Hugo Magonza, director del CEMIC: “En ninguna parte del mundo los medicamentos de alto costo los pagan los privados sino el Estado”

Las empresas de medicina prepaga le pedirán a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que el Estado se haga cargo de financiar el medicamento más caro del mundo, Zolgensma, luego de un fallo judicial en Santiago del Estero que ordenó a la obra social Sancor y a la Superintendencia de Servicios de Salud a pagar ese tratamiento de más de 2 millones de dólares a un paciente de dos años que sufre de Atrofia Muscular Espinal (AME), una extraña enfermedad genética neuromuscular que afecta a unas 500 personas en la Argentina.

Así lo reveló a Infobae el director general del CEMIC, Hugo Magonza, quien consideró “inviable e insostenible” que el costo de ese medicamento surja de la seguridad social o de las prepagas y destacó que “hay un ausente importantísimo que es el Estado porque las enfermedades de alto costo o catastróficas en ningún lugar del mundo las pagan los privados, sino el Estado a través de rentas generales”. Y advirtió: “El Estado tiene que dejar de sacarse de encima el peso de las cosas y pasárselas a los privados”.

“Lo que pasa es que el Estado históricamente mira para el costado. Hace 20 años que viene pasando esto todos los días, te aumentan las coberturas, te sacan 70 leyes de enfermedades especiales y nunca te dicen de dónde se financia”, dijo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami) y vicepresidente de la Asociación de Empresas de Medicina Privada (ADEMP).

Para el sector de las obras sociales y de las prepagas se trata de un tema decisivo porque fallo del Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero, conocido la semana pasada, complica la delicada situación financiera del sector y puede poner al borde de la quiebra al sistema de salud.

Zolgensma se llama el medicamento que tiene un costo de 2,1 millones de dólares más IVA, aprobado en la Argentina por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y que permite un tratamiento con efectos curativos para los enfermos de la AME en grado 1 (en los primeros seis meses de vida) y en grado 2 (hasta el año y medio).

Se calcula que en la Argentina hay unas 500 personas que sufren esta enfermedad genética neuromuscular y que a partir del amparo judicial podrían resolverse favorablemente no menos de 10 casos similares al de Santiago del Estero en todo el país, que representan unos 20 millones de dólares y que comprometerán los fondos de las obras sociales y de las prepagas.

El caso del nuevo tratamiento con Zolgensma se hizo conocido en nuestro país en abril pasado, cuando el influencer Santiago Maratea inició una campaña pública para ayudar a Emmita, una beba de once meses que tiene Atrofia Muscular Espinal y necesitaba el remedio.

-¿Qué está en juego a partir del amparo que obligó a pagar el Zolgensma a un enfermo de AME?

-Por un lado, hay un paciente que sufre. Por otro lado, un sistema que va a volar por el aire. Entonces no podés someter a la persona que está sufriendo a que tome la decisión de qué hace con eso, pero tampoco podés permitir que el sistema financiador quiebre porque hay una cuestión que se llama el costo social de la toma de las decisiones, que es como cuando en este caso se fue contra la obra social, que en realidad es una cobertura médica privada, Sancor Salud, y le hacés pagar el 20% de 2,5 millones de dólares, unos 500.000 dólares, y luego los otros 2 millones de dólares se los estás haciendo pagar a la Superintendencia de Servicios de Salud, que no maneja fondos del Estado sino de los trabajadores para enfrentar las catástrofes o para las enfermedades de alto costo. Así lo que estás haciendo es desfinanciando a los únicos sistemas de salud privados de carácter voluntario o, en el caso de la seguridad social, obligatorio, y el Estado, que es el que tiene que participar centralmente de esto, no lo hace salvo a través de un Poder Judicial que obliga a dar una cobertura.

-¿Ustedes ya han pedido algún tipo de revisión de este tema por parte del Estado?

-A nosotros nos toma de sorpresa porque, en realidad, es una orden judicial y el medicamento no está ni siquiera incluido en el Programa Médico Obligatorio. Está autorizado por la ANMAT, pero no está dentro de la cobertura y de esa forma mal podés ir a reclamar que no te obliguen a cubrir algo que no te dicen que está cubierto en este caso. Pero después viene la vía judicial y lo tenés que pagar lo mismo. En realidad, lo que tendría que haber existido es una Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, que hace un par de años estuvo casi a punto de ser aprobada y después se frustró por un problema político. Porque la ANMAT sólo dice que el medicamento no hace daño, que es de calidad, y que tiene un beneficio respecto de otro tipo de droga para la misma patología, pero el costo-eficiencia, costo-eficacia y el beneficio lo evalúa la otra agencia, que mira por el interés de todos.

-¿Qué significa concretamente mirar el interés de todos?

