El fiscal federal Patricio Sabadini, de Resistencia, pidió el desafuero y la detención de la diputada nacional Aída Ayala, de Cambiemos. Está acusada de lavado agravado de activos, evasión, asociación ilícita, entre otros cargos, en una causa en la que se investigan sus vínculos con la empresa que ganó la licitación para la recolección de residuos en la capital chaqueña durante su paso por la intendencia.
De origen radical, Ayala fue intendenta de Resistencia en tres períodos. En 2015 perdió la pulseada por la gobernación de Chaco con Domingo Peppo y el presidente Mauricio Macri la convocó para encabezar la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación, donde trabajó hasta que el año pasado asumió como diputada nacional.
A la causa en la que ahora está imputada Ayala se la conoce en Chaco como "PIMP", por el nombre de la empresa que durante su última gestión ganó una licitación por 500 millones de pesos para realizar el servicio de recolección de basura en la capital provincial.
El fiscal Sabadini piensa que la diputada armó una red de empresas junto a su yerno, Alejandro Fisher —detenido desde hace 20 días—, el sindicalista Jacinto Sampayo y otras personas, "con la clara finalidad de ocultar sus identidades" y conseguir una licitación irregular y con sobreprecios.
PIMP SA
El fiscal recordó que cuando ganó la licitación, "PIMP SA no tenía antecedentes en el rubro, y no contaba con terreno ni oficinas propias, lo que denotaba su precariedad". La empresa se conformó en julio de 2013 y en diciembre cambió su composición accionaria. El control de la empresa lo tomó parte esta red de empresas que, según el dictamen, están vinculadas a Ayala y los otro acusados.
El llamado a licitación fue en febrero de 2014. Pocos días después, PIMP obtuvo el reconocimiento como proveedor municipal. Y el 7 de marzo, una semana antes de que venza el plazo para presentar ofertas, la empresa fue inscripta en el Registro Público de Comercio. Luego hizo su propuesta. Fue la única oferente.
El fiscal destacó que la adjudicación fue "casi inmediata" y que dos meses después "comienzan a verificarse las transferencias de acciones a los verdaderos dueños y responsables y al mismo tiempo personas interpuestas por Aída Ayala y Jacinto Sampayo".
"Tenemos así que fue la entonces intendenta Ayala quien efectuó un llamado a licitación a los apuros, sin dar intervención al Concejo Deliberante y asegurándose al mismo tiempo no contar con objeción por parte del Sindicato a cargo de Jacinto Sampayo, quien a través de otras personas se convirtió en socio de PIMP SA y de la ingeniera Aída Ayala", concluyó el fiscal.
Además, el dictamen observó como "llamativo" el momento elegido para la licitación: un año antes de que concluya el mandato de Ayala. "No lo había hecho antes a pesar de haber estado en esa función por más de seis años, con el agravante que la vigencia del contrato atravesaría varias gestiones", resaltó.
Delitos
En el dictamen, el fiscal Sabadini consideró que el caso debe ser analizado a la luz de algunos delitos como "asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito, entre otros, configurados por la conformación de un grupo de personas con roles claramente definidos al frente del cual se encontraban la ex intendenta Aída Ayala y Jacinto Sampayo como jefes de esa organización, que perseguía como finalidad asignar a PIMP SA el servicio de recolección de residuos, mientras que el fraude se vio configurado en lo oneroso y desproporcionado que el contrato significaba al municipio".
Este último aspecto es importante. El fiscal cree que los sobreprecios están probados ya que cuando dos años después se renegoció el contrato con la actual gestión, la empresa se comprometió a incorporar tres camiones, pagar nuevos uniformes e incrementar la frecuencia y la distancia de los recorridos "sin ninguna contraprestación extra por parte del municipio", pese al aumento de costos y la inflación.
Por último, el fiscal sostuvo que "como resultado de todo este andamiaje, se necesitaba reingresar al circuito legal los fondos obtenidos ilícitamente y es aquí donde cobran fuerza las personas de confianza, a través de las cuales se fueron blanqueando los fondos provenientes de aquel accionar", entre las que mencionó al yerno Fischer y otros sospechosos. A su vez, se investiga si la Fundación Construir, que Ayala cofundó, se usó para lavar parte del dinero mal habido.
Ahora la jueza federal Zunilda Niremperger, de Resistencia, deberá resolver la solicitud del fiscal, que incluye también el pedido de detención inmediata de los imputados Pedro Alberto Martínez, Natalia Martinez Guarino, Rolando Javier Acuña y Luis Escobar. Si la magistrada avala el arresto de Ayala, deberá elevar a la Cámara de Diputados un pedido de desafuero.
A disposición
Ayala emitió un breve comunicado una vez que se conoció el dictamen. "Estoy a disposición de la justicia como lo he hecho siempre. No es la primera vez que me sucede, a lo largo de mi vida política atravesé situaciones similares y como funcionaria pública siempre me he sometido a los controles y a los requerimientos judiciales", indicó.
"Confío en el sistema judicial, mi intención es allanarles el camino para que investiguen lo más rápido que puedan sin trabas algunas. Estoy viajando para el Chaco para ponerme a disposición de la justicia", añadió.