El Gobierno denunciará a Victoria Tolosa Paz por irregularidades en la compra de yerba por $18 mil millones

El Gobierno denunciará ante la Justicia Federal la licitación que por $18.224.700.000 firmó el 7 de noviembre de 2023 la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, por la adjudicación de 17,4 mil toneladas de “yerba mate elaborada con palo”. La subsecretaría legal del Ministerio de Capital Humano halló presuntas “irregularidades en la Licitación Pública N° 95-0058-LPU23″, “sobreprecios” y, entre otros cuestionamientos, “mala calidad del producto” adquirido. En los depósitos del Estado, ubicados en el conurbano bonaerense y Tucumán, hay palets con más de tres mil toneladas que no fueron repartidas. Son exactamente 3.049.479 kilos.

El “dictamen de evaluación de ofertas” fue el 18 de septiembre de 2023 y fueron beneficiadas la distribuidora Compañía Comercial Mayorista S.R.L, que suministraría yerba marca “El Buen Ojo”; Yerbatera Kleñuk, de Ignacio Kleñuk, a la cual se le compró yerba mate elaborada con palo de la misma marca; y a la empresa de Hugo Oscar Holowaty, a quien se le compró la marca “Sierra del Imán”.

A este último se lo vinculó con la creación de empresas falsas para emitir facturas fraudulentas, generando créditos fiscales que luego vendía a empresas reales. En el expediente, impulsado por la AFIP, fueron condenadas tres personas, pero finalmente el empresario yerbatero quedó fuera del proceso.

Las tres firmas ofertaron exactamente el mismo valor por cada paquete de mil gramos, $1518,90.

Según se publicó en el Boletín Oficial el 8 de noviembre de 2023, 32 días antes de que el peronismo dejara el poder en manos de La Libertad Avanza, desde la ex cartera a cargo de Tolosa Paz justificaron la compra en una “evaluación técnica” solicitada por la Secretaría de Articulación de Política Social a la Universidad Nacional de San Martín donde se aconsejó qué propuestas aceptar y cuáles desestimar.

Leila Gianni, la subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, se presentó en dos programas de los canales LN+ y TN mostrando el contenido de los paquetes: “Puro palo”, dijo.

“Tres mil toneladas de las cinco mil que están en los depósitos corresponde a yerba, que es puro palo. Le pregunto a los ex ministros si con yerba se alimenta el pueblo argentino. El resto de los alimentos son productos adquiridos por la gestión anterior para dárselos a las organizaciones sociales, pero vamos a usarlos para asistir a la población en situaciones de emergencia”, agregó.

Los ex ministros aludidos por la encargada de realizar las denuncias penales de la cartera a cargo de Sandra Pettovello son la mencionada diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, su compañero de bancada Daniel Arroyo y Juan Zabaleta.

La “batalla” entre las organizaciones sociales y el gobierno de La Libertad Avanza por los alimentos que están en los dos depósitos puso sobre la luz las supuestas irregularidades en la compra de insumos que se suponía eran para emergencia alimentaria.

El pasado 4 de abril, cuando se la interpeló sobre las millonarias compras de yerba mate elaborada con palo, la diputada de Unión por la Patria respondió a través de su red social X: “Sí, compramos miles de kilos de yerba para las familias de todas las provincias. En la vida real el mate, el mate cocido y el mate cocido con leche son infusiones esenciales en los comedores, en las escuelas y en las mesas del pueblo. Le aconsejo que largue el teléfono y se acerque a tomar unos mates con su gente”.

Al revisar las adjudicaciones realizadas por Tolosa Paz, los abogados de Capital Humano advirtieron las inconsistencias en la tramitación de las multimillonarias compras, como sucedió con la compra de aceite y guardapolvos, que se otorgaron de manera “dirigida”, o de manera irregular a empresas y cooperativas ligadas con el poder de turno, o que fueron denunciadas por utilizar facturas.

El gasto en yerba mate realizado sobre el fin del mandato de Alberto Fernández representa el 68,8% del total de $30.500 millones de pesos destinados a productos básicos para conformar el stock de emergencia destinados a las personas más vulnerables.

“Esta adjudicación genera sospechas sobre la transparencia y la idoneidad de los procesos de compra del ex Ministerio de Desarrollo Social”, remarcaron desde Casa Rosada a Infobae y recordaron, como lo hizo la abogada Gianni que “de las cinco mil toneladas que se encuentran en los galpones, el 60%, más de tres mil toneladas, corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior, que firmó Victoria Tolosa Paz y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y que vamos a denunciar porque la auditoría revelo serias irregularidades”.

