Antes de procesar a todos los involucrados por la compra de un campo de 152 hectáreas en Uruguay, el juez Sebastián Casanello homologó el acuerdo como arrepentido que había alcanzado Leonardo Fariña con el fiscal Guillermo Marijuán. Este expediente se aceleró cuando el Banco Central de Uruguay aportó las transferencias y los detalles de la maniobra.
Al momento de homologar el acuerdo con Fariña, Casanello tuvo en cuenta que estaban contemplados los requisitos que prevé la ley del arrepentido: la “actuación voluntaria” del involucrado y que el lavado de dinero está entre los delitos que contempla la norma.
En sus declaraciones ante la Justicia, el arrepentido contó que Maximiliano Goff Dávila le acercó el negocio y que él se lo llevó a Báez. Además, reveló que para la operación se utilizó la sociedad uruguaya Traline SA. Cuando se rompió la relación con el entorno de Báez, el campo quedó a nombre de otra sociedad de nombre Jumey SA, presidida por el contador Daniel Pérez Gadín.
Fariña, que acaba de renunciar al Programa de Protección de Testigos, también hizo referencia a los pagos efectuados por la compra del campo. Según fuentes judiciales, esa información coincide con los datos remitidos por la justicia uruguaya.
Por ese campo, ubicado entre José Ignacio y La Barra, se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños.
La operación se cerró en el verano de 2011 con una ruidosa fiesta en Punta del Este. Por ese entonces, Fariña comenzaba su relación con la modelo Karina Jelinek.
Al margen de la homologación del acuerdo de Fariña, la Cámara Federal avaló en las últimas horas la investigación ante un planteo de la defensa de abogado Jorge Chueco, que pretendía que la compra del campo se juzgará dentro del juicio de “la ruta del dinero K”, ante el TOF 4.
En realidad se trata de un hecho que forma parte de la “ruta del dinero K”, aunque se investigó aparte porque Uruguay demoró en enviar la documentación.
Mientras se define si hay un segundo juicio, la Justicia argentina intenta concretar el embargo del campo para un decomiso compartido. En los últimos meses hubo un cruce incesante de exhortos y gestiones silenciosas a través de la Cancillería. En esos intercambios, la justicia argentina se enteró de que Uruguay ya remató una parte de la estancia por las deudas fiscales que había acumulado.
Si las gestiones avanzan, la Justicia argentina solo podrá embargar una parte del campo para luego recuperar el dinero ante una eventual condena.
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