Un experto pidió derogar la facultad de la UIF de ser querellante en causas judiciales

Durante sus alegatos en el juicio oral y público de la causa Vialidad, la Unidad de Información Financiera que actúa en el proceso como parte querellante evitó acusar a la principal acusada Cristina Fernández de Kirchner. Este temperamento del organismo antilavado fue cuestionado por el fiscal Diego Luciani al momento de alegar. Estas conductas disímiles entre las partes acusadoras dejó flotando en el aire un interrogante clave al momento de juzgar hechos de corrupción, y es si debería estar dentro de las funciones principales de las Unidad de Información Financiera la facultad de querellar.

Sobre el tema Infobae consultó al experto Juan Félix Marteau, presidente de la Fundación de Investigación en Inteligencia Financiera.

- ¿Qué piensa del rol de la UIF en los procesos penales de corrupción?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el rol de querellante de la UIF argentina es una aberración jurídica que no tiene casi antecedentes a nivel comparado, excepto alguna que otra UIF de las casi 170 que existen en el mundo. Este es un dato no menor. Para responder a su pregunta, la UIF debe intervenir en las causas de corrupción como un colaborador eficiente del Ministerio Público Fiscal y de los jueces penales competentes, no como parte querellante. Este rol es contradictorio con su obligación de producir información financiera confidencial. Además, abre el camino a la arbitrariedad, ya que siempre se analiza la corrupción de los funcionarios del gobierno que han dejado el poder, no de los que gobiernan, como es costumbre en la Argentina.

- ¿Es importante la información que recolecta la UIF argentina?

Recordemos que la UIF recibió el último año casi 65.000 reportes de operaciones sospechosas de los sujetos obligados, quienes además remiten mensualmente reportes sistemáticos con millones de datos de todos los ciudadanos, conformando así una big data única sobre nuestra vida financiera. Sin embargo, su comunicación o “denuncia” de estos hechos a la justicia penal es mínima. Calculo que no debe superar los 50 casos por año. Esto significa que el costo operacional de tener una significativa planta de abogados litigantes en las querellas hay que volcarlo a producir mayores y mejores resultados para entregarlos a la justicia.

- ¿Qué piensa sobre la posición de la UIF en la causa Vialidad?

Ya le di mi posición para todos los supuestos. Ahora, como en la causa de Vialidad ya intervenía como querellante, su rol debería haberse focalizado en determinar el delito de lavado de activos que se vincula con aquello que, según el Ministerio Público, ha constituido un esquema de licitaciones espurias en la obra pública (que operaría como delito precedente). Este es el aporte que debe hacer técnicamente la UIF. Acá no hay lugar para opiniones políticas o de otro tipo. Si este nexo no existe o no está probado, hubiera debido retirarse antes de la posición de querellante, dejando el trabajo de acusación en manos de los fiscales competentes, que ya tenían toda la información financiera en su poder para avanzar con la acusación. La renuncia de la vicepresidente de la UIF a último momento generó una controversia tremenda que puso en duda la posición técnica de este organismo. Sin embargo, tratando de ser objetivo, a partir de mi experiencia como abogado que actúa en esta materia hace muchos años, me consta que las actuales autoridades de la UIF estaban enfocadas en la evaluación internacional que debe enfrentar la Argentina ante GAFI, no haciendo operaciones. Nuevamente la cuestión de la querella convierte a este organismo en una silla eléctrica, sacándolo de su misión nuclear.

- ¿El carácter de querellante no la hace más eficaz en el aporte de prueba?

En la Argentina ya hemos visto cosas inéditas: funcionarios de la UIF que aparecían en los medios diciendo que gracias al trabajo de “inteligencia” que realizaban habían logrado resultados procesales enormes en la lucha contra la corrupción, cuando en realidad, de acuerdo a la ley, este no es un organismo de inteligencia y, además, los resultados eran única y exclusiva consecuencia del trabajo que realizaban los jueces y fiscales competentes. Esta es la verdad y el origen de la falta de credibilidad de este organismo, que vive de crisis en crisis. Hay que volver a leer la Constitución Nacional.

En nuestro actual Código Procesal Penal, la investigación penal está a cargo de los jueces y los agentes fiscales. En el nuevo Código Procesal Penal Federal la misma queda en cabeza exclusiva de los de representantes del Ministerio Público. Hay que tener en cuenta, además, que hace tiempo se encuentran trabajando las procuradurías especializadas, como la PROCELAC o la PROCUNAR, lo que da más argumento a la posición que sostengo: la UIF no debe querellar más. Debe limitarse a producir información financiera en casos de sospechas de lavado de activos y financiación del terrorismo y colaborar con los fiscales responsables de la investigación.

- Esta facultad de querellar fue establecida por el Decreto 2226 del año 2008. ¿Usted dice que no hay antecedentes de este tipo en el resto de los países que siguen los estándares de GAFI?

Exacto. Fue la Administración Fernández de Kirchner la que otorgó esta facultad a la UIF. Conozco bien la parición de esta medida. Los asesores de la entonces presidente la convencieron de que la misma sería un buen instrumento para investigar a los “financistas del terrorismo del Estado”, entre los que, en el nuevo relato gubernamental, se encontraba el Grupo Clarín, y otros medios y empresarios que el gobierno convirtió en “enemigos a combatir”. Le digo cómo fue ya que, como abogado en estos litigios, pude identificar con claridad cómo funcionaba la task force que lideraba la UIF de la época, junto a la AFIP y otros organismos públicos: transmitiéndose entre sí la información financiera de que disponían, armaron causas de lavado de activos completamente falsas contra la empresa y sus directivos, que obviamente no prosperaron en la justicia penal, pero que hicieron mucho daño. Hay que recordar que esta fue la causa que llevó a inventar el engendro de la querella.

