La Justicia avanza en la investigación sobre 950 cuentas de argentinos radicadas en paraísos fiscales que nunca fueron declaradas y que implicarían una evasión de USD 2.600 millones. La hipótesis apunta a saber si las ex autoridades de la AFIP del Gobierno de Mauricio Macri protegieron a estos evasores al haber recibido información de la OCDE en 2017 en el marco del blanqueo y no haberla reportado.
Pero ahora la Unidad de Información Financiera (UIF) reclamó ser querellante en el expediente: pidió ampliar la gama de delitos bajo sospecha por entender que pudo haber habido lavado de dinero. Según revelaron a Infobae fuentes judiciales, la jueza federal María Capuchetti rechazó este viernes la pretensión por entender que no está corroborada la hipótesis de lavado de dinero y señalar que, de configurarse, esa figura debería ser analizada en el fuero penal económico.
Notificados de la decisión, el organismo que encabeza Carlos Cruz apelará la decisión para que la Cámara Federal les permita tener acceso al expediente bajo la hipótesis de lavado, señalaron las fuentes consultadas por este medio.
En abril pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dejó trascender que encontró 950 cuentas de argentinos radicadas en paraísos fiscales en el exterior que nunca fueron declaradas. Así lo adelantó una investigación del periodista Alejandro Bercovich. Tal como publico entonces Infobae, de los 950 beneficiarios finales, 700 no admitieron poseer activo alguno en el extranjero. Es decir, no presentaron liquidación de Bienes Personales como si no llegaran al mínimo para su pago.
El fiscal Federido Delgado hizo una investigación preliminar, en donde recolectó información y escuchó al economista, tributarista y ex coordinador del equipo especialista en fuga de capitales del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo Argentino (Cefid-AR) Jorge Gaggero. Fue así que efectuó una denuncia para que se investigue a la línea jerárquica de la AFIP al momento de recibir la información de la OCDE que contenía estas cuentas. En ese sentido, se planteó que durante las gestiones de Alberto Abad y Leonardo Cuccioli la línea ejecutiva de la AFIP decidió no abrir los “paquetes” de información que tenían estas cuentas no declaradas.
En ese escrito, se habló de ocultamiento, “incumplimiento de los deberes de funcionario público y el correspondiente perjuicio a la administración pública derivado del accionar doloso de dichos funcionarios, posibles complicidades de funcionarios públicos con sujetos obligados y eventualmente con hechos que podrían alterar el blanqueo de capitales previsto en la ley 27260”. La fiscalía también aludió a un posible "fraude contra la administración pública.
La denuncia de Delgado fue sorteada y el caso recayó en manos de la jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Stornelli. Por el momento, la causa se encuentra recolectando información y reconstruyendo cómo era el cruce de la información que llegó a la AFIP sobre esos contribuyentes, dentro de las distintas reparticiones que tenía el organismo. Fuentes del caso revelaron a Infobae que el ex director de la DGI Marcelo Costa ya se presentó en el expediente para tener acceso a la investigación.
En ese marco, se presentó ahora la UIF para convertirse en querellante. Pidió ampliar el objeto procesal al entender que en esta maniobra pudo haber lavado de activos. En esa hipótesis entendieron que si hubo “activos en el exterior en cuentas que no fueron declaradas antes la autoridad fiscal nacional”, debe investigarse la legitimación de bienes de origen ilícito pero también “el lavado de activos provenientes de la evidente evasión fiscal que se ha producido al impedir al organismo fiscal cumplir con su misión recaudadora”. Tras la negativa de Capuchetti, ahora la UIF insistirá ante la Cámara Federal.
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