.

El informe final sobre el caso argentino se conocería recién en la primera quincena de noviembre, pero lo enviados a París saben que Argentina deberá mejorar mucho para no entrar nuevamente en una zona de riesgo. El comunicado final apuntó además al recupero de activos. “Están pidiendo más condenas y más decomisos. El recupero de activos en GAFI está al mismo nivel que las condenas”, explicó un experto.

Los números que puso a disposición la Argentina, con estadísticas oficiales del Poder Judicial, destacan que hubo decomiso en casi todas las condenas. El informe al que tuvo acceso Infobae habla de 320 propiedades decomisadas, 390 bienes, y 117 productos bancarios.

Nuevamente, los números no conformaron. Por ese motivo, en el Ministerio de Justicia ya están trabajando en un proyecto de ley que habilite a los jueces al decomiso anticipado de los bienes que son producto de delitos. En ese caso es clave el rol de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que demoró años para subastar los bienes decomisados al ex secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz, y al empresario Lázaro Báez, entre otros.

Tras conocerse el veredicto del GAFI, el Gobierno salió a anunciar que se subastarán más de 300 edificios públicos e inmuebles. “Los argentinos de bien merecen recuperar lo que el crimen organizado y los políticos corruptos, que no es otra cosa que el crimen organizado, les quitaron”, afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni en una de sus habituales conferencias. No fue casualidad.

El GAFI aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina luego de un largo proceso de evaluación que comenzó en septiembre del año pasado. En marzo fue una fecha clave: los evaluadores y funcionarios del GAFI estuvieron durante tres semanas en el país y se reunieron con todos los poderes del Estado, y con el sector privado, para valorar si el país cumple con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.

En agosto, una extensa comitiva argentina viajó a Francia para reunirse otra vez con los evaluadores del GAFI. En ese momento, se llevaron la impresión de que el partido estaba encaminado. Pero después hubo un segundo borrador con malas noticias para el Gobierno. Finalmente, la votación fue favorable y hubo festejos en la embajada argentina.

La comitiva argentina que viajó a París estuvo encabezado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, el coordinador nacional del programa de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, Eugenio Curia, y el titular de la DaJuDeCo, Juan Tomás Rodríguez Ponte.

“Nuestro trabajo forma parte de un objetivo institucional que la Corte Suprema se planteó desde hace tres años, comprometiéndose a realizar una labor que en el marco de una evaluación GAFI nunca se había hecho, mostrar los números y estadísticas del Poder Judicial. Objetivo esencial de transparencia que permite proyectar políticas públicas. La Dajudeco sencillamente visibiliza el trabajo de jueces y fiscales federales de todo el país comprometidos en la lucha contra el crimen organizado. Trabajamos muy coordinados todos los organismos en particular con PROCELAC y la coordinación institucional del MPF, todos bajo la coordinación del Embajador Eugenio Curia”, destacó Rodríguez Ponte en diálogo con Infobae.

El comunicado del GAFI también apunta al rol de la Unidad de Información Financiera (UIF), aunque sin nombrarla. “Cuando se habla de ‘supervisión’, esto implica mejorar los recursos humanos y técnicos de la UIF para alcanzar de mejor manera a los sujetos obligados y también poder alcanzar a los que ejercen actividades y no están registrados cuando debieran estarlo”, explicó un funcionario que estuvo en París.