Avanza la designación del abogado Carlos Cruz al frente de la Unidad de Información Financiera

A lo largo de casi cinco horas de exposiciones, el candidato elegido por el presidente Alberto Fernández para presidir la Unidad de Información Financiera (UIF), el abogado Carlos Cruz, atravesó sin mayores sobresaltos la audiencia pública que se desarrolló esta mañana en el Ministerio de Economía, última instancia en su proceso de designación. Estuvo acompañado por la candidata a ocupar la vicepresidencia, Mariana Quevedo, ex directora de Asuntos Jurídicos del organismo durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Ahora, luego de la elevación de un informe por parte del ministro de esa cartera al presidente Alberto Fernández, con las observaciones y el resultado de la audiencia –que no es vinculante–, se espera que sus designaciones salgan en los próximos días. La fecha tope es el lunes 27 de enero, ya que un día antes vencen los mandatos de las actuales autoridades, Mariano Federici y María Eugenia Talerico.

Cruz y Quevedo se refirieron sobre el final del encuentro a algunas de las cuestiones planteadas en las objeciones que recibieron sobre su “idoneidad” e “independencia política”, aunque los principales cuestionamientos fueron respondidos por los expositores que se acercaron al quinto piso del Ministerio de Economía para hablar en favor de sus candidaturas y defender sus trayectorias profesionales.

La audiencia de hoy

En un colmado salón del microcine del Ministerio de Economía se leyeron, en primer lugar, las impugnaciones que recibieron ambos candidatos, todas de diputados de Juntos por el Cambio. Si bien eran en total cinco, sólo se leyeron dos de ellas –la de los legisladores de la Coalición Cívica y la de Graciela Ocaña–, ya que las otras tres –de Pablo Torello, Virginia Cornejo y Alberto Assef– eran “idénticas” a la de la CC, según explicaron desde el equipo de la Secretaría de Finanzas, que fue la encargada de recibir las presentaciones.

Los principales argumentos fueron, en el caso de Cruz, "la falta de antecedentes técnicos y profesionales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo” y “falta de independencia” respecto del partido político en el Gobierno. Durante la lectura, el aludido mantuvo su mirada fija al frente y el rostro adusto, inconmovible, como buscando no exteriorizar su disgusto o desacuerdo con lo que se leía.

En tanto, las principales objeciones a Quevedo fueron presentadas por la CC y Ocaña, y se centraron en su gestión al frente de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UIF entre 2010 y enero de 2016. La cuestionaron por “haber ejercido la facultad de querellar con absoluta discrecionalidad" para “proteger a funcionarios vinculados a Cristina Kirchner y perseguir a sus adversarios”, así como por la “baja cantidad de causas” en la que la UIF habría sido querellante durante el kirchnerismo, en particular, vinculadas a delitos de corrupción. La abogada escuchó los cuestionamientos mirando hacia abajo o al empleado de la Secretaría de Finanzas a cargo de la lectura de las presentaciones.

Luego, se mencionó que las adhesiones a sus candidaturas llegaron a 650, y por la cantidad, se resumieron los argumentos a favor de los elegidos para conducir la Unidad Antilavado en tres: “trayectoria profesional, idoneidad e integridad personal, y los conocimientos técnicos en materia de lavado y prevención del terrorismo”.

Aunque no identificó quiénes presentaron los apoyos por la cantidad, Infobae supo que provinieron de un espectro amplio de personalidades. Desde figuras identificadas con el kirchnerismo como la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la Madre de Plaza de Mayo Taty Almeida; el abogado Eduardo Barcesat; el fundador del SERPAJ y premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel o el ex juez español Baltasar Garzón, hasta dirigentes, abogados, académicos y funcionarios judiciales como el diputado Ricardo Alfonsín y el abogado Carlos Mas Vélez, ambos de la UCR; los jueces de los Tribunales Orales de Comodoro Py Daniel Obligado y Sabrina Namer; el camarista de Casación Alejandro Slokar y el fiscal general Javier de Luca, alineados con la agrupación Justicia Legítima; el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Luis María Bunge Campo; el jurista Beinusz Szmukler; y el sociólogo y politólogo Atilio Borón, entre otros. También de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).

