En plena pandemia, con la Justicia prácticamente paralizada, el fiscal Sergio Rodriíuez sigue acumulando pruebas para definir si finalmente realiza una denuncia penal por la millonaria compra de alimentos con sobreprecios que generó la renuncia de al menos 16 funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. En las últimas horas, el fiscal les tomó declaración a otros tres productores de las marcas mencionadas en la polémica compra. Aunque no trascendieron detalles, los tres confirmaron diferencias de “al menos 60 por ciento” entre los valores de sus productos y los precios ofrecidos por los proveedores del Estado.
Rodríguez, titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, les tomó declaración testimonial a dos productores de aceite y a otro de azúcar que produce la marca “La Muñeca”. “Ratificaron que hay diferencias de al menos 60 por ciento en los valores”, se limitó a decir una fuente de la investigación.
El primer productor que declaró ante el fiscal fue Martín Tanoni, gerente comercial de Tanoni Hermanos, una empresa familiar que tiene más de 50 años y produce tres marcas de aceite, entre otros productos. Tanoni prestó testimonio como testigo luego de una entrevista con Infobae donde reveló que la botella de 1,5 litros de aceite mezcla de la marca “Indigo” tiene un costo de casi 96 pesos, incluyendo los impuestos.
La empresa Copacabana SA le iba a vender al Estado un total de 340 mil unidades de ese mismo aceite a $158,67. Un 64% de ganancia solo por actuar como intermediario y asumir los costos de venderle al Estado.
Ante el fiscal, Tanoni sostuvo que el precio incluye los impuestos y el transporte, lo que derrumba uno de los argumentos utilizados por los proveedores del Estado.
El fiscal avanza con una investigación preliminar a partir de una denuncia de la abogada Silvina Martínez. Además de reunir testimonios, en la Fiscalía que conduce Rodríguez están abocados a examinar el proceso administrativo, desde la convocatoria por mail a una docena de empresas hasta la adjudicación a seis de ellas por más de 500 millones de pesos.
La investigación podría terminar en una denuncia penal ante el fuero federal o en el archivo. Si hace la denuncia, el fiscal deberá definir si se concentra en los funcionarios de Desarrollo Social o si alcanza a los proveedores del Estado.
Los pliegos de la compra arrojaron detalles muy sospechosos. En el caso del aceite, de las diez empresas convocadas solo se presentaron tres. Las otras siete también están bajo la lupa de la Justicia porque hay vínculos entre sí, tal como adelantó Infobae.
La situación se repite en los otros rubros de alimentos. Todas las empresas que se presentaron fueron adjudicadas. Solo hubo desestimaciones parciales de productos o marcas ofrecidas, una situación que también genera sospechas.
Los proveedores del Estado justifican las diferencias de precio por las demoras en el pago. Sin embargo, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el pliego de los alimentos preveía un plazo de pago de apenas “15 días corridos desde la entrega de la mercadería”. “Si se iba a respetar ese plazo no lo sabemos, pero figura en el pliego”, confirmó una fuente que conoce los detalles del expediente administrativo.
El escándalo de los sobreprecios provocó la renuncia de 16 funcionarios de Desarrollo Social. El principal apuntado, hasta ahora, es Gonzalo Calvo, que estaba a cargo de la Secretaría de Asistencia Crítica. Arroyo decidió poner en ese lugar a Erika Roffler, una funcionaria de su confianza que venía trabajando como jefa de su gabinete. Su segundo será Gustavo Aguilera, cercano al intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta.
En los últimos días también fue desplazado el hasta ahora director de Compras y Contrataciones, el contador Mariano Rueda, por lo que la lista inicial de 15 se amplió a 16.
Al mismo tiempo, el Gobierno decidió descentralizar la compra de alimentos para que puedan acceder los productores en forma directa y anunció que las nuevas compras no podrán superar los precios máximos mayoristas. La decisión política es limitar al máximo la participación de los proveedores, algunos de los cuales vienen haciendo negocios con todos los gobiernos en las últimas dos décadas.
“Los productores se tienen que anotar en COMPR.AR como proveedores el Estado”, dijo Arroyo en una entrevista con C5N. El ministro también mantuvo conversaciones con el titular de la Copal (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), Daniel Funes de Rioja, para que el mensaje llegue al resto de los productores. Sin embargo, puertas adentro, Arroyo advierte que no puede obligar a los productores, muchos de los cuales no pueden contratar con el Estado porque tienen deudas fiscales pendientes.
En esa misma línea, hace una semana el presidente Alberto Fernández recibió en la quinta de Olivos a Luis Pérez Companc, titular de la empresa Molinos Río de la Plata y uno de los empresarios más importantes de la cadena alimenticia. La foto oficial de ese encuentro fue presentada como un antes y después en las compras de alimentos.
Arroyo quiere dejar atrás el escándalo lo antes posible. Por eso, el anuncio de una nueva licitación es inminente.
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