Carlos Cruz, el futuro titular de la Unidad Antilavado, recién asumirá a fines de enero

El presidente Alberto Fernández avanzará con el proceso de designación del nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo del Poder Ejecutivo dedicado a prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que reemplazará a Mariano Federici. El elegido, según anunció el propio mandatario el martes, es Carlos Cruz. “Es un abogado especializado en Derecho Penal y Económico, titular de cátedra en la Universidad Nacional de Buenos Aires, a quien conozco de hace muchísimos años. A él le he ofrecido el cargo”, dijo el Presidente a Radio Nacional.

La fecha para la designación, según los plazos del proceso previstos en la ley para darle transparencia y garantizar la idoneidad del futuro presidente del organismo, sería el 27 de enero.

La decisión obedece a la necesidad de dar una señal política que es clave para el mundo occidental y, en particular, para los Estados Unidos, que puso en su “lista negra” de sanciones del Departamento del Tesoro a varios integrantes del gobierno venezolano de Nicolás Maduro y funcionarios iraníes. En esa estrategia, la designación durante la gestión de Mauricio Macri de Federici al frente de la UIF fue clave en su relación con el gobierno norteamericano, ya que el organismo reactivó el rol del país en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en sintonía con los deseos del país del norte.

De hecho, como titular de la UIF argentina, Federici se convirtió en presidente del Grupo Egmont, una red internacional conformada por Unidades de Inteligencia Financiera para intercambiar información y tecnología en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Bajo su gestión, la UIF argentina volvió a intercambiar información de inteligencia entre sus pares del mundo que, por estar bajo secreto bancario y fiscal, exige extrema confidencialidad. Muchos de esos “informes de inteligencia” fueron aportados por el organismo antilavado local en causas de corrupción en los tribunales federales de Comodoro Py. Desde la entonces oposición y actual oficialismo, sin embargo, acusaron a la UIF de “discrecionalidad” a la hora de aportar información “sensible” en los expedientes judiciales “según de quién se trate” y de "responder a los mandatos de la Casa Rosada”.

Desde la UIF señalaron, en tanto, que el organismo “trabajó estos cuatro años de manera autónoma y operativamente independiente. Hizo culto de esa autonomía y de su independencia, tanto respecto de la política como de las industrias reguladas”. También recordaron que el todavía titular de la UIF, Federici, “preside el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera” y que fue “elegido para presidir ese organismo por las 164 UIF que lo componen. Desde dicha posición lideró el desarrollo de iniciativas –incluyendo la publicación de documentos internacionales– tendientes a promover la importancia de la autonomía e independencia operativa de las UIF, especialmente en la lucha contra la corrupción”.

Proceso de transparencia

Pero más allá de que el nuevo presidente haya hecho público el nombre de Cruz para ocupar la presidencia del organismo antilavado del Ejecutivo, de acuerdo con el artículo 9º de la Ley 25.246, el candidato a presidente de la UIF –antes de ser designado por el Poder Ejecutivo Nacional– debe pasar por “un procedimiento público, abierto y transparente que garantice la idoneidad de los candidatos”.

Este proceso implica que, tras la propuesta del elegido, sus antecedentes curriculares deben publicarse en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional por tres días. A su vez, el candidato deberá presentar su declaración jurada con el detalle de sus bienes, los del cónyuge y sus hijos menores, de acuerdo con lo que dispone la Ley de Ética de la Función Pública. También se le requerirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un informe sobre el cumplimiento de sus obligaciones impositivas.

El candidato deberá, asimismo, informar las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integra o haya integrado en los últimos ocho años; la nómina de clientes y contratistas que tiene o tuvo en el mismo período; los estudios de abogados, contables o de asesoramiento a los que perteneció o pertenece, y “cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses”.

Tras la publicación de esta información, el postulante a ocupar la presidencia de la UIF deberá someterse durante quince días a las impugnaciones, observaciones y adhesiones de la ciudadanía, asociaciones profesionales y entidades académicas, que podrán presentarlas “por escrito y de modo fundado y documentado” en el Ministerio de Hacienda. El proceso culmina en una audiencia pública que se realizará en los 15 días posteriores, tras la evaluación de las observaciones presentadas. A partir de ese momento, y atravesado ese proceso con éxito, el ministro de Hacienda eleva el nombre del candidato al Poder Ejecutivo, que recién entonces podría designarlo formalmente.