Voces críticas

A continuación, los asistentes que se inscribieron previamente en la audiencia tuvieron cada uno cinco minutos para hablar. Por el atril y ante la presencia de ambos candidatos ubicado al frente del auditorio, pasaron 17 expositores, de los cuales sólo dos –los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Mónica Frade– fueron críticos de las candidaturas.

El resto hizo una enfática defensa de los antecedentes profesionales, laborales y académicos de los elegidos por el Presidente para manejar la UIF, un organismo sensible por la información de inteligencia que maneja. Presidido por Mariano Federici y María Eugenia Talerico como su vice, durante la gestión de Cambiemos adquirió visibilidad pública por los informes que aportó en causas de corrupción contra ex funcionarios kirchneristas.

Las de López y Frade fueron las únicas dos voces en solitario ante un auditorio en el que era evidente –por los aplausos y comentarios– el apoyo a los candidatos que atravesaban la última etapa del mecanismo previsto para transparentar y confrontar los antecedentes de los elegidos para la UIF.

López centró sus cuestionamientos en los posibles “conflictos de interés o incompatibilidades” de Cruz. Tras aclarar que “no hacía un juicio de valor sobre el candidato”, recordó que el cargo de titular de la UIF exige por ley presentar una declaración jurada, no solo de bienes, sino también “de intereses”, que implica informar la nómina de clientes y contratistas durante los últimos ocho años, así como cualquier tipo de compromiso que pueda afectar su imparcialidad, para “permitir una evaluación objetiva de la incompatibilidades o conflictos de interés”.

La diputada Frade enfatizó en la exigencia específica para el titular de la UIF prevista en el artículo 29 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) –máximo organismo internacional en materia de regulación en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo– sobre su independencia política. También se refirió al artículo 59 del Grupo Egmont –la red que agrupa a todas las unidades antilavado de los países miembros–, en el mismo sentido. De acuerdo con esta normativa internacional, según Frade, Cruz no cumpliría con los estándares estipulados.

La legisladora de la CC le realizó una serie de preguntas a Quevedo referidas a su actuación al frente de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UIF hasta la llegada de Mauricio Macri al poder. Puntualmente, sobre sus criterios para querellar, los decomisos solicitados, un supuesto sumario interno y/o denuncia penal abierta por una licitación y su rol en la divulgación de información financiera reservada vinculada al fiscal Alberto Nisman, luego de que fuera encontrado muerto. También le preguntó sobre el tratamiento que les dio a los reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en distintos casos vinculados a Lázaro Báez, la hija de Hebe de Bonafini y Milagro Sala. Según Frade, durante su actuación en el organismo Quevedo “demostró, como mínimo, incapacidad”.

Los apoyos

El resto de los expositores hizo una enfática defensa de los antecedentes profesionales, laborales, y académicos de los elegidos por el Presidente para ocupar la titularidad del organismo del Ejecutivo destinado a prevenir y controlar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Respecto de Cruz, todos coincidieron en elogiar "lo frondoso” de su currículum. El senador peronista Mario Pais dijo “sentir sana envidia” y estar “gratamente sorprendido” por sus antecedentes académicos. "Muy pocas veces he tenido el orgullo de que, desde mi gobierno, se propongan personas con tanta idoneidad técnica y profesional”. Y su colega de bloque, la senadora Inés Pilatti Vergara, despertó risas cuando admitió que al leerlo pensó: “Con un CV tan extenso, este hombre vivió tres veces”.

Pais también descartó un posible conflicto de interés por los clientes que pudo haber tenido hasta ahora Cruz en su tarea de abogado. “Cuando asuma, tendrá que excusarse, llegado el caso, como cualquier juez que llega a su cargo desde la profesión”, sostuvo.