Un año antes, cuando se hizo público que las dos empresas misioneras de Ignacio Kleñuk y Hugo Oscar Holowaty -junto a otras tres sociedades- habían ganado la Licitación Pública N° 95-0072-LPU21, para “atender a la población en situación de vulnerabilidad, solicitada por la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria, que dependía de Desarrollo Social, los funcionarios del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) advirtieron que “la mercadería mostraba signos de estar adulterada”.

“Enviamos los paquetes a analizar. Queremos que se analice palo, sustancias extrañas, contaminantes, todo tipo de componentes que tenga ese paquete. Es yerba que el Estado compraba para los más humildes. Esto es un alimento, no podemos darles esta basura”, dijo en aquella oportunidad Marcelo Hacklander, funcionario del Instituto Nacional de Yerba Mate.

Desde ese instituto se le aconsejó a las autoridades nacionales “analizar toda la mercadería antes de distribuirla para su consumo”. Por su parte, Cristian Klingbeil, ahora ex presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), le recordó a la publicación Bichos de Campo: “Nosotros denunciábamos que la yerba comprada era de mala calidad. Se mezclaba té, yuyo y un poquitito de yerba. Es más, tuve la oportunidad de ver uno de esos paquetes de mercadería, porque a uno de nuestros obreros se la dieron, y había que tener coraje para tomar eso. Nosotros que estamos en la actividad enseguida nos damos cuenta de que hay cosas raras”, opinó.

El Ministerio de Capital Humano ya había detectado irregularidades en las adjudicaciones de alimentos destinados a los sectores más vulnerables el 27 de abril.

En ese caso, denunció a los responsables del ex ministerio de Desarrollo Social, por supuesto “direccionamiento” en la licitación por $613.974.500 para la compra de 2.700.000 botellas de aceite de girasol de un litro y medio. Las anomalías fueron detectadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Este tipo de maniobras ya había sido revelada por La Libertad Avanza a través de una serie de auditorías internas en las que se descubrieron sobreprecios de hasta un 500%; cartelización en las compras; direccionamiento hacia empresas y sociedades; y “falta de trazabilidad” en el destino de los alimentos para programas sociales.

La adjudicación, según la documentación que se aportó a la Justicia, corresponde a la orden de compra 132 tramitada a través del expediente 2022-89392670 y que “se realizó para la adquisición de 2.700.000 unidades de aceite de girasol en el formato singular de 1,5 litros para mitigar las demandas de ayuda alimentaria para la población en situación de vulnerabilidad”.

La denuncia -publicada por este medio- destaca que en varios puntos del expediente se menciona de manera directa a la firma que resultó beneficiaria “Proveeduría Integral MC S.R.L.” y cuyos titulares resultan ser “Giuliano Carmelo Pellicori y Luisa Bianca Pellicori”.

La PIA describió que, del expediente electrónico de esa compulsa, surge que los responsables de la sociedad, “habían firmado con el sello de otra SRL, Alimentos Fransro SRL, también de ellos, que como otras sociedades también se presentaron en varias licitaciones, y creadas al efecto”.

El documento describe que esa situación irregular “denota el posible incumplimiento de los deberes de funcionario público al no cotejar correctamente la documental aportada en las actuaciones sin hacer salvedad alguna”.

Otra de las irregularidades detectadas por la PIA fue “el vencimiento del plazo de tres días para complementar la documentación faltante y presentada en el expediente al momento”.

El 25 de octubre de 2022 -Tolosa Paz ya era ministra del área en reemplazo de Juan Zabaleta- la Dirección de Compras y Contrataciones, compartió el Informe Técnico junto a otras direcciones.

La denuncia refleja además que “en dicho informe se realizaron observaciones sobre los productos ofrecidos, lo que motivo la intimación a la presentación de documentación complementaria el 28 de octubre de 2022 por parte de la Comisión Evaluadora -Julio Aníbal Talia-, dándose como fecha límite de cumplimiento para el 3 de noviembre de 2022″.

A pesar de la intimación, la empresa que ganaría la licitación por más de 600 millones de pesos, recién incorporó la documentación que faltaba 20 días después de la fecha límite, lo que “vulneró el principio de igualdad” con el resto de los oferentes, en caso de que lo hubiese. Razón por la cual, según los funcionarios denunciantes, las anteriores autoridades “se apartaron del principio de legalidad en clara vulneración a la normativa aplicable”.

El direccionamiento que habrían realizado los funcionarios de la cartera social no solo se debería a las concesiones otorgadas a la SRL beneficiada, sino porque las exigencias se adaptaban al producto que esta ofertaba, razón por la cual, la empresa beneficiada “fue la única oferente”.

El 1 de febrero de 2023, el Ministerio de Desarrollo Social aumentó el monto del contrato en un 35% por un monto de otros $214.891.110.

La cuestionada compra se inició cuando el ministro de Desarrollo Social era Juan Zavaleta, pero fue adjudicada por su sucesora, Victoria Tolosa Paz.