En medio de la expectativa por la decisión del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) respecto de si Argentina será incluida en la “lista gris” de países que no colaboran en la lucha contra el lavado de dinero, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se reunió ayer en París con un grupo de encargados jurídicos de destacadas empresas francesas.
El funcionario argentino estuvo acompañado por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; el presidente de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky; y el titular de la Unidad de Información Financiera, Ignacio Yacobucci. También participó el embajador de Argentina en el país europeo, Ian Sielecki.
Según se informó, durante el encuentro se conversó sobre las reformas que impulsa del gobierno libertario y la agenda legislativa, sobre todo en el área de Justicia, para “garantizar previsibilidad y seguridad jurídica”. Asistieron los encargados de los departamentos jurídicos de las principales empresas francesas, como TotalEnergies, Renault, Eramet, Air Liquide y PernodRicard, y los socios de los estudios de abogados europeos Hogan Lovells, Cleary Gottlieb y Kirkland & Ellis.
“Se mostraron muy interesados en conocer los lineamientos y sustentabilidad política del RIGI, como así también escuchar de primera mano la seguridad jurídica y el clima de negocios para inversiones futuras”, indicaron desde el ministerio de Justicia.
El encuentro ocurrió en el marco de la participación del país en el plenario del GAFI. Tras un extenso proceso de evaluación, este jueves por la tarde se votará si Argentina entra o no en una “lista de gris” de países que no colaboran en el combate contra los capitales producto de delitos financieros. En esa lista se encuentran hoy Venezuela, Mónaco, Croacia, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, Haití, Namibia, Nigeria, Senegal, Siria, Vietnam y Yemen.
Tras el anuncio, eventualmente se conocerá el plan de acciones recomendadas en relación con el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
En el Gobierno hay cautela por el anuncio. “Se hizo todo lo posible en estos meses, pero se está evaluado la gestión anterior”, repitieron varios integrantes de la comitiva antes de viajar. Efectivamente, el período evaluado abarca todo el gobierno de Alberto Fernández y apenas tres meses de este año.
El proceso de revisión comenzó en septiembre del año pasado, tras dos solicitudes de postergación. En marzo fue una fecha clave: los evaluadores y funcionarios del GAFI estuvieron durante tres semanas en el país y se reunieron con todos los poderes del Estado, y con el sector privado, para valorar si el país cumple con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.
El grupo evaluador estuvo integrado por representantes designados de seis países del GAFI, uno del Banco Mundial, tres representantes de las secretarías ejecutivas de esa entidad y uno del GAFILAT. En agosto, una extensa comitiva argentina viajó a Francia para reunirse otra vez con los evaluadores.
En las últimas semanas, el informe final de la evaluación argentina fue distribuido a las 200 jurisdicciones que integran la red global del GAFI para recoger sus comentarios y observaciones.
El GAFI evalúa el sistema de prevención de acuerdo a 40 recomendaciones y las condenas judiciales en materia de lavado de activos. Ese es uno de los puntos flojos del país, aunque el informe oficial dicen que pasaron de 3 a un total de 77 sentencias.
El temor en el Gobierno es que el país sufra consecuencias económicas por un resultado negativo. De hecho, según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), caer en la lista gris implicaría una pérdida de 7 puntos del PBI. También habría complicaciones con el financiamiento externo. “Si te caes en la ‘B’ hay consecuencias graves”, admitió uno de los expertos que participó de todo el proceso.
Un experto en lavado de dinero confirmó ese pronóstico. “Cuando un país entra en la lista gris trae consecuencias en el mercado. El sistema financiero empiezan a tomar medidas para mitigar ese riesgo. Se dificulta el acceso a los sistemas financieros, se encarece el acceso al crédito, entre otras cosas”.
La última revisión que había realizado el GAFI en la Argentina tuvo lugar en 2010, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, y el país terminó incluido en la lista gris porque no cumplía con los estándares exigidos por el GAFI, es decir, presentaba un sistema de prevención débil contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La situación se revirtió durante el gobierno de Mauricio Macri.
La situación actual es muy diferente porque se evalúa al gobierno anterior y solo tres meses de este año. “La inacción fue absoluta hasta diciembre. No se trabajó en nada lo que requiere el GAFI”, lamentó un miembro de la comitiva. El nuevo gobierno decidió impulsar una serie de medidas para dar señales al GAFI. El jueves se sabrá si alcanzó para esquivar una mala noticia.
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