-Lo primero que habría que resolver es que una autoridad técnica e imparcial, como una Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, defina qué cosas sí y qué cosas no se deberían incorporar a las coberturas médicas. Y que el país esté dispuesto a hacerse cargo, porque finalmente la plata, salga de donde salga, es una decisión para 45 millones de personas. Porque si no tendríamos medicina para unos que tienen capacidad y acceso y para otros no. Si uno dijera “vamos a darles a todos los habitantes de la República Argentina la salud que todos merecen”, podríamos gastarnos el PBI en salud. Ahora, ¿un país puede destinar todo su PBI a la salud y dejar todo lo demás de lado? No. El PBI que gasta Argentina en salud es muy alto en términos regionales. Se calcula que hoy está más cerca del 10%. Es un número muy alto, pero paradójicamente una buena parte del gasto en salud en la Argentina es privado, no es gasto público.

-¿Por qué desde el Estado no se aborda el financiamiento de los medicamentos de alto costo?

-Lo que pasa es que el Estado históricamente mira para el costado. Hace 20 años que viene pasando esto todos los días, te aumentan las coberturas, te sacan 70 leyes de enfermedades especiales y nunca te dicen de dónde se financia, que no debería ser de la cuota, ese es el otro tema. Yo te pongo todo lo que quieras de un lado de la canasta y después te lo hago pagar a vos, entonces va a terminar sucediendo que nadie va a poder ser miembro de una cobertura privada de salud porque si la tenés vas a tener que pagar de tu bolsillo. Todos somos pobres ante el sistema de salud. Hoy tengo 35 pacientes internados en terapia intensiva. Cada paciente de esos en asistencia respiratoria mecánica, que son la gran mayoría, consume aproximadamente 100.000 pesos, como barato porque estos son los precios que yo les cobro a las obras sociales o a las prepagas. Hoy pierdo plata, la obra social tiene que pagar 100.000 pesos. Piense que esos pacientes están entre 20 y 30 días internados como mínimo. Entonces estamos hablando de 30 días. Son 3 millones de pesos. ¿Quién podría pagar 3 millones de pesos hoy? Nadie. Ni siquiera la internación en sala, que cuesta entre 40 y 50.000 pesos por día. El sistema no ha sido malo, pero el beneficiario no puede hacerse cargo de los gastos catastróficos.

-¿No hay salida, entonces?

-Si uno definiera que todo lo que es la baja, mediana y mediana o alta complejidad la cubro con una cuota porque tengo una población, sé la edad, tengo la prevalencia, bueno, hacemos una especie de fondo solidario entre 30.000, 40.000, 100.000, 1 millón de afiliados. Ahora, cuando vos le empezás a meter cosas de gasto extraordinario, no hay sistema que aguante. Además hay una cosa primaria que es que el Estado es el responsable de la salud pública, no las obras sociales ni las empresas de medicina prepaga. Y el Estado en el año 96 ya hizo la primera jugada inconstitucional, que fue trasladarles la responsabilidad de las coberturas médicas a las empresas de medicina privada a través de la ley del Programa Médico Obligatorio, y con esa ley no trasladó la responsabilidad de la cobertura de las empresas, le trasladó la responsabilidad de la cobertura a los que pagan la cuota.

-Usted considera que el primer punto para resolver este problema es crear la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. ¿Cuál sería el siguiente paso?

-Hay que generar un modelo de fondo nacional de recursos a la uruguaya, en donde todos contribuyen y el fondo es el que contrata y paga las prestaciones de alto costo. Entonces compra por todos. Eso genera un efecto muy importante desde el punto de vista de la capacidad de compra. Manejado desde el Estado, pero como un fondo autárquico. Porque el problema de estos fondos es el descontrol. Yo vengo proponiendo la creación del fondo desde hace más de 10 años, pero nadie lo quería porque pensaban: “Cuando pongamos plata en el fondo, se la van a fumar”. Pero si no somos capaces de generar un modelo que funcione, estamos en el horno. Esa sería la solución. Y si no, directamente el Estado haciéndose cargo de rentas generales, con un presupuesto de los medicamentos de alto costo. Y ahí encontraríamos otra situación beneficiosa: como la plata va a salir del presupuesto nacional, lo tienen que aprobar los legisladores, que son los que habitualmente te sacan leyes de cualquier cosa y nunca dicen de dónde salen los fondos.

-Igual, todo comienza en un papel determinante del Estado.

-Acá el Estado tiene que dejar de sacarse de encima el peso de las cosas y pasárselas a los privados. Es un poco lo que venimos repitiendo con casi todas las cosas porque no es solamente con la medicina, lo hizo con la educación, con la seguridad, pero la salud es un tema tan sensible que la gente cree que debería ser gratis. Bueno, gratis no hay nada. Más allá de cuestiones de ideología o formación, los ministros de Salud y superintendentes de Servicios de Salud entienden sobre estos temas. Lo que pasa es que políticamente es indigerible para ellos porque después van al gobierno y cuando plantean arreglarlo les dicen que es inmanejable porque se ponen a la opinión pública en contra. No hay ningún problema que no tenga solución. En el sistema de salud todo es complejísimo, pero, por ejemplo, también que hay un enorme gasto superfluo en el sistema de salud que todavía podría ser eficientizado. La pregunta es quién quiere ponerle el cascabel al gato.

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