El Gobierno confirmó este lunes la designación del abogado Carlos Cruz al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), aunque por los tiempos que marca la ley deberá asumir recién a fines de enero. La medida fue anunciada en el Boletín Oficial.
De esta manera, la administración de Alberto Fernández cumplió con el paso previo de proponer a las nuevas autoridades para el organismo encargado de prevenir y detectar delitos vinculados con el lavado de dinero, las cuales tomarán el cargo una vez que venza el plazo de los mandatos actuales.
De acuerdo con el Aviso Oficial firmado por el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, el que ocupará la presidencia de la UIF, actualmente en manos de Mariano Federici, será el mencionado Cruz, mientras que la abogada especialista en derecho tributario Mariana Quevedo será su vice.
A partir de la publicación de los candidatos, “los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas” tendrán 15 días para presentar ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, “por escrito y de modo fundado y documentado”, las posibles observaciones con respecto a ambos postulantes.
De no haber inconvenientes con los candidatos, el próximo 22 de enero a las 8:00 horas se realizaría una audiencia pública en el Ministerio de Economía, ubicado sobre Hipólito Yrigoyen al 250, la Ciudad de Buenos Aires, para analizar los cuestionamientos que pudieran haber llegado.
En el documento publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno precisó los principales antecedentes de ambos abogados. En el caso de Cruz, se mencionó que se egresó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en mayo de 1975 y es también licenciado en Derecho, título homologado por el Ministerio de Educación y Ciencia de España.
Además, el futuro presidente de la UIF realizó un Postgrado en “Especialización en Protección Jurídica del medio ambiente, Flora y Fauna, Ordenación del Territorio y Patrimonio Histórico”, Universidad de Castilla – La Mancha, también en España.
Durante su carrera, este abogado formó parte del equipo de especialistas que “promovió la querella entablada para investigar el Plan sistemático de apropiación de menores” y “ha dirigido y participado en proyectos de investigación relacionados con delitos contra el orden económico y financiero”.
En el plano de la función pública, fue designado por la Secretaría de Estado de Comercio para “instruir actuaciones relacionadas con comercialización de mercaderías en zonas de frontera – ilícitos de importación y exportación – en las localidades de Clorinda, Puerto Pilcomayo, Formosa, Provincia de Formosa (año 1975)”. También fue asesor de varias comisiones en la Cámara de Diputados.
En tanto, Mariana Quevedo es abogada por la Facultad de Ciencias jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e hizo un posgrado de derecho tributario en la UBA. Además, hizo una especialización en este mismo tema en la Universidad de Salamanca.
En cuanto a la función pública, se desempeñó como directora de Asuntos Jurídicos de la UIF, directora general de Aduanas, de la AFIP y representante de la Argentina ante la ONU y ante el Grupo de Expertos en Lavado de Activos de la OEA. También trabajó dentro de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y como fiscal de Apelaciones bonaerense.
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