Pilatti Vergara y la senadora kirchnerista María de los Ángeles Sacnun también criticaron el desempeño de la UIF durante el gobierno de Macri. “Se dedicaron a la persecución política de ex funcionarios más que a perseguir el lavado de dinero en el ámbito privado, el mundo offshore, permitiendo la flexibilización de los controles del mundo financiero”.

En ese sentido, Sacnun consideró que le resultaba “llamativo" que se cuestionara “la simpatía” de Cruz por un partido político. "El único partido político con el que no hay que simpatizar es el partido de las offshore”, señaló.

La defensa de Sbatella

Entre los que hablaron también estuvo el ex titular de la UIF hasta la llegada de Cambiemos, José Sbatella, quien tras dejar el cargo enfrenta varias investigaciones penales y está procesado en una de ellas por “violación de secretos” y “abuso de autoridad”.

Sbatella dijo haber sido víctima del lawfare, la teoría que utiliza Cristina Kirchner para explicar que las causas judiciales en su contra son producto de una supuesta coordinación entre los medios de comunicación y la Justicia para callar a opositores.

El ex funcionario también defendió su gestión y recordó que si bien la Argentina entró en la llamada “Lista Gris” del GAFI en 2010, esa decisión estaba tomada en relación a la actuación de Argentina en los años anteriores. Y, en ese punto, acusó a las diputadas Elisa Carrió y Ocaña de “hacer denuncias” en contra de él que, luego, “salían en La Nación y Clarín en el momento en que el GAFI estaba evaluando al país” en 2009, lo que le valió entrar a la lista de países “incumplidores” de los estándares exigidos para prevenir el lavado de dinero.

También aseveró que fue por la normativa que impulsaron él y su equipo desde la UIF que “la Argentina pudo salir de la 'Lista Gris’ en cuatro años, relativamente poco tiempo comparado con otros países”. Según el ex funcionario, “esa actuación del país en el plano regional e internacional posibilitó que luego Federici fuera presidente y vicepresidente del GAFI”, en referencia a su sucesor durante el gobierno de Macri.

Finalmente, cuestionó que el gobierno de Cambiemos lo hizo renunciar a principios de 2016 a su cargo, pese a que aún le quedaba mandato hasta 2018. “Si se hubiera respetado eso, hoy el cambio del titular de la UIF estaría solapado respecto del recambio de Gobierno, algo que impulsamos nosotros. Y no estaríamos discutiendo esto ahora”.

Quevedo y su rol en la UIF

La gestión de Quevedo fue defendida en la audiencia pública por varios de los empleados y funcionarios que trabajaron en la UIF al mismo tiempo que ella. Y destacaron que fue a partir de su gestión que el organismo comenzó a querellar en distintas causas de lavado para cumplir con las exigencias del GAFI.

Sobre el final, la ex funcionaria afirmó que “no direccionó ninguna querella”, dio números de las causas en las que la UIF intervino bajo su gestión –el 40%, referidas al narcotráfico–, cifras de decomisos pedidos a la Justicia y aseguró que no era de su competencia el manejo de información financiera reservada proveniente del exterior, en relación al planteo de Frade sobre si había intervenido en la filtración sobre la cuentas de Nisman en Estados Unidos.

También aseguró no estar sumariada ni imputada en ninguna causa penal y admitió –también en respuesta a una pregunta de Frade– haber dado una charla en el Instituto Patria en 2016 (en realidad, por error dijo “en 2006” cuando este centro político aún no existía) sobre “el desguace del sistema de prevención de lavado”. Culminó su intervención con la voz quebrada al recordar que renunció “a su pesar” el 25 de enero de 2016, pese a “considerarse personal técnico de la UIF”.

La visión de Cruz

La audiencia cerró con la exposición de Cruz, quien respondió a algunos de los cuestionamientos que le hicieron. Tras agradecer las impugnaciones porque “invitan a una reflexión desde una perspectiva honesta”, consideró que “si se hubiera avanzado más en averiguar sobre él, quizás no hubieran sido formuladas”.

