Argentina perdió la presidencia de la red internacional de las Unidades Antilavado de todo el mundo

Fue a partir de que Alberto Fernández reemplazara al frente de la UIF a Mariano Federici por el abogado Carlos Cruz

Carlos Cruz (en el centro) en la audiencia pública del 22 de enero, previa a su nombramiento por parte de Alberto Fernández

Tras la elección por parte del presidente Alberto Fernández de un nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), el abogado Carlos Cruz, Argentina perdió la presidencia del Grupo Egmont que estaba en manos de su antecesor, Mariano Federici, quien había sido elegido en julio de 2019 por dos años.

El Grupo Egmont es la organización, con sede en Canadá, que nuclea a las UIF del mundo -164 en total-, y fija los principios para el intercambio de inteligencia financiera entre las agencias de los distintos países. También es la que provee la plataforma para que ese intercambio de información sobre sospechas de lavado de activos de la corrupción, el narcotrafico, el crimen organizado, así como vinculadas al financiamiento del terrorismo, se haga en forma confidencial a través de una red de alta seguridad.

La organización lo oficializó en un comunicado emitido el martes al finalizar las reuniones de los grupos de trabajo y del Comité Egmont 2020 que tuvieron lugar del 27 al 31 de enero en las paradisíacas Islas Mauricio, en el Océano Índico, de la que participaron los titulares de las UIF de los países miembro. Pero Argentina no estuvo presente debido a que el encuentro coincidió con el cese del mandato de Federici -el 26 de enero último- y la asunción de Cruz, en su reemplazo, el lunes 27.

El comunicado del Grupo Egmont

Bajo el subtítulo de “Actualización sobre Federici”, el Grupo Egmont informó: “A partir del 26 de enero de 2020 el mandato del Sr. Mariano Federici como presidente del Grupo Egmont finalizó debido a que no fue renovado como titular de la UIF Argentina por el nuevo Gobierno argentino que entró en funciones el 10 de Diciembre de 2019”. La Carta Orgánica del Grupo Egmont establece que para presidir el organismo se debe ser titular de una UIF.

En el comunicado, la organización “agradece a Federici por el liderazgo, la dedicación y los logros durante su rol como representante regional para las Américas, vicepresidente del Comité del Grupo Egmont, y finalmente, presidente del Grupo Egmont.”

Su designación por dos años había tenido lugar el 4 de julio del año pasada en La Haya - en los Países Bajos- en la anterior plenaria del Grupo Egmont y ante la presencia de la Reina Máxima. Fue la primera vez que un argentino lideraba el organismo, tras un proceso de selección que se extendió por seis meses, al cabo del cual, un Comité de Selección propuso su nombre, que fue apoyado por todos los titulares de las demás Unidades Antilavado del mundo.

En diálogo con Infobae, el nuevo titular de la UIF argentina confirmó que “como el cargo en el Grupo Egmont es personal, al caducar el mandato en la UIF de la persona física, cesa su cargo en el Grupo, tal como esta previsto”. Cruz agregó: “El primer día que asumí, envié una nota al Grupo Egmont explicando que el mandato de Federici había caducado, y que como yo acababa de asumir, no llegaba a tiempo a viajar. Ratifiqué nuestro compromiso de cumplir y aportar a los objetivos del organismo, así como con los pactos y tratados asumidos por la Argentina en materia de lavado de dinero para contribuir a la efectividad de las políticas del GAFI”. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es el máximo organismo internacional en materia de regulación en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

La carta de Carlos Cruz al Grupo Egmont apenas asumió.

El propio Federici, ante la consulta de este medio, lo confirmó. “Lo dije en el momento que acepté el cargo el año pasado, que votaron de forma unánime todos los jefes de UIF. Es una designación personal, pero también es un reconocimiento para Argentina por todo lo que se estaba haciendo en materia del prevención del lavado y financiamiento del terrorismo, un reconocimiento a la línea de trabajo adoptada y a la dirección que había tomado el organismo, después de muchos años de aislamiento en la gestión anterior en estos temas”.

El ex titular de la UIF se refirió así a su antecesor en el organismo durante los gobiernos de Nestor y Cristina Kirchner, José Sbatella, quien fue procesado y enviado a juicio oral por los delitos de “abuso de autoridad” y “violación de secretos”. En esa causa, se le atribuyó a Sbatella haber violado las normas de confidencialidad previstas en la normativa que regula la actuación de la UIF, al haber divulgado información reservada sobre una investigación en trámite de la UIF sobre el Grupo Clarín. Asimismo, el fiscal federal Gerardo Pollicita denunció en 2016 al ex funcionario por haber demorado durante dos años reportes de operaciones sospechosas -conocidos como ROS- vinculados al empresario Lázaro Báez, hoy enjuiciado por lavado de dinero en la causa conocida como “la ruta del dinero k”.

Mariano Federici, ex titular de la UIF durante la gestión de Cambiemos.