Según estos plazos, a partir del 10 de diciembre, la fecha en que debería designarse el nuevo titular –una vez que Cruz pase por estas instancias– sería el 27 de enero próximo.

En un breve diálogo con Infobae, Cruz confirmó su “disposición a tomar contacto con las actuales autoridades de la UIF” para una eventual transición. A Federici dijo “conocerlo por su trabajo”, aunque admitió tener más relación con la actual vicepresidenta, la abogada María Eugenia Talerico, con quien compartió el Tribunal de Ética de Colegio Público de Abogados de la Capital Federal entre 2010 y 2012.

La futura designación de Cruz implicará el primer cargo de este abogado penalista en el Poder Ejecutivo. “En la anterior gestión de Néstor y Cristina Kirchner me ofrecieron sumarme al Gobierno, inclusive al frente de la UIF, pero yo estaba con otras cosas. Ahora creo que el país necesita que todos pongamos el mejor esfuerzo posible”, le dijo a Infobae.

Su trayectoria

De 72 años, Cruz es egresado de la Facultad de Derecho de la UBA y licenciado en Derecho, con un título homologado por el Ministerio de Educación de España. Comenzó como docente auxiliar en esa casa de estudios, hizo toda la carrera y, en 2005, fue designado profesor adjunto de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, cargo al que accedió por concurso. Por haber alcanzado el límite de edad establecido por el Estatuto Universitario, en 2015 fue designado profesor consulto adjunto, con dedicación parcial.

De origen peronista, tiene cercanía ideológica con el kirchnerismo y es crítico del poder financiero. Quienes lo conocen señalan que este abogado penalista comulga con la escuela del académico David Baigún, doctor en Derecho y Ciencias Sociales fallecido en 2015 y uno de los pioneros en la especialización de delitos financieros, con un pasado juvenil de militancia universitaria en el Partido Comunista. Cruz también tiene muy buenos vínculos con el ex miembro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y sus discípulos.

“Es inteligente, obsesivo del trabajo y gran tipo. Con una perspectiva progresista desde lo jurídico. Adhirió al espectro de pensamiento que suscribió el gobierno anterior en términos de la política criminal”, lo define un abogado y dirigente universitario que lo conoce como colega en la facultad y que trabajó a su lado.

De perfil bajo, en 2007 asumió la defensa de la ex ministra de Economía Felisa Miceli en la causa en la que se la condenó por “encubrimiento agravado” por el hallazgo de la bolsa con $100.000 y USD 31.000 en el baño del Palacio de Hacienda.

En ese época era, a su vez, miembro titular del Jurado de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación –cargo que ocupó entre 2005 y 2009– y mantenía una relación cercana con el entonces procurador general, Esteban Righi, jefe del fiscal federal Guillermo Marijuán que debía acusar a la ex funcionaria de Néstor Kirchner.

Con el retorno democrático y hasta principios de los 90 fue consejero directivo de la Facultad de Derecho de la UBA, en representación del Claustro de Graduados, y entre 1990 y 1992 fue miembro del Consejo Superior de esa casa de estudios. Volvió a ser consejero directivo de Derecho en 2005, donde permaneció hasta 2010, ya como profesor.

“Es un viejo militante de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y perteneció al espacio de peronistas y radicales que en los 90 enfrentó al menemismo en la Facultad, entonces representado por la UPAU y el Colegio de de la calle Montevideo”, recuerda un abogado que compartió militancia en esos años de la Facultad, en referencia a la otra institución que reúne a los abogados de la Ciudad.