Explicó que a la mayoría de sus clientes los tiene, en promedio, hace 15 años y que en su mayoría son compañías aseguradoras, “sujetos obligados” a informar operaciones sospechosas. “Hasta el día de hoy vengo practicando la actividad privada, por lo que mayoría de las observaciones que me hicieron no son aplicables”, sostuvo.

“Hace muchos años que trabajo como abogado, y jueces de distintos fueros pueden dar cuenta de mi actuación profesional. También integré Tribunales de Ética y Enjuiciamiento de fiscales y defensores, y el Tribunal de Ética del Colegio Público de Abogados. Nunca tuve ningún reproche ni fui recusado”, destacó.

A las objeciones por una presunta parcialidad, argumentó: “Mi compromiso es con el interés de la sociedad y también de la política, pero, que recuerde, nunca participé de un acto político del PJ en la Ciudad”.

También recordó que trabajó para distintos sectores políticos. “Fui asesor de la Comisión Penal de Diputados” (durante el gobierno de Eduardo Duhalde, cuando estaba presidida por Margarita Stolbizer), “asesor del Bloque Socialista durante la gestión de Néstor Kirchner” (también en la Cámara baja) y presidente de la editorial universitaria EUDEBA durante el gobierno de (Raúl) Alfonsín”.

En respuesta a las críticas de que habría minimizado la importancia de perseguir los delitos de corrupción en relación a otros como la evasión, sostuvo enfático: “Se critica mi competencia porque se sabe que voy a tratar de investigar otras cosas. La corrupción debe ser perseguible por el perjuicio económico y político que genera. Pero hay otros delitos igualmente graves, económicos y financieros, que también deben ser investigados”.

Y concluyó: “El desafío en la prevención del lavado tiene que ver con una política de Estado. Nosotros debemos honrar los compromisos asumidos por el Estado argentino ante el GAFI, la OCDE, el Banco Mundial y el FMI. Tenemos que desarrollar las políticas en función de esos compromisos con una mirada amplia de control de los delitos económicos y financieros”.

La audiencia fue abierta por el secretario de Finanzas, Diego Bastoure, ya que la UIF pasó en 2016 del Ministerio de Justicia a la órbita del Ministerio de Finanzas –hoy absorbido por el de Economía–; y fue conducida por el subsecretario de Servicios Financieros, Mariano Sardi. Al comienzo expusieron, a su vez, en calidad de expertos convocados por el tema de la audiencia, Agustín Carrara, ex director ejecutivo de CIPCE, quien habló sobre el lavado de dinero y su prevención, y el abogado especializado en sociedades Ricardo Nissen, quien asumirá al frente de la Inspección General de Justicia (IGJ) en los próximos días, cargo que ocupó durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Informe de gestión de Federici

Coincidentemente con la audiencia, el todavía titular de la UIF Federici y su segunda Talerico le enviaron una copia del informe de su gestión en los últimos cuatro años a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. En la carta que lo antecede, destacan: “Aprovechamos la ocasión para resaltar la importancia que revistiera para nuestra gestión el respeto a la autonomía e independencia operativa de este organismo por parte de la política, el gobierno, y las industrias reguladas. Ello nos permitió desempeñar nuestras funciones libres de toda influencia o interferencia indebida que hubiese podido comprometer el accionar íntegro y eficaz del organismo”.

Y concluyen: “Finalmente, en materia anti-corrupción, la UIF cumplió con su deber realizando importantes aportes para el avance de causas penales que involucran a funcionarios y empresarios en maniobras de corrupción a gran escala, contribuyendo a inmovilizar más de 600 mil millones de pesos con la finalidad de que los mismos puedan ser recuperados oportunamente en favor del Estado argentino. Como es sabido, la corrupción pública ofrece una oportunidad para que todos los demás delitos también prosperen y corroe las instituciones de la República, degradando el Estado de derecho y comprometiendo el orden democrático, todo lo cual atenta contra la convivencia pacífica de los argentinos y la estabilidad del orden económico financiero, desalentando la inversión genuina que el país necesita para generar mayores fuentes de trabajo y erradicar la pobreza”.