Argentino asesinado en Oruro: por un acuerdo firmado en julio, el gobierno de Bolivia tenía la obligación de darle atención médica

Matías Rosales era un joven neuquino de 30 años que murió luego de ser atacado a puñaladas en Oruro, Bolivia. Su familia denuncia que los equipos de emergencia lo discriminaron y le negaron la atención que podría haberle salvado la vida. El caso está siendo investigado. Según un convenio que firmaron los gobiernos de Argentina y Bolivia el 4 de julio de 2023 —y al que accedió Infobae— , Rosales y cualquier ciudadano argentino debe tener garantizada la atención médica en el sistema de salud boliviano.

Más aún, el gobierno de Luis Arce se comprometió en el mencionado acuerdo a difundir de manera “constante y permanente” que los ciudadanos de nuestro país deben ser atendidos en los nosocomios bolivianos, recibiendo el mismo trato que los naturales de Bolivia obtienen en los hospitales del sistema público argentino. El entendimiento se encuentra vigente, y fue firmado por el canciller Santiago Cafiero y su par boliviano, Rogelio Mayta Mayta, durante el encuentro reciente que los países del MERCOSUR tuvieron en la ciudad de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones.

El acuerdo, a su vez, es la ratificación de una política que los dos países se comprometieron a poner en práctica en 2019. En aquella oportunidad, el ex secretario de Salud argentino, Adolfo Rubinstein, rubricó un entendimiento con el mismo contenido, junto a la entonces ministra Gabriela Montaño, ex funcionaria y dirigente de confianza de Evo Morales.

De esta manera, tanto la gestión de Evo Morales como la de Luis Arce se comprometieron ante el planteo del gobierno argentino a eliminar cualquier vestigio de discriminación o reticencia a brindarle atención a los argentinos que necesiten asistencia médica en el país vecino. “Las partes realizarán una difusión constante y permanente del acuerdo de 2019 y del presente, a fin de asegurar el adecuado conocimiento de sus disposiciones, alcance y obligaciones para asegurar su efectivo cumplimiento”, indica el artículo 5 del documento.

Las disposiciones no son otra cosa que la exigencia de atención gratuita en el caso de urgencias —a las que define como todo cuadro clínico que precise atención sanitaria impostergable para aliviar el sufrimiento— y de emergencias, entendidas como aquellos cuadros que impliquen riesgo de vida. Se pone de relieve, además, que la respuesta médica debe darse independientemente del “status migratorio”, esto es, que no importe si la persona que necesita atenderse es residente o se encuentra en el país vecino por un viaje circunstancial. En cualquier caso, debe ser asistido.

El motivo por el que los gobiernos de Argentina y Bolivia celebraron el acuerdo de reciprocidad tuvo su origen reciente en un planteo que realizó el gobierno de Jujuy, cuando su gobernador, Gerardo Morales, hizo público el malestar por la desigualdad de trato en ambos sistemas de salud. Esa postura, que generó polémica en 2018, derivó en acuerdos primero a nivel distrito, y luego entre los Estados nacionales. No obstante, hay antecedentes de 2015 y de hasta 1978 en el que Argentina y Bolivia intentan ponerse de acuerdo sobre políticas de atención conjunta para sus poblaciones.

Sin embargo, tanto desde la provincia del norte como en el caso de ex y actuales funcionarios de la gestión nacional reconocieron a Infobae que la aplicación de los acuerdos es, como mínimo, deficiente por parte de Bolivia. “Desde que dejó Evo Morales el gobierno no se cumplió más, y yo reasumí hace dos meses y voy a exigir que vuelva a cumplirse”, dijo el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid. Además, el funcionario resaltó que la inversión que realiza Jujuy, una provincia de frontera, en la atención de ciudadanos extranjeros en el sistema de salud público es gravitante en el presupuesto total del área.

El proceso, sin embargo, se ve dilatado. Luego de la primera firma en julio de 2019, la siguiente reunión de funcionarios para avanzar en el cumplimiento efectivo del acuerdo de reciprocidad se dio el 14 de julio de 2022, cuando se juntó una comisión mixta con autoridades argentinas y bolivianas para lograr que el sistema sanitario garantice a los ciudadanos la atención mutua.

En paralelo, periódicamente se conocen casos en los que ciudadanos argentinos padecen las consecuencias de la rigidez del sistema de salud boliviano. El 11 de julio de 2022, el docente salteño Alejandro Benítez sufrió un accidente en Cochabamba, donde se encontraba de vacaciones. Su familia denunció que los equipos de emergencia le exigieron dinero antes de brindarle asistencia. Finalmente murió. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, repudió el hecho, al que calificó como inaceptable.

En diciembre de 2018, otro argentino, Manuel Vilca, un músico jujeño, fue víctima de otro accidente, también en Cochabamba. En este caso logró ser asistido en un centro de salud semiprivado, pero su familia debió recurrir a una campaña en la opinión pública dado que el nosocomio le exigía una suma superior a los 10 mil dólares luego de su internación. El gobierno de Jujuy lo asistió y luego denunció “el trato inhumano” que reciben los ciudadanos argentinos en Bolivia frente a estos casos.

La muerte de Matías Rosales reflotó la discusión. El embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, le solicitó información al ministerio de Salud boliviano sobre la posibilidad de que el joven neuquino haya sido víctima de abandono de persona. “El Cónsul General se comunicó con la Cancillería boliviana a fin de informar que habría nuevos datos que podrían indicar que Matías no habría sido asistido en tiempo y forma al momento del hecho”, dice el comunicado del consulado en La Paz, capital de Bolivia.

El parte policial sostiene que Rosales murió en la vía pública. Sin embargo, tanto su novia como su madre afirman que llegó con signos vitales a un Centro de Salud en donde le negaron la atención, y murió en la vereda.