- Recuerdo que hubo un intento de prohibir la querella por ley.

Es verdad, cuando se sancionó la ley 26.683, en 2011, las mayorías parlamentarias consiguieron prohibir la facultad de querellar. ¿Sabe cómo terminó esto? Con un veto de la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner que reestableció la facultad de querellar para que la UIF continúe su embestida contra los supuestos enemigos del proyecto nacional y popular. Luego de esto, el gobierno se pasó de rosca. Además, llegó a inventar que los familiares de los militares acusados de delitos de lesa humanidad que cobraban las pensiones del propio Estado eran financistas del terrorismo. Es desopilante lo que se ha hecho de la UIF. Pero sabemos que cuando tirás piedras sin cuidado, a veces, alguna te rebota.

- Usted también fue Coordinador Nacional en esta materia en la Administración Macri, que tampoco derogó la facultad de querellar.

Les di de entrada mi posición a varios funcionarios razonables, sanos y respetables con los que trabajé en el gobierno que entendieron perfectamente el punto: había que evitar que los funcionarios de la UIF dejaran de ir corriendo a recibir órdenes de los operadores de la Rosada, como habíamos observado del gobierno anterior. Pero había otros intereses en juego.

Los funcionarios económicos amigos del Presidente lo convencieron de que este organismo debía estar bajo la órbita del Ministerio de Economía para asegurar el éxito del programa de blanqueo de capitales que se puso en marcha apenas comenzada la gestión. Se trataba de los muchachos que aparentemente lideraban el “mejor equipo de los últimos 150 años”, aunque luego quedó en evidencia que gracias a su incapacidad técnica y política para cuidar los intereses del Estado detonaron la continuidad de un proyecto político alternativo. No hay que olvidarlo, para no volver a repetir esos errores. A su vez, los legisladores propios y ajenos estaban literalmente dormidos la noche en la que se votó la ley de blanqueo que no solo trasladó la UIF del Ministerio de Justicia a Economía, sino que además le otorgó a este organismo la facultad de enviar “informes de inteligencia” a la AFI -en contradicción con la Ley de Lavado- y de impedir a los fiscales el acceso a las fuentes de información.

Las consecuencias perversas de este tipo de acciones se ven siempre a futuro. Con estos antecedentes, la mentada independencia técnica del organismo quedó abolida de arranque. Obviamente, que en este contexto, la facultad de querellar no solo no fue derogada, sino maximizada ahora en nombre de la “lucha por la transparencia”. Se trata de algo muy importante que exige un altísimo estándar ético de quienes deben librar la batalla, pero que gracias a la frivolidad de ciertos funcionarios condicionados se convirtió rápidamente en un relato gubernamental superficial. Ahora, ¿quién se hace cargo de todas las causas de corrupción que cayeron en saco roto?

Insisto: la investigación judicial contra la corrupción la debe llevar adelante el sistema de justicia penal establecido por la Constitución Nacional, empoderado con todas las potestades que requiere esa tarea excepcional. Los organismos administrativos deben colaborar con los jueces y fiscales, no involucrarse en la persecución penal.

- El panorama que presenta es desolador. No se salva nadie.

No formo parte de la grieta, cuyos vasos comunicantes a veces me hacen suponer que es imaginaria. Creo que es obligatorio tratar de hacer análisis inmanentes a los hechos, dejando de lado nuestros juicios morales o ideológicos. Sin embargo, sigo convencido de que existen condiciones reales, incluso vinculadas a la supervivencia de la clase política, que van a llevar a la nueva generación de políticos argentinos a trabajar aliados en la consolidación de un Estado que sea más apto para brindar seguridad a toda la comunidad, en especial a los más vulnerables. Abogo para que los políticos más jóvenes entiendan que los enemigos son los narcos, los contrabandistas, los financistas del terrorismo y, por supuesto, los corruptos. Si todos los funcionarios de la UIF terminan con causas penales, como ha sucedido hasta ahora, los delincuentes organizados se sienten más fuertes.

- Por último, ¿cree que la evaluación internacional que GAFI va a realizar sobre la Argentina será muy crítica de estos aspectos?

GAFI tiene que hacerse cargo de que se ha lavado las manos en lo que concierne a la politización facciosa de la UIF argentina. Aplaude la apertura al mundo en la utilización de inteligencia financiera, pero ello le ha llevado a menospreciar la circunstancia de que estas acciones solo se deben desarrollar en el marco de un orden institucional sólido y estable. Quiero ser claro en este punto: el país necesita un nuevo sistema de inteligencia, donde se incluya un organismo que produzca inteligencia financiera en serio, blindado de los intereses de coyuntura y que esté impedido de armar operaciones. Eso requiere un trabajo legislativo de alta precisión técnica y de gran consenso político. Todas las reformas legislativas que se hagan corriendo y a última hora por las exigencias de GAFI no hacen más que producir muletas que atentan justamente contra la pretendida efectividad. Los funcionarios que defiendan a la Argentina en la evaluación no deben seguir los cantos de sirena del globalismo tecnicista que pregona la pureza de la neutralidad política: deben tener siempre presente que primero están los intereses nacionales. No hay que prometer reformas calcadas de los estándares internacionales, sino reformas basadas en lo que el país realmente necesita. Igualmente, me consta que existen muchos funcionarios de los tres poderes con excelentes cualificaciones en esta materia que trabajan en este sentido. Lo digo como director de un curso de posgrado de la UBA que ha formado, con el mejor staff de profesores del país, a casi 600 profesionales en esta materia, de todos los estratos políticos y empresariales.