En el informe de su gestión en los últimos cuatro años, Federici destacó “el respeto a la autonomía e independencia operativa de este organismo por parte de la política, el gobierno, y las industrias reguladas”.

Asimismo, resaltó que en materia anti-corrupción, la UIF cumplió con su deber realizando importantes aportes para el avance de causas penales que involucran a funcionarios y empresarios en maniobras de corrupción a gran escala, contribuyendo a inmovilizar más de 600 mil millones de pesos con la finalidad de que los mismos puedan ser recuperados oportunamente en favor del Estado argentino". Bajo su mandato, la UIF se convirtió en querellante de causas en las que estaban siendo investigados la hoy vicepresidente Cristina Kirchner, y varios ex funcionarios kirchneristas, así como el empresario Lázaro Baez.

Para Nicolás Macchione, docente universitario y miembro del Comité Directivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), "ya desde 2012 (con la gestión de Sbatella), Argentina empezó a tener buenas puntuaciones” en su desempeño en la lucha contra el lavado de dinero. Macchione, que no estuvo vinculado a la UIF durante ninguna gestión, sí le reconoce a Federici que “ha mejorado la relación con Estados Unidos en cuanto a la capacidad de gestionar el intercambio de información entre ambos países”.

El nuevo presidente interino

En el encuentro en las Islas Mauricio, según el comunicado difundido por el Grupo Egmont, “los titulares de las UIF designaron al vicepresidente del Comité, Hennie Verbeek-Kusters, -titular de la UIF de los Países Bajos- como presidente interino hasta que termine la próxima reunión plenaria que tendrá lugar en México, en julio del 2020”.

Sin embargo, al cierre de esta nota, en la página web oficial del Grupo Egmont, aún seguía figurando Federici como presidente.

La página web del Grupo Egmont de las UIF de todo el mundo donde Federici sigue figurando como su presidente.

Una fuente vinculada la UIF durante la gestión de Mauricio Macri, advirtió a Infobae que “es la primera vez que se interrumpe de manera abrupta la presidencia. Es algo que cuesta entender desde afuera, entre los países civilizados. Porque la ley que creó la UIF dice que es autárquica y autónoma del poder político. Y ese es un requisito fijado por el GAFI. Entonces no entienden por qué cuando cambia el gobierno, cambia el titular de la UIF. Es la lógica de la política, que se supone no es la que debe regir a la UIF”. Y agregó: “Era una oportunidad muy grande de estar al frente del organismo que fija las políticas en tema de intercambio de información en la lucha contra lavado”.

Para Juan Félix Marteau, quien representó a la argentina ante GAFI en la administración Kirchner y fue coordinador nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, opinó que “la banca de Presidente de Egmont corresponde al país, quien paga la membresía en los organismos internacionales, los viajes de los funciones e incluso los lobbys del candidato”. Para este experto en lavado, advirtió: “Me parece que el organismo ha cometido una arbitrariedad al designar al vice en forma interina”.

Otro especialista consultado por Infobae consideró que “en el Gobierno se durmieron en no anticipar la jugada del Grupo Egmont y plantear el tema de la presidencia antes de que Federici fuera reemplazado”.

El nombramiento de Carlos Cruz

Cruz fue designado, a propuesta del presidente Fernández en diciembre, y tras la publicación de sus antecedentes, se habilitó un proceso de presentación de apoyos e impugnaciones, que culminó con una audiencia pública el 22 de enero en el Ministerio de Economía, pocos días antes de que se publicara el decreto con su nombramiento.

El nuevo titular de la UIF recibió más de 400 apoyos -muchos de ellos vinculados al kirchnerismo, pero también de abogados y juristas reconocidos que no están alineados con esta fuerza política- y fue impugnado por una decena de diputados de la oposición. Entre ellos los del bloque de la Coalición Cívica, y Graciela Ocaña, quienes señalaron su “falta de independencia” respecto del partido político en el Gobierno -reñida con los estándares de autonomía exigidos por el GAFI- y "la falta de antecedentes técnicos y profesionales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”

Carlos Cruz en la audiencia pública donde recibió numerosos apoyos y las impugnaciones de los diputados de la Coalición Cívica.

En la audiencia pública, Cruz defendió su extensa trayectoria académica y recordó que fue asesor de diferentes bloques políticos en la Cámara de Diputados. A las objeciones por una presunta parcialidad, respondió que su “compromiso era con el interés de la sociedad y también de la política” y dijo “no recordar haber participado de un acto político del PJ en la Ciudad".

En respuesta a otras de las críticas referida a haber minimizado la importancia de perseguir los delitos de corrupción en relación a otros como la evasión, sostuvo: “Se critica mi competencia porque se sabe que voy a tratar de investigar otras cosas. La corrupción debe ser perseguible por el perjuicio económico y político que genera. Pero hay otros delitos igualmente graves, económicos y financieros, que también deben ser investigados”.

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