
El Perú avanza hacia una segunda vuelta presidencial el 7 de junio de 2026 en medio de incertidumbre, controversias y cambios operativos que marcarán la jornada definitoria. Con más del 98,258% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori lidera la primera vuelta con 2.826.155 votos válidos (17,139%), pero la definición del segundo finalista permanece abierta en una disputa técnica que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no resolverá antes de mediados de mayo.
En tanto, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú suma 1.984.946 votos (12,038%), mientras que Rafael López Aliaga de Renovación Popular acumula 1.961.349 votos (11,895%). La diferencia entre ambos es de apenas 23.597 sufragios, una brecha que podría modificarse con la resolución de las actas observadas, impugnadas y los 85 pedidos de nulidad que el JNE procesa en este momento.
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Quién va a la segunda vuelta y cuándo será el debate
La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, confirmó que los resultados presidenciales definitivos estarán disponibles “por lo menos para la quincena de mayo”. Solo entonces podrá organizarse el debate presidencial oficial, que el JNE planea celebrar en la tercera semana de ese mes, con transmisión por el canal del Estado.
El formato del debate contemplará cuatro ejes temáticos: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, integridad pública y combate a la corrupción, empleo y desarrollo, y educación e innovación. El antecedente más reciente fue el debate de segunda vuelta de 2021, cuando Pedro Castillo y Keiko Fujimori se enfrentaron en el mismo escenario.
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No se anulan las Elecciones 2026
El presidente del JNE, Roberto Burneo, descartó la posibilidad de anular la elección o convocar elecciones complementarias. “La Ley Orgánica de Elecciones solo permite la nulidad total si los votos nulos o en blanco superan los dos tercios del total emitido, o si los procesos anulados representan al menos un tercio de la votación nacional válida”, precisó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Considerando que participaron aproximadamente 19 millones de ciudadanos, se requerirían al menos 12,5 millones de votos nulos para activar ese mecanismo, un umbral inalcanzable en el escenario actual.
La ONPE descarta el STAE y vuelve al voto en papel
Uno de los cambios más relevantes para el balotaje es la decisión de la ONPE de prescindir del sistema de apoyo digital al escrutinio (STAE) en la segunda vuelta. El jefe interino del organismo, Bernardo Pachas, confirmó que se volverá al método tradicional de actas en papel, argumentando que “para la segunda vuelta entran dos contendientes y el proceso de escrutinio es más sencillo, más práctico, más intuitivo”.
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El STAE fue utilizado en Lima Metropolitana y el Callao durante la primera vuelta del 12 de abril, donde se instalaron 29.266 mesas bajo ese sistema. Sin embargo, la herramienta presentó fallas en la impresión de actas, problemas con el suministro de tinta y demoras que contribuyeron al caos logístico de esa jornada. El kit tecnológico, que incluía laptop, impresora, USB y mouse, fue adquirido por el Estado a través de Perú Compras. La Gerencia de Administración de la ONPE deberá decidir el destino de ese material, que podría transferirse o donarse a otras entidades públicas.
El retorno al escrutinio manual implica una reorganización logística completa. Los miembros de mesa deberán contar los votos y completar las actas a mano, bajo una cadena de custodia estricta supervisada por coordinadores de mesa, representantes del Jurado Electoral Especial y personal policial. El constitucionalista Aníbal Quiroga advirtió que “hay una responsabilidad desde la máxima autoridad en la ONPE hasta el funcionario que dejó abandonadas ánforas en un taxi”, en referencia a los extravíos de material registrados en la primera vuelta.
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El antivoto como factor decisivo: lo que dicen las encuestas
Según la última encuesta de IPSOS Apoyo, la segunda vuelta del 7 de junio se perfila como un “empate técnico”, con ambos candidatos probables sumando 38% de intención de voto. Sin embargo, el dato más relevante no es el respaldo, sino el rechazo.
Alfredo Torres, presidente ejecutivo de IPSOS, señaló que el antivoto hacia Fujimori descendió de 59% el 2 de abril a 48% en la medición del 23 y 24 de abril, su mejor registro en años. Al mismo tiempo, el antivoto hacia Sánchez subió de 39% a 44% en el mismo periodo. “Si bien el margen de diferencia fue mínimo en los procesos de 2016 y 2021, el problema es que este antivoto sería determinante en estas elecciones”, advirtió Torres.
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El especialista atribuyó el aumento del rechazo a Sánchez a una serie de errores de campaña: la inclusión y posterior descarte de Antauro Humala en su equipo, la propuesta de designar a José Domingo Pérez como ministro de Justicia y la mención de Hernando Cevallos como posible titular del Ministerio de Salud. “Sánchez está cometiendo errores no forzados”, resumió Torres.
Fujimori, por su parte, enfrenta el peso de tres segundas vueltas perdidas consecutivamente, en 2011, 2016 y 2021, todas ellas condicionadas por el antivoto. La candidata de Fuerza Popular busca proyectar una imagen menos polarizadora y fortalecer su presencia en el voto rural, mientras que Sánchez intenta consolidarse en Lima, la región con mayor peso electoral del país.
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La auditoría informática y la crisis de confianza
Ante la desconfianza ciudadana generada por los fallos del 12 de abril, el JNE anunció la realización de una auditoría informática integral al proceso de la primera vuelta. El organismo precisó que el Comité Académico de Expertos será ampliado con especialistas nacionales e internacionales en tecnología, ciberseguridad y auditoría de sistemas, con el objetivo de validar los procedimientos bajo criterios técnicos independientes.
Sin embargo, el experto electoral José Jaúregui cuestionó la medida. “Es un poco contradictorio que el Jurado plantee hacer una auditoría cuando se supone que ya hizo una fiscalización técnica, que es su competencia constitucional”, señaló en Canal N. Jaúregui advirtió además que la iniciativa podría interpretarse como una invasión de las competencias propias de la ONPE y generar “instrumentalización política” en un contexto ya de por sí tenso.
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La Cámara de Comercio de Lima (CCL) también se pronunció, calificando de “inaceptable” que se relativice que aproximadamente 500.000 ciudadanos no hayan podido ejercer su derecho al voto el 12 de abril por fallas directas del Estado. El gremio advirtió que varios proyectos de inversión permanecen paralizados y que capitales de importancia evalúan su salida del país ante la incertidumbre entre el 7 de junio y el 28 de julio.

