La esposa del senador Gerardo Antenor Montenegro, investigado por lavado de dinero en un entramado que involucra subsidios y cooperativas, es una mujer con suerte o, al menos, eso le quiere hacer creer a la Justicia. Según registros que constan en la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), María Teresita Sciolla (55) visitó el Casino de Buenos Aires 74 veces en los últimos seis años y registró “ganancias” millonarias. Ahora se investiga si en realidad se trató de una maniobra para lavar dinero y ocultar el verdadero origen de los fondos.
Tal como reveló ayer Infobae, al senador por Santiago del Estero se lo investiga por estar detrás de una serie de cooperativas que cobraron subsidios del Estado provincial por al menos $72 millones. El 95% de esos fondos fueron retirados de los bancos en efectivo de manera irregular, sin dejar registro del destino final.
Una de esas cooperativas, llamada “Solidaridad”, está vinculada a la mujer de Montenegro y a su hijo, Javier Sciolla. Curiosamente, la cooperativo le otorgó un préstamo a una sociedad de responsabilidad limitada denominada “JMSC”, propiedad de la mujer y del hijo de Montenegro.
Esa SRL realizó compras llamativas. Según un informe que circuló por la UIF, en 2017 adquirió una camioneta Jeep Renegade Sport 1.8 (dominio AB 925 XQ). El único autorizado para manejarla era Javier Sciolla, hijastro de Montenegro. Dos años después, la sociedad compró un BMW 503 221i Cabrio (dominio AD 619 MK). Los únicos autorizados a manejar ese auto de lujo eran el senador y su hijo, Facundo Gerardo Montenegro.
Ninguno de esos bienes aparecen en la última declaración jurada del senador del Frente de Todos, que renovó su banca en 2019. Montenegro declaró seis propiedades, todas en su provincia. Las tres primeras las compró el 1 de enero de 2014 y las últimas tres el 4 de enero de 2019. En total, su patrimonio declarado en ese momento fue de apenas $13.886.333.
El senador santiagueño fue denunciado por la PROCELAC en diciembre pasado. Ese expediente judicial ahora tramita en la justicia federal de Santiago del Estero y está a cargo de la fiscal Cecilia Indiana Garzón, una de las candidatas del kirchnerismo para reemplazar al procurador Eduardo Casal.
Tras la revelación de este medio, Montenegro, que también preside el club Quimsa y la filial local de UPCN, hizo un posteo en su cuenta de Facebook en el sostuvo que “nunca” fue notificado sobre la causa judicial. “Quiero manifestar que siempre actué con honradez y rectitud cumpliendo en todo momento mis obligaciones como funcionario público, como dirigente gremial y como ciudadano”, dijo.
Según pudo saber Infobae, la denuncia judicial contiene datos precisos sobre las visitas de María Teresita Sciolla al casino: entre 2014 y 2020 fue 74 veces y “ganó” premios por $8 millones. El dato surge de los comprobantes que la mujer presentó ante el Fisco para justificar su aumento patrimonial.
Un especialista que suele visitar los juzgados del fuero Penal Económico aseguró a este medio que maniobra es más habitual de lo que se cree: “Por lo general se presenta un persona con cierta cantidad de dinero que se quiere lavar y lo cambia en la caja por un ticket para usar en las máquinas tragamonedas. Luego de jugar algunos minutos, cambia el ticket por dinero nuevamente y pide un comprobante para luego justificar ante la AFIP que esa plata es fruto de la buena suerte en el azar”.
Lo que se sospecha concretamente es que esos $8 millones que fueron justificados ante el Fisco con 74 comprobantes de “ganancias” en el casino habrían salido de las extracciones en efectivo de las cooperativas o de los préstamos a la SRL “MJSC”, propiedad de la mujer y del hijastro de Montenegro.
“La posible explicación de la suerte o de una adicción al juego es difícil de sostener porque, en este caso puntual, para ganar esos $8 millones en el casino, por una cuestión de probabilidad y estadística, tuviste que haber jugado alrededor de 100 millones lo cual es aún más complicado de justificar”, explica otro especialista en la materia.
La esposa de Montenegro es empleada del Senado de la Nación desde 2014. Figura en los registros oficiales como empleada categoría A-8 con un sueldo estimado de $66 mil por mes. Sin embargo, no trabaja para su marido sino que está asignada en una de las comisiones de la cámara alta. Sin embargo, Montenegro, que responde políticamente al gobernador Gerardo Zamora, cuenta con un staff de 47 empleados, entre planta permanente y transitoria, muy por encima del promedio de sus colegas.
El rubro de los casinos es observado con lupa en todas las causas de lavado de dinero porque es un mecanismo habitual para ingresar dinero negro al sistema. Hay varios ejemplos recientes dando vueltas por distintos juzgados. En el caso del dirigente de Luz y Fuerza de Córdoba, Jorge Molina Herrera, la PROCELAC lo acusó de haber intentado blanquear más de $13,5 millones en varios casinos. En ese caso, la maniobra consistía en comprar fichas pero luego no pasaba por la caja o las fichas directamente eran canjeadas por terceros. Aunque había comprado fichas por $13,5 millones, la UIF sólo registraba un cobro de Molina Herrera en casinos de Córdoba por poco más de $29 mil y otro en Rosario por $2,1 millones.
Cuando estalló el caso en 2019, el abogado del sindicalista lo defendió diciendo que era un adicto al juego: “Si una persona juega desde los 18 años y usted entiende que desde hace 18 años, cuando ni siquiera era delegado, viene lavando dinero… la verdad es que hay que ser un poco más serios en la profundidad de la investigación”.
Otro dirigente gremial que intentó justificar su patrimonio con la “fortuna” en el juego fue Carlos Quintana, casualmente también de UPCN, el mismo gremio de Montenegro. En 2011, fue demorado en un control cuando regresaba de Uruguay con más dinero del permitido. A modo de excusa, aseguró que había ganado el loto en 1996. “Me gané cerca de 3 millones de dólares. Tengo derecho al esparcimiento”, fue su defensa mediática y judicial.
En el caso del llamado al “clan Barakat”, apuntado como financista del grupo terrorista Hezbollah, la Justicia federal de Misiones detectó que sus miembros habrían cobrado en un casino de Iguazú supuestos premios por más de U$S 10 millones y que no habían declarado el ingreso ni el egreso de esos fondos al cruzar la frontera.
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