Detrás de los casos más resonantes de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico suelen aparecen los grandes estudios jurídicos del país. ¿De donde provienen los fondos para pagar las defensas de acusados con bienes y cuentas embargadas? El financiamiento de los abogados que frecuentan los pasillos de Comodoro Py pasó a ser un tema de Estado. La Unidad de Información Financiera (UIF) intimó en los últimos meses a 36 abogados para que informen cómo y cuánto cobraron por sus servicios. La mayoría aportó la información pero otros se negaron. Por ese motivo, el organismo anti lavado decidió tomar una medida más drástica: denunció penalmente a cinco de esos abogados por lavado de dinero, pudo saber Infobae en fuentes oficiales. Los nombres, por ahora, se mantienen en secreto.
La medida se aplica sólo en las causas de corrupción, lavado de dinero derivado del narcotráfico, o tráfico de drogas. Los abogados apuntados recibieron una intimación para que declaren, en un plazo de 10 días, el importe de los honorarios percibidos y los que hayan pactado o estén pendientes de cobro. Además deben indicar la fecha, la forma de pago, y hasta el nombre de la persona que les pagó.
La mayoría respondió esa notificación con los datos solicitados. Otros contestaron que realizan una defensa gratuita, y un grupo reducido rechazó dar cualquier información argumentando que podría afectar el secreto profesional con sus clientes.
En la UIF aseguran que un sistema similar se aplica en países como Alemania, Francia, Estados Unidos e Inglaterra, donde se controlan los honorarios de abogados de narcos y terroristas. Pero la polémica se instaló.
El encargado de hacerla pública fue el abogado José Manuel Ubeira. Hace dos semanas, en el juicio por la "ruta del dinero K", donde representa a Federico Elaskar, se quejó airosamente ante los jueces del Tribunal Oral Federal 4 por la intimación de la UIF. Dijo que afecta el derecho de defensa y la confidencialidad con su cliente. Y hasta habló de una "persecución de Macri".
La polémica no terminó. Ubeira tiene previsto insistir con su reclamo en la próxima audiencia del juicio, cuando se presente a declarar como testigo el titular de la UIF, Mariano Federici. La audiencia estaba prevista para este miércoles, pero se retrasó por otros testigos.
El abogado ya dijo abiertamente que espera con "ansiedad" ese momento. Su estrategia apunta a desprestigiar a los actuales funcionarios de la UIF. Algo dejó trascender en la última audiencia cuando habló de la participación de los bancos de primera línea en el lavado de dinero.
Ubeira tuvo una participación activa en los medios durante los últimos meses a raíz de la causa de Dolores, donde se presentó como víctima de una supuesta cámara oculta en su contra, que nunca se concretó. Además, intentó recusar, sin éxito, al fiscal Carlos Stornelli en la causa de los cuadernos ya que actúa como defensor de Oscar Thomas, el ex titular del ente binacional Yacyretá.
En el plano formal, Ubeira hizo una presentación ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que decidió respaldar su reclamo. "La UIF es incompetente para requerir esa información. Constituye una violación flagrante al secreto profesional. En todo caso, la obligación del colega es meramente fiscal en cuanto a tributar sus propios impuestos y facturar lo que corresponda", opinó Jorge Rizzo, ex titular del Colegio, ante una consulta de este sitio.
Otros abogados de primera línea consultados por Infobae también rechazaron la medida, pero siempre off the record. "Es una persecución del Gobierno y hasta creo que podría haber algún delito. La información debería recibirla la AFIP", opinó un abogado que defiende a un ex funcionario K y no está en la lista de intimados.
En cambio, la iniciativa de la UIF tiene respaldo mayoritario entre jueces y fiscales federales, que acumulan decenas de historias sobre honorarios en negro o en circunstancias muy sospechosas. "Es una buena medida porque lo que se intenta frenar es que los abogados se financien con el dinero proveniente de la corrupción o la droga", contestó un fiscal federal.
Los nombres de los denunciados y los detalles de cada caso se mantienen en reserva. Desde la UIF, solo destacan que la iniciativa estaba prevista desde el comienzo de la gestión de Cambiemos, aunque tardó en aplicarse.
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