Denuncian al titular de la UIF por “hostigamiento y amenazas” y crece el conflicto interno por el caso Techint

La “guerra interna” desatada dentro de la Unidad de Información (UIF) luego del “error” procesal que permitió el sobreseimiento del CEO de Techint, Paolo Rocca, y otros dos directivos en la causa Cuadernos acaba de sumar un nuevo capítulo. El abogado que representaba a la UIF en ese expediente, Fernando Diez, denunció al titular del organismo, Carlos Cruz, ante la Jefatura de Gabinete. Lo acusa de “hostigamiento” y “amenazas” contra varios miembros del área de Litigios Penales. Diez fue despedido la semana pasada y hay otros dos abogados sumariados por el escándalo, tal como reveló Infobae. “La causa Cuadernos nunca se impulsó en la gestión de Cruz, esa era la orden no escrita que teníamos”, coinciden los protagonistas.

Todo comenzó el 10 de agosto, cuando el juez Ercolini, a cargo interinamente del juzgado que perteneció a Claudio Bonadio, dictó los sobreseimientos de Rocca, de Luis Betnaza, y Héctor Zabaleta. Los dos últimos habían declarado que desde el Ministerio de Planificación Federal les habían pedido dinero para que el gobierno argentino intercediera ante Hugo Chávez por la delicada situación del personal de las empresas que el grupo tenía en Venezuela.

Pese a confirmar que los pagos se hicieron, el fallo planteó que el caso de Techint era diferente al del resto de los empresarios porque el dinero que se entregó tenía que ver con “ayuda humanitaria” para una de sus empresas en Venezuela.

Ercolini actúa en el marco de un pequeño tramo de la causa de los Cuadernos que sigue en instrucción. El grueso del expediente ya está en manos del Tribunal Oral Federal 7 aunque todavía no tiene fecha para comenzar el juicio. En la causa principal, la vicepresidenta Cristina Kirchner y varios de sus ex funcionarios están acusados de haber integrado una asociación ilícita que recaudó dinero entre los empresarios con los que hacían negocios durante la gestión K.

El fallo de Ercolini tenía un plazo para ser apelado. Pero ni la Fiscalía ni la UIF se presentaron. “Teníamos tiempo entre el 10 y el 16 de agosto. Nadie dentro del organismo dio una directiva aunque la noticia del sobreseimiento había salido en todos los medios. Además la encargada del área de Litigios, Marcela Vivona, estaba con licencia por Covid-19”, explicó a Infobae uno de los implicados.

Vencido el plazo para apelar, y ante algunos rumores internos, la conducción de la UIF puso en marcha una jugada polémica desde el punto de vista procesal. “Se subieron a la apelación que hizo la defensa de (Roberto) Baratta. Pero la Cámara Federal rechazó ese recurso porque fue un mamarracho jurídico”, se lamentan dentro de la UIF. El encargado de firmar aquella presentación fue Leandro Ventura, un abogado de confianza de Carlos Cruz.

Con el escándalo consumado, el titular de la UIF decidió iniciar un sumario contra los tres abogados que intervenían como patrocinantes en la causa Cuadernos. En ese contexto, Vivona fue convocada por una secretaria para dar una explicación. En cambio, Fernando Diez se enteró de la investigación interna por rumores internos y no pudo hacer un descargo formal. “Lo notificaron por un sistema de comunicación interno que nadie utiliza”, dijo un allegado.

Recién el 17 de este mes, Diez fue recibido por el jefe de Gabinete de la UIF, Gustavo Rojas. El funcionario cercano a Cruz le aseguró que iba a poder defenderse de las acusaciones. Pero su futuro ya estaba sellado: una semana después, recibió el telegrama de despido en su domicilio. Para ese entonces, Diez ya estaba cursando licencia psiquiátrica por la extrema tensión que estaba viviendo.

“Es absurdo que lo acusen a Fernando de ocultar información cuando la noticia (del sobreseimiento) ya estaba publicada en varios medios. No se puede sostener que la responsabilidad es de los abogados como si la UIF fuera un estudio jurídico. Cruz no puede alegar que la responsabilidad es de los subalternos que son empleados públicos”, alertó un abogado que conoce los detalles del escándalo.

Diez considera que se convirtió en una suerte de chivo expiatorio para intentar licuar el escándalo por el sobreseimiento de los directivos de Techint. De hecho, desde que asumió el actual presidente de la UIF, Carlos Cruz, ese organismo nunca impulsó la causa Cuadernos: solo hizo presentaciones para cambiar a los abogados patrocinantes.

Hay varios ejemplos. En junio de 2020, fue sobreseído el empresario Luis Betnaza y la UIF no apeló. Y en noviembre de ese mismo año, en la causa sobre los subsidios al transporte automotor (acumulada a la investigación principal), hubo un sobreseimiento para varios empresarios. Nuevamente no hubo ninguna presentación de la UIF.

“La orden, nunca escrita, fue que la causa Cuadernos no se iba a impulsar, por eso planteamos varias veces que era mejor desistir de la querella como hizo la OA en otras causas”, dijo una fuente del área de Litigios.

Antes de recibir el telegrama de despido, Diez denunció al presidente de la UIF ante la Jefatura de Gabinete que ahora conduce Juan Manzur. En esa repartición funciona una oficina especial que se encarga de la violencia laboral dentro de la administración pública.

En la denuncia administrativa -identificada como EX-2021-89663398- Diez relata cómo fueron los hechos y ofrece testigos.

“Las constantes acusaciones hacia el personal de la Dirección, las amenazas respecto a despidos, los despidos concretados, el abandono de la dirección y la responsabilización al personal por las consecuencias de esa desidia, las órdenes y contraordenes verbales, el aislamiento de las responsabilidades de los superiores en perjuicio de los subalternos, entre otras situaciones, han sido moneda corriente”, dice la denuncia a la que tuvo acceso Infobae.

Diez también recuerda en esa presentación que ya había sido despedido unos meses antes, aunque en ese caso la orden nunca se concretó. El encargado de comunicarle esa decisión fue el entonces director de Litigios, Claudio Castelli, que se terminó yendo del organismo en medio de otro escándalo.

Dentro de la UIF destacan que el conflicto con los abogados de Litigios Penales no tendría connotaciones políticas. De hecho, Diez ingresó al organismo en enero de 2013, durante la gestión de José Sbatella. Algo similar ocurre con Vivona. Ambos ya recibieron el apoyo de los gremios estatales, como ATE y UPCN, y de Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE).

El conflicto continúa.