Las empresas que vendieron alimentos más caros acumulan un largo historial de licitaciones con gobiernos de distintos signo político

Las empresas que participaron de la polémica compra (ahora suspendida) del Gobierno para abastecer a los sectores más necesitados en el marco de la epidemia de coronavirus, ganaron decenas de licitaciones en los últimos años, con gobiernos de todos los signos políticos. “Algunos fueron proveedores en la Provincia en la gestión anterior”, dijo anoche el presidente Alberto Fernández sin nombrar a la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Pero los registros oficiales muestran que las empresas apuntadas hicieron suculentos negocios con gobiernos municipales, provinciales y distintos ministerios del gobierno nacional.

La empresa Teylem, que había ganado ventas por $80 millones en la cuestionada operación, es presidida por el empresario Víctor Luis Lusardi y forma parte de un conglomerado de empresas del llamado "Grupo L”, contratado en varias jurisdicciones.

Esa firma -según reveló el periodista Matías Longoni- registra una dirección en el piso 4 de un edificio ubicado en San Martín 66, a media cuadra de Plaza de Mayo y de la ex sede del Gobierno de la Ciudad. En la oficina contigua, en el mismo piso, tiene su sede otra de las empresas elegidas por el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo. Forain SA, que había vendido alimentos por 86 millones, ocupa la oficina 409. Y hasta comparten el mismo número de teléfono.

En los últimos años, Teylem ganó por cuenta propia o conformado UTE con otras firmas, varias licitaciones a nivel nacional con el Estado Mayor General de la Armada, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

En 2017 ganó una licitación por $64 millones otorgada por la ex ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley para vender arroz, carne, mermeladas y lentejas, entre otros productos. Pero no era una empresa “bienvenida” en esa cartera. “Les escapábamos a Lusardi, él tenía sus negocios en Provincia y en Capital”, admite un ex funcionario que pasó por ese ministerio. Esa misma fuente arriesgó que el escándalo de los alimentos responde a una interna feroz dentro del ministerio que conduce Arroz entre las “orgas”, como se conoce en la jerga a las organizaciones sociales, y otros funcionarios que responden a un grupo de intendentes del Conurbano.

Teylem también acumula millonarios contratos con la Ciudad de Buenos Aires. En febrero de 2018, fue contratada por el Ministerio de Modernización para la “Explotación de servicio de gastronomía en ciertos espacios del Teatro Colón”. Entre 2014 y 2015 fue elegida junto a otras empresas del “Grupo L” para la elaboración y distribución de comida en los hospitales Santa Lucía y María Ferre.

En 2012, durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno, ganó una licitación para la distribución de kits de limpieza para edificios educativos y del Ministerio de Educación. Pero las contrataciones se remontan a la época de Aníbal Ibarra y de Jorge Telerman, confirmó un funcionario que pasó por todas las gestiones.

Actualmente, la empresa mantiene al menos un contrato con la Ciudad para la entrega de viandas en cuatro paradores donde duermen personas en situación de calle. Los paradores son “Centro de Inclusión Social Costanera", “La Boca”, “Retiro” y “Beppo Ghezzi” (solo para hombres), detalló a Infobae una fuente oficial.

Teylem también está trabajando con los paradores que se abrieron por el operativo del coronavirus en los polideportivos Chacabuco, Avellaneda, Sarmiento, Roca.

El caso de Forain SA es mucho más llamativo porque casi no registra antecedentes de venta de alimentos. En el sitio de COMPR.AR, donde figuran las licitaciones de los organismos nacionales, aparecen dos contrataciones directas con el Hospital Posadas para la “remodelación de baños de internación de adultos y pediatría” y “el relevamiento, auditoría, capacitación, y fortalecimiento del departamento de alimentación”. Y una licitación reciente del Ministerio de Desarrollo Social para la compra de colchones de una plaza. Nada que ver con aceite, arroz o fideos.

"Un funcionario (del Ministerio de Desarrollo) mandó el mail a tres proveedores sabiendo que detrás estaba la misma persona, el Grupo L, que ya había sido denunciado anteriormente por sobreprecio”, dijo la abogada Silvina Martínez, que presentó una denuncia penal ante la Procuración General de Investigaciones Administrativas (PIA) por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude al Estado.

La empresa de Lusardi, con decenas de empleados registrados, también hizo millonarios negocios durante la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y con varios intendentes del Conurbano.