Cruz fue, además, presidente de la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA) en la década del 90 y uno de los fundadores del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

Con un posgrado en “Especialización en Protección Jurídica del Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Patrimonio” de la Universidad de Castilla, La Mancha (España), también consignó en su currículum ser profesor a cargo de “cursos de grado y posgrado de las materias Delitos Económicos y Delitos Informáticos en universidades del país y del extranjero”. Entre las casas de estudios del país donde dictó clases figuran las universidades nacionales de la Patagonia San Juan Bosco, del Centro de la Provincia de Buenos Aires, de Mar del Plata, de Rosario y del Comahue.

En los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner también se desempeñó como asesor de la Comisión de Legislación Penal y de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación.

Asimismo, fue vicepresidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal entre 2006 y 2008, y desde este último año y hasta 2011 se desempeñó como subdirector de la Maestría en Derecho Penal del Mercosur de la UBA.

Desde 2008 es investigador adscripto del Instituto de Investigaciones Jurídicas Ambrosio Gioja, que concentra las investigaciones de la Facultad de Derecho de la UBA. Según la web de esta casa de estudios, su primer trabajo de investigación estuvo referido a una base de datos en materia de delitos económicos.

En 2014, participó del capítulo Delitos contra el orden económico y financiero en la redacción del trabajo “Anteproyecto de Reforma del Código Penal de la Nación – Aportes para un debate necesario”, bajo la dirección de Eugenio Zaffaroni y su discípulo, el jurista Roberto Carlés.

Un año antes, en 2013, Cruz integró la lista de conjueces que Cristina Kirchner envió al Senado para la Cámara Federal de Casación Penal, pero nunca llegó a ser convocado para un reemplazo.

Sobre el final del mandato de Cristina Kirchner, en 2015, fue designado miembro titular del primer Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa, en representación del Consejo Interuniversitario Nacional, cargo en el que cesó sus funciones hace tres meses.

Su pensamiento

“Es un profesional y académico serio y respetado, con sobradas credenciales en el campo de los delitos económicos. Su trabajo desarrolla una visión crítica del capitalismo financiero. Aunque no estamos parados en la misma línea ideológica, creo compartir la idea de que la globalización ha alcanzado niveles irracionales, que deben ser administrados desde una posición nacional”, le dijo a Infobae Juan Félix Marteau, representante ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ex coordinador nacional para el el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo, quien conoce a Cruz desde hace años por ser colegas en el ámbito de la UBA.

En agosto 2017, Cruz expuso en el Senado en el marco de la discusión sobre el proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria, promovida por el gobierno de Cambiemos y vigente desde el 1º de marzo del año pasado. En su intervención fue crítico de la "injerencia” de “agencias internacionales” como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el GAFI, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Mundial del Comercio en la elaboración de políticas legislativas en materia penal referidas a los delitos económicos. También sobre la normativa referida a la lucha contra la corrupción desde esos organismos de la comunidad internacional.

“¿De qué no discutimos en materia de delitos económicos cuando hablamos solo de la corrupción? No discutimos de delitos económicos más graves que generan mayores afectaciones sociales. No hablamos o hablamos poco de la fuga de capitales, de la evasión impositiva, de las consecuencias nocivas de las prácticas monopólicas. En Estados Unidos se hizo un trabajo en el que cuantificó el perjuicio económico derivado de este conjunto de hechos frente al perjuicio económico de los delitos de corrupción. Y la relación era de 1 a 10. Pero analizamos la lesión económica por uno y no por el otro. Porque en la lesión económica por uno, el acento lo ponemos en el funcionario público y en la otra línea lo tendríamos que poner en las empresas".

En su exposición dejó planteadas sus dudas sobre la efectividad de la norma: “Este proyecto no va a ser efectivo ni eficaz como mecanismo de control para prevenir comportamientos y va a servir poco para que se ponga en funcionamiento el sistema de agencias judiciales y penales, y que se llegue a algún resultado concreto". Y en ese sentido, Cruz agregó: "En esta ley, como en todos los delitos contra la administración publica, están implicadas las empresas; en realidad la línea de investigación penal no avanza sobre las empresas, y en este proyecto avanza poco. Creo que, más allá del simbolismo mágico que suelen tener las leyes penales, no sólo ésta, tengo mis dudas de que sea efectiva y eficaz”.