La suerte de María Teresita Sciolla (55) dio un vuelco en 2013, cuando su marido fue electo senador nacional por el Frente Popular de Santiago del Estero, una suerte de colectora del Frente Cívico. Al poco tiempo comenzó a trabajar como empleada del Senado, cargo que mantiene hasta la actualidad. En 2019, Gerardo Montenegro obtuvo la reelección por otros seis años, pero las alertas comenzaron a sonar. Pocos meses después, la Unidad de Información Financiera (UIF) elevó un informe sobre el patrimonio del senador y su esposa. Tal como reveló Infobae, ese expediente terminó con una denuncia judicial por lavado de dinero.
El futuro de la investigación está en manos del juez federal Sebastián Argibay, a cargo del juzgado federal 2 de Santiago del Estero. Aunque fue nombrado durante la presidencia de Mauricio Macri, el magistrado tuvo el visto bueno del gobernador Gerardo Zamora. De hecho, antes de asumir integraba el Superior Tribunal de Justicia provincial y su pliego fue impugnado por Elisa Carrió.
La fiscal del caso es Cecilia Indiana Garzón, una de las “candidatas” del kirchnerismo para reemplazar a Eduardo Casal en la Procuración General. Según pudo saber este medio, la ex procuradora Alejandra Gils Carbó la tuvo entre sus preferidas y hasta la ubicó en la PROCUNAR, para controlar la información sensible que pasaba por esas oficinas.
Pese a las primeras resistencias de la justicia santiagueña, la investigación de la UIF y luego de la PROCELAC está cargada de datos sensibles. La denuncia apunta a una red de cooperativas que se utilizaron para cobrar al menos 72 millones en subsidios otorgados por el gobierno de Santiago del Estero. El 95% del dinero se retiró de los bancos en efectivo, lo que impidió seguir su trazabilidad.
En todas las cooperativas investigadas aparecen familiares y empleados de Montenegro en el Senado y hasta en el gremio UPCN. También hay empleados estatales.
Además, los investigadores detectaron que la mujer de Montenegro visitó 74 veces los casinos de Buenos Aires y registró “ganancias” por $8 millones. Todo en un período de seis años. Ahora se investiga si en realidad se trató de una maniobra para lavar dinero y ocultar el verdadero origen de los fondos. Sin embargo, un diputado local le confirmó a este medio que la pareja también frecuentaba los casinos de Santiago del Estero y hasta de Tucumán.
La denuncia que aterrizó en la justicia federal también tiene datos sobre los movimientos migratorios de María Teresita Sciolla. Entre 2017 y 2018, la mujer de Montenegro viajó siete veces Estados Unidos, cinco a Panamá (una plaza muy utilizada para maniobras de lavado de dinero), y estuvo una vez en las playas de República Dominicana. “El promedio de los viajes es de apenas cinco días”, alertaron los investigadores. Para ese entonces, llamativamente, la mujer figuraba como monotributista, en la categoría ‘G”.
Además de ser empleada del Senado desde 2014, Sciolla es socia-gerenta de una sociedad de responsabilidad limitada denominada “JMSC”, donde también figura su hijo, Javier.
Esa SRL compró autos de lujo. Según el informe al que tuvo acceso Infobae, en 2017 adquirió una camioneta Jeep Renegade Sport 1.8 (dominio AB 925 XQ). El único autorizado para manejarla era Javier Sciolla. Dos años después, la sociedad compró un BMW 503 221i Cabrio (dominio AD 619 MK). Los autorizados exclusivos a manejar ese auto de lujo eran el senador y su hijo, Facundo Gerardo Montenegro.
También se compraron propiedades. En 2018, la mujer de Montenegro hizo depósitos millonarios en dos bancos porteños. Tiempo después, desde una de esas cuentas se transfirieron U$S 104.000 a favor de SUMETAR SA. Los investigadores creen que estaba destinada a la compra de una propiedad en las playas de Punta del Este. Al año siguiente, hubo otra trasferencia, en dólares, a favor de una inmobiliaria del estado de Florida, en Estados Unidos. Se sospecha que era un adelanto para otra compra.
Ninguno de esos bienes aparecen en la última declaración jurada del senador del Frente de Todos. En 2019, Montenegro declaró seis propiedades, todas en su provincia. Las tres primeras las compró el 1 de enero de 2014 y las últimas tres el 4 de enero de 2019. En total, su patrimonio declarado en ese momento fue de apenas $13.886.333.
Tras la revelación de este medio, Montenegro hizo un breve posteo en su cuenta de Facebook en el que sostuvo que “nunca” fue notificado sobre la causa judicial. “Quiero manifestar que siempre actué con honradez y rectitud cumpliendo en todo momento mis obligaciones como funcionario público, como dirigente gremial y como ciudadano”, se limitó a expresar.
El jueves, Montenegro participó de la sesión pero no abrió lo boca.
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