Una de esas contrataciones terminó en la Justicia. El diputado nacional Rodolfo Thailade denunció que hubo un negociado en la compra de cajas navideñas para repartir entre sectores más humildes. “La presentación fue desestimada por falta de sustento porque no había contratación directa como se decía y los precios eran adecuados”, dijo un ex funcionario provincial.

En algunos rubros, como la venta de viandas en la cárceles bonaerenses, los contratos de Lusardi se remontan al gobierno de Daniel Scioli. “Cuando llegamos ya estaban”, admitió un funcionario de Vidal.

La contratación por las cajas navideñas también beneficiaba a otras de las empresas involucradas en el escándalo del coronavirus: Copacabana SA. Esa firma, que iba a cobrar $188 millones por la venta de alimentos, pertenece a varios integrantes de la familia Assisa.

Hasta 2016, según los edictos publicados en el Boletín Oficial, la presidía Osvaldo Jorge Assisa, actual secretario de la Unión de Empresas Proveedoras del Estado. Cuando se fue dejó a Eduardo Marcelo Assisa como presidente y a Tomás Assisa como director suplente. Otros miembros de la familia.

Un dato muy llamativo. Según registros comerciales consultados por Infobae, Copacabana tiene apenas tres empleados verificados.

De las seis empresas elegidas por el Ministerio de Desarrollo Social, cinco son intermediarias, no producen alimentos. “Son los vivos de siempre que saben los tiempos del Estado y tienen espalda para grandes compras”, apuntó un ex funcionario que tuvo poder de decisión en esa cartera. La única empresa que produce alimentos es MH Accurso SRL, con domicilio en Rosario.

“Los productores de alimentos no le quieren vender al Estado porque no tienen la capacidad administrativa y jurídica y además no les conviene, no todas las empresas pueden aguantar los tiempos (de pago) de la administración pública”, apuntó otro ex funcionario que supo tratar con todas esas empresas desde la Provincia.

Víctor Fera, dueño de Maxiconsumo y fabricante de productos Marolio, habló de una “mafia” que “viene de hace años". “No permiten licitar a las empresas serias”, puntualizó. Y aseguró que su marca fue “limitada” en esa licitación a pesar de que vende el paquete de fideos a 28 pesos, 14 pesos más barato de lo que pagó el Estado.

Otras dos empresas que ganaron la licitación cuestionada tienen vínculos estrechos. Sol Ganadera SRL, una de los proveedores históricos en la provincia de Buenos Aires, tiene su sede en la misma dirección que Alimentos Generales SA: Avenida Corrientes 1327 piso 4. En las dos empresas aparece Federico José Toscano: cumple la función de apoderado en Alimentos Generales y en Sol Ganadera asumió como gerente en 2018, en reemplazo de Federico Andrés Toscano.

En Alimentos Generales, un empresa creada en 2004 en la ciudad de La Plata, aparecen actualmente como autoridades Jorge Alberto Baudino y Roberto Ricardo Toscano (59). El sitio COMPR.AR, donde figuran las licitaciones de los organismos nacionales, detalle más de treinta procesos administrativos donde aparece esa firma. Siempre contratada por el Ministerio de Desarrollo Social.

El apellido Toscano se repite en Sol Ganadera: Federico José Toscano (58) y Suyay Anahi Toscano (32) son los gerentes actuales, según os datos publicados en el Boletín Oficial y en el sitio COMPRAR.

Esa firma le vendió al Estado cada botella de aceite de la marca Índigo en $157,80, cuando la pagina de Precios Máximos dice que esa misma botella debería venderse a $98.

Pese al escándalo, Arroyo fue respaldado por Alberto Fernández. “Confío en Daniel y él va abrir una investigación interna. Me preocupó lo que me dijo del tema de los precios y eso habla de una cartelización y no podemos permitir el abuso de precios”, dijo. Y agregó: “Si hay un tema de corrupción yo mismo lo voy a perseguir”.

La compra de alimentos por encima de los precios máximos, justo cuando el Gobierno pretendía avanzar en el control de los precios de los alimentos a través de los intendentes, fue frenada a tiempo por el Presidente.

Los platos rotos los pagó Gonzalo Calvo, hasta ahora a cargo de la Secretaría de Asistencia Crítica del Ministerio. No es el único responsable.

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