Lo que resta antes del 7 de junio
El presidente José María Balcázar confirmó que el Ejecutivo ya asignó los recursos presupuestales necesarios para la segunda vuelta. “El Gobierno solo tiene la función de proveer los fondos económicos necesarios y eso ya se ha cumplido”, indicó el mandatario, quien reafirmó el respeto del Ejecutivo a la autonomía de los organismos electorales.
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Los miembros de mesa designados en la primera vuelta deberán cumplir nuevamente con su función el 7 de junio sin necesidad de un nuevo sorteo, bajo pena de una multa de S/ 275 en caso de inasistencia injustificada. Quienes cumplan recibirán una compensación de S/ 165, el mismo monto que en la primera vuelta. No será posible cambiar el local de votación, ya que el padrón electoral se cerró con anterioridad al proceso.

La JNJ, por su parte, ya publicó el cronograma del concurso público para designar al nuevo jefe de la ONPE, tras la renuncia de Piero Corvetto. La designación se concretaría a inicios de julio, cuando el candidato elegido jure el cargo tras superar cuatro etapas eliminatorias con un mínimo de 70 puntos sobre 100 en cada una.
¿Aplazarán la fecha?
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú anunció la realización de una auditoría informática internacional tras la primera vuelta de las elecciones generales 2026, celebrada el 12 de abril y marcada por denuncias de irregularidades y un conteo ajustado entre los candidatos. Esta auditoría busca reforzar la transparencia y la confianza en los resultados, aunque ha generado debate sobre competencias institucionales y los plazos del cronograma electoral, ya que no se han definido fechas exactas para su inicio y conclusión.
Mientras la autoridad electoral asegura que la segunda vuelta electoral ocurrirá como estaba prevista el 7 de junio y que la auditoría no alterará el calendario oficial, persisten incertidumbres sobre posibles retrasos en la proclamación presidencial programada para el 28 de julio, en un ambiente de polarización y cuestionamientos a la organización electoral.
Resultados ONPE

Con el 98.454 % de las actas escrutadas por la ONPE, Keiko Fujimori ha asegurado su lugar en la segunda vuelta electoral programada para el 7 de junio. La candidata de Fuerza Popular lidera el conteo con 2,831,702 votos válidos, alcanzando el 17.143 % del total y consolidando su posición para el balotaje definitivo.
La disputa por el segundo cupo se define a favor de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, quien registra el 12.041 % de los votos. Por su parte, Rafael López Aliaga queda fuera de la contienda en el tercer puesto, con una diferencia de apenas 24,011 votos respecto a Sánchez, lo que confirma la dupla que competirá en la siguiente etapa del proceso electoral.
Fecha límite para revisar actