Según el juez Borinsky, el aumento de condenas por lavado de dinero fue clave en el examen del GAFI

El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, destacó hoy que el significativo aumento en las condenas y decomisos por delitos de lavado de dinero fue uno de los factores decisivos que permitieron a Argentina superar la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y evitar caer en la lista “gris” de países calificados negativamente en materia regulatoria.

Ayer, el organismo internacional evaluó si Argentina y otros países cumplían con los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Se trata de unos 40 requisitos que cada Estado nacional tiene que implementar con diferentes acciones y políticas.

“Una de las calificaciones del GAFI es cómo se comporta el país en materia de lavado y decomiso. Evidentemente, Argentina tuvo una evolución desde el período anterior, que tenía 3 condenas, y pasó a 88 condenas judiciales en materia de decomiso. Esta evolución fue calificada muy favorablemente”, señaló Borinsky, uno de los integrantes de la delegación oficial argentina que viajó a París, Francia, en declaraciones a radio Mitre, al ser consultado si los fallos judiciales contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez fueron considerados.

Algunos de los casos resonantes sobre este tipo de delito financiero alcanza, efectivamente, al ex socio de la familia Kirchner. Báez fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero en la denominada causa “Ruta del Dinero K”. En la decisión del GAFI, se ponderaron el avance de la Justicia en el decomiso de bienes a quienes blanquearon dinero con origen en la corrupción, el narcotráfico o la evasión impositiva.

La recopilación de estos casos fue llevado a cabo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de su representante y titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) Juan Tomás Rodríguez Ponte, junto a otros funcionarios judiciales. “Trabajó mucho la Dajudeco y el Ministerio Público Fiscal”, destacó Borinsky.

La inclusión en la llamada “lista gris” del GAFI, que engloba a países con deficiencias estratégicas en la prevención del lavado de dinero, suponía un riesgo para Argentina. La mesa de los miembros evaluadores del organismo, que incluye a los 40 países más importantes del mundo y al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la ONU y la OCDE, entre otros, tiene implicancias para la aprobación de crédito internacional.

“Hay un estudio del Banco Central que dice que si Argentina iba a la “lista gris” y no cumplía con las 40 pautas de los organismos internacionales, (el crédito en riesgo) equivalía al 7% del PBI. Estamos hablando aproximadamente de 30 mil millones de dólares”, puntualizó Borinsky.

La evaluación del GAFI no se limitó a las cifras de condenas, sino que también abarcó otros aspectos, como la independencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), la capacidad de prevenir el financiamiento del terrorismo y el cumplimiento de los marcos legislativos adecuados para clasificar los delitos financieros y de lavado.

La cuarta ronda de evaluación mutua del GAFI concluyó en un informe que estos umbrales fueron superados en lo sustancial por Argentina. Según Borinsky, en evaluaciones anteriores, el país había evitado la revisión. “Las perspectivas era muy malas porque no se venían cumpliendo ninguno de estos estándares”, describió. Sin embargo, en marzo pasado, una delegación revisó la situación de Argentina y el gobierno avanzó con la aprobación de una actualización normativa. “En la administración anterior hubo dos períodos de postergación de la evaluación. Ahora, nos han dicho que se cumplieron los objetivos en todas las categorías”, destacó Borinsky.

El juez relató el ambiente de nerviosismo en la comitiva oficial de conocer el veredicto final. La delegación argentina no durmió el día anterior. Estábamos ansiosos y nerviosos”, dijo, e ilustró: “Acá no hay chamuyo, se miran datos objetivos”.

El proceso de evaluación del GAFI comprende varias etapas, en las cuales se analizan múltiples dimensiones del sistema judicial y legislativo del país evaluado. La revisión incluyó audiencias cara a cara, la exposición de todos los actores involucrados y las visitas in situ del organismo. En marzo pasado, vinieron al país el secretario ejecutivo del GAFILAT, Esteban Fullin, y al equipo evaluador, que encabeza Diana Firth. Ayer fue el examen final en París.

La votación del GAFI fue casi unánime para evitar que Argentina caiga en la lista de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La única excepción en la votación fue México.