Llegó el “Día D”. El plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunciará si Argentina cae en la “lista gris” en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo o entra en un proceso de monitoreo. En el Gobierno hay cautela y hermetismo por el anuncio, aunque en las últimas horas se respiró cierto optimismo entre los integrantes de la comitiva que viajó a París. El anuncio tiene en vilo a la Casa Rosada porque puede tener consecuencias directas sobre la economía y los mercados.
“Si te caes en la ‘B’ hay consecuencias graves”, admitió uno de los expertos que participó de todo el proceso antes de viajar a Francia. Un experto en lavado de dinero consultado por Infobae confirmó ese pronóstico: “Cuando un país entra en la lista gris trae consecuencias en el mercado. El sistema financiero empieza a tomar medidas para mitigar ese riesgo. Se dificulta el acceso a los sistemas financieros, se encarece el acceso al crédito, entre otras cosas”.
La comitiva que viajó a París se reunió ayer con los encargados de los departamentos jurídicos de las principales empresas francesas como Total Energies, Renault, Eramet, Air Liquide y Pernod Ricard, y con los principales socios de los estudios de abogados más prestigiosos de Europa como Hogan Lovells, Cleary Gottlieb y Kirkland & Ellis.
“Se conversó sobre el proceso de reformas en curso, la reforma del Código Penal, el Código Acusatorio Federal, la agenda legislativa en materia de Justicia. Los delegados de las empresas francesas se mostraron muy interesados en conocer los lineamientos y sustentabilidad política del RIGI, como así también escuchar de primera mano la seguridad jurídica y el clima de negocios para inversiones futuras”, resumió uno de los integrantes de la comitiva.
La comitiva argentina está integrada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, y Eugenio Curia, un diplomático de carrera que fue elegido como coordinador nacional del programa de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
También viajó el flamante vicepresidente de la UIF, Santiago González Rodríguez, Marcelo Ruiz (asesor del Ministerio de Justicia), el titular de la DaJuDeCo, Juan Tomás Rodríguez Ponte, en representación del Poder Judicial, y el fiscal Diego Velasco (a cargo de la PROCELAC).
En la comitiva hay cautela. “Se hizo todo lo posible en estos meses, pero se está evaluado la gestión anterior”, es la respuesta de manual. Efectivamente, el período evaluado abarca todo el gobierno de Alberto Fernández y apenas tres meses de este año. También abunda el hermetismo: los integrantes de la comitiva recibieron la recomendación de no hablar con los medios antes del anuncio.
El proceso de revisión comenzó en septiembre del año pasado, tras dos solicitudes de postergación. En marzo fue una fecha clave: los evaluadores y funcionarios del GAFI estuvieron durante tres semanas en el país y se reunieron con todos los poderes del Estado, y con el sector privado, para valorar si el país cumple con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.
En agosto, una extensa comitiva argentina viajó a Francia para reunirse otra vez con los evaluadores del GAFI. En ese momento, se llevaron la impresión de que el partido estaba encaminado. Pero después hubo un segundo borrador con malas noticias para el Gobierno.
En las últimas semanas, el informe final de la evaluación argentina fue distribuido a las 200 jurisdicciones que integran la red global del GAFI para recoger sus comentarios y observaciones.
El GAFI evalúa el sistema de prevención de acuerdo a 40 recomendaciones y las condenas judiciales en materia de lavado de activos. Ese es uno de los puntos flojos del país, aunque el informe oficial dicen que pasaron de 3 a un total de 77 sentencias.
El anuncio se conocerá antes del mediodía (hora de Argentina). El peor escenario sería caer en la lista gris por no cumplir con los estándares que exige el GAFI. “Caer en la lista gris significaría que hay deficiencias en nuestro sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Es grave porque es un conjunto de situaciones que te llevan a ese escenario: incumplimiento de las recomendaciones del GAFI, malos controles en materia de lavado, fallas en las supervisiones a los sujetos obligados, y pocas condenas”, explicó a este medio un experto que sigue de cerca todo el proceso.
El GAFI emitió ayer un breve comunicado sobre el plenario y anunció una conferencia de prensa recién para el viernes. “Los delegados también discutirán la evaluación de las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Argentina y Omán, así como los avances realizados por algunas jurisdicciones identificadas como que presentan un riesgo para el sistema financiero”, informó el organismo.
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