Los Pulpos de La Victoria: candidata al Congreso aparece en investigación por red de extorsión en Gamarra

En pleno corazón de Gamarra, uno de los emporios comerciales más grandes del país, una investigación fiscal y policial ha puesto bajo la lupa a una presunta red de extorsión, cobro de cupos e infiltración en la Municipalidad de La Victoria.

Según los elementos recogidos por la Diviac, la Digimin y la Segunda Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, la estructura criminal conocida como Los Pulpos de la Victoria habría convertido las calles cercanas al parque Cánepa en un territorio donde trabajar tenía precio, y donde cada espacio público ocupado por comerciantes informales estaba sujeto a pagos ilegales.

En esa trama aparece un nombre que ha llamado poderosamente la atención de los investigadores: Juliana Angélica Carbonell Carbonell, identificada en el expediente como “alias Juli”. Mientras en el terreno era señalada como una de las piezas con mayor control dentro del damero A de Gamarra, en otro escenario se presentaba como candidata a diputada al Congreso por Juntos por el Perú.

El sistema de cobros ilegales que habría dominado Gamarra

De acuerdo con la investigación, la presunta organización criminal no actuaba de forma improvisada. Por el contrario, habría montado un esquema de extorsión altamente ordenado en el que cada comerciante debía pagar para poder vender. Quien quería ingresar a un espacio pequeño debía abonar alrededor de mil soles; en el caso de un módulo, la cuota podía llegar hasta cinco mil soles. A eso se sumaban pagos diarios que oscilaban entre cinco y treinta soles, un mecanismo que, según el Ministerio Público, permitía sostener una recaudación constante sobre miles de comerciantes ambulantes.

Las cifras descritas por la Fiscalía dan cuenta de la magnitud del presunto negocio ilegal. Solo por el cobro de cupos, la organización habría llegado a reunir cerca de ochenta mil soles al día. Bajo esa modalidad, y considerando a unos ocho mil comerciantes involucrados en el esquema, el dinero acumulado habría superado los sesenta y tres millones de soles. En el centro de esa estructura aparecía Juan Manuel Núñez Castro, conocido como “alias Pulpo”, señalado como el principal articulador de la red que dominaba diversos puntos del emporio comercial.

Pero lo que inicialmente parecía un caso de extorsión en la vía pública terminó revelando algo más profundo. Las diligencias de seguimiento y los testimonios protegidos recogidos por el fiscal provincial César Chang apuntaron a que la red no solo cobraba en las calles, sino que también habría logrado penetrar la Municipalidad de La Victoria. Para los investigadores, esa infiltración fue clave para sostener el control territorial durante más tiempo, porque permitía a la organización operar con una fachada de aparente legalidad y con apoyo desde dentro del propio municipio.

En ese escenario surgieron nombres de funcionarios y exfuncionarios que, según la tesis fiscal, habrían facilitado operaciones dentro del distrito. Uno de ellos es el alcalde Rubén Cano Altes, a quien la investigación ubica como una figura cuya gestión habría coincidido con el fortalecimiento de la red.

La investigación financiera que expone presuntos desbalances patrimoniales

Uno de los elementos que más complicó la situación de los implicados fue el análisis financiero. Peritos de la Fiscalía revisaron declaraciones juradas, ingresos, egresos, transferencias y movimientos económicos de varios de los investigados, y detectaron desbalances patrimoniales que, según la hipótesis fiscal, no se explicarían por sus actividades laborales conocidas.

En el caso de Juliana Carbonell Carbonell, por ejemplo, su declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones consignaba una experiencia laboral de tres años como fisioterapeuta en el sector público y un ingreso anual de 36 mil soles, equivalente a tres mil soles mensuales.

Sin embargo, el informe financiero habría identificado que desde el año 2023 sus ingresos y egresos superaban los 537 mil soles, una diferencia que encendió las alertas de los investigadores. A ello se sumó información de Western Union sobre transferencias hacia Argentina, consideradas compatibles con presuntos fondos de origen ilícito. Para la Fiscalía, ese rastro económico reforzaría la idea de que la candidata no solo formaba parte de la estructura, sino que habría tenido un rol de confianza dentro de ella.

El expediente también incluye a otras personas vinculadas al municipio. Anthony Quispe Figueroa, identificado como fiscalizador municipal, es señalado como un operador que habría utilizado su cargo para realizar cobros y apoyar el control territorial bajo una apariencia de legalidad. Sus movimientos financieros, de acuerdo con el informe, habrían superado los 451 mil soles, y en la investigación se le atribuye la compra de una camioneta y remodelaciones en su vivienda.

Otro nombre que aparece en la trama es el de Juan José Roncagliolo Monge, entonces subgerente de Movilidad Urbana y Seguridad. La investigación sostiene que habría autorizado contrataciones y coordinado con alias Pulpo el ingreso de personal vinculado a la red. En diciembre de 2025, Roncagliolo renunció a la Municipalidad de La Victoria para asumir un cargo de confianza en el Programa Nacional de Centros Juveniles del Ministerio de Justicia. Además, estaba inscrito como militante del partido Fe en el Perú.

El caso también incorpora los ingresos de otros presuntos integrantes de la red. Rosa Balbina Aragón, ubicada por los investigadores en una segunda línea de mando, habría registrado movimientos superiores a 965 mil soles. En paralelo, Rubén Cano habría presentado ingresos por 293 mil soles y egresos por 473 mil soles entre enero de 2023 y octubre de 2024, generando un desbalance que la Fiscalía estima en 170 mil soles. En el caso de Juan José Roncagliolo, el informe financiero ubica ingresos por 200 mil soles.

Las imágenes de vigilancia, los seguimientos y las intervenciones ejecutadas por la Diviac, la Digemin y el Ministerio Público terminaron mostrando a miembros de la red coordinando con personal municipal, mientras la estructura seguía operando en las calles de Gamarra como si fuera parte del mismo engranaje administrativo. La intervención policial y fiscal permitió ubicar a varios implicados y ejecutar allanamientos y detenciones, aunque en algunos casos los investigados intentaron evadir el operativo o negar vínculos domiciliarios. En el caso de Anthony Quispe Figueroa, su salida antes de la intervención no impidió que fuera detenido a pocas cuadras de su vivienda.