La fiscal federal que debe impulsar la causa por lavado contra el senador Gerardo Montenegro es una de las candidatas del kirchnerismo para reemplazar a Eduardo Casal

Desde diciembre del año pasado, la denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) contra el senador santiagueño Gerardo Antenor Montenegro descansa en el despacho de la fiscal Indiana Garzón, una de las candidatas que impulsa el kirchnerismo duro para reemplazar a Eduardo Casal en la Procuración General. Pese a la gravedad de la denuncia, y a la cantidad de pruebas colectadas por la PROCELAC y la Unidad de Información (UIF), Garzón hasta ahora no impulsó la investigación. Tampoco pidió medidas de prueba.

Garzón (57) es fiscal ante los Tribunales Orales de Santiago del Estero y desde hace un tiempo subroga la Fiscalía Federal 2, donde quedó radicada la denuncia por lavado contra Montenegro. Como ocurre en otras provincias, su carrera no se puede explicar sin mirar al poder político. Al actual gobernador Gerardo Zamora lo conoce desde que estudiaban juntos en la Universidad Católica de Santiago del Estero. “Integraban la Franja Morada en esa época”, recordó ante Infobae un abogado local.

El actual embajador en Rusia, Eduardo Zuain, también compartía la militancia junto a la fiscal y al gobernador. El rompecabezas es más amplio: el juez federal Sebastián Argibay, el mismo que debería investigar al senador Montenegro, recorría por esos años los pasillos de la Facultad de Derecho. “Acá los conocemos como ‘la union cívica familiar’”, ironizó un dirigente santiagueño.

Tras un breve paso como abogada, Garzón comenzó su carrera en el Ministerio Público a fines de los años 90. Su primer cargo resonante dentro de la Justicia ocurrió durante la intervención provincial, a cargo de Pablo Lanusse, actual abogado del ex presidente Mauricio Macri. Entre marzo de 2004 y el mismo mes de 2005, Garzón fue vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Su apogeo como fiscal ocurrió durante la gestión de Alejandra Gils Carbó, con quien tenía una estrecha relación. A mediados de 2015, la entonces procuradora viajó a Santiago del Estero para inaugurar la Unidad Fiscal, un edificio que concentra las dos fiscalías de primera instancia y la fiscalía de juicio. “El fiscal se tiene que poner en una actitud pro activa, en proponer y dirigir hacia dónde orientar las investigaciones”, decía por entonces la fiscal Garzón. Y contaba que el “80% de las casas estaban concentradas en el narcotráfico”.

De la mano de Gils Carbó, Garzón aterrizó en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Fuentes de la Procuración revelaron que su tarea era controlar la información sensible que pasaba por esas oficinas. De hecho, iba apenas una o dos veces por semana.

Su paso por la PROCUNAR duró apenas seis meses: cuando renunció Gils Carbó regresó a Santiago del Estero.

Garzón es reconocida por motorizar las causas de lesa humanidad en su provincia. De hecho, tuvo una actuación destacada en el juicio contra el ex represor y jefe de Inteligencia de Carlos Juárez, Musa Azar. Además, participó de la investigación que llevó a la cárcel a Mercedes “Nina” de Juárez, ex gobernadora y esposa del caudillo.

Sin embargo, las causas por narcotráfico no tienen el mismo impulso en Santiago del Estero. Al menos tres denuncias realizadas por la PROCUNAR ante la justicia federal de esa provincia nunca avanzaron, pudo saber este medio en fuentes judiciales. Una de esas causas, que arrancó a partir de la caída de una avioneta con 1200 kilos de droga, apuntaba a los aterrizajes ilegales y mencionaba a un funcionario provincial.

Garzón cuenta con el apoyo explícito del CELS desde hace más de una década. En 2007, mientras se desarrollaba el concurso para ocupar la Fiscalía federal 1, el organismo de derechos humanos reclamó que el desarrollo del concurso se encaminaba a favor de Pedro Simón, quien finalmente se quedó con el puesto.

“Creemos que la candidata Cecilia Indiana Garzón es la que por sus antecedentes técnicos y su trayectoria mejor podría llevar a cabo la función de fiscal federal. Ya lo demostró cuando solicitó la detención de Musa Azar y Carlos Juárez en la causa promovida por el Poder Ejecutivo nacional por la desaparición de 28 santiagueños. Desde el punto de vista técnico vemos en la candidata una preocupación por controlar los excesos policiales y respetar las garantías de los imputados. Asimismo, de la evaluación técnica queda claro que domina las funciones propias del Ministerio Público. A esto se le suma que su actuación en el Superior Tribunal de justicia, convocada por el Interventor Federal, demostró independencia de criterio. Creemos que de los tres candidatos, es la que mejor se desempeñará en el cargo”, dijo en ese momento el CELS.

Dos años después, el organismo que supo comandar Horacio Verbitsky hasta el escándalo del vacunatorio VIP, volvió a impugnar a Simón ante la Comisión de Acuerdos del Senado. “Se estaría designando en un cargo institucional de alta relevancia para la Justicia federal y para la provincia de Santiago del Estero a quien ha sostenido posiciones político-criminales violatorias de los estándares internacionales de derechos humanos”, decía la nota firmada por el CELS y el Colectivo para la Diversidad (COPADI).

Garzón fue marginada para la Fiscalía Federal 1 de Santiago del Estero pero terminó concursando para la Fiscalía de juicio. En 2013, la entonces presidenta Cristina Kirchner finalmente la nombró en ese cargo.

En la actualidad, Garzón es una de las principales impulsoras de la reforma de la Ley del Ministerio Público. Ese proyecto determina que el próximo procurador interino saldrá de una lista de fiscales generales. Originalmente se había puesto como condición que los aspirantes tengan 10 años de antigüedad. Pero la semana pasada el kirchnerismo lo bajó a 5 años tras un plenario de Diputados. Garzón es una de las beneficiadas: tiene 8 años como fiscal general.

Dentro del Ministerio Público, la fiscal cuenta con el apoyo de varias colegas ligadas al kirchnerismo. Algunas de ellas estuvieron presentes en una de las primeras reuniones que tuvo el actual ministro de Justicia, Martín Soria. Garzón tuvo quedar explicaciones por concurrir a ese encuentro institucional sin haber avisado.

La denuncia contra Gerardo Montenegro

Según una investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), revelada por Infobae, el senador nacional Gerardo Montenegro está detrás de una red de cooperativas que cobraron más de $90 millones en subsidios del gobierno provincial. Con ese dinero no se hicieron obras. Tampoco se dio trabajo. En realidad, las cooperativas se usaron como un mecanismo de recaudación.

Una de esas cooperativas, llamada “Consumo y Crédito Solidaridad Limitada” está íntimamente vinculada a la mujer de Montenegro, María Teresita Sciolla, y a uno de sus hijastros, Javier Sciolla (44), quien figura en los registros públicos como secretario. En 2017, cobró subsidios de la Contaduría General de Santiago del Estero por $4.320.000. Y en 2018 sumó otros $7.745.00. Según la investigación de la UIF, nunca cobró nunca presentó documentación para justificar esos movimientos ante el INAES, el organismo regulador.

Otra cooperativa investigada por la UIF se llama “Trabajo, Construcción y Servicio Libertad Limitada”. En apenas tres meses, entre noviembre de 2018 y enero de 2019, recibió $2.940.000 repartidos seis cheques del gobierno de Santiago del Estero.

En diciembre de 2020, la PROCELAC hizo una denuncia por lavado de dinero que aterrizó en el juzgado federal de Sebastián Argibay.

En esa presentación judicial, aparecen otras cinco cooperativas: “De Trabajo Unidad Barrial”, “De Trabajo El Porvenir”, “De Trabajo por Cunan Nuna”, “De Trabajo Textil Forjando Nuestro Futuro” y hasta una que se llama “Cambalache”. Ese grupo de cooperativas recibió $71.751.473. El 95% se habría retirado en efectivo.

Desde que Infobae reveló el escándalo, Montenegro solo hizo un posteo en Facebook para decir que no había sido notificado de la denuncia. En Santiago del Estero aseguran que tiene blindaje político y mediático por su vínculo estrecho con el empresario Gustavo Ick, dueño de medios y de varias empresas.

Montenegro ocupa una banca en el Senado de la Nación desde 2013. En las últimas elecciones fue reelecto por otros seis años impulsado por el gobernador Zamora. En su provincia, Montenegro es más conocido por su rol de dirigente gremial: desde 1998 maneja la delegación local de UPCN, uno de los gremios estatales con mayor cantidad de afiliados. Además tiene una pata en el deporte: preside el club de básquet Quimsa, que acaba de llegar a la final de la Liga Nacional, y está a cargo de la Asociación de Clubes de Básquet (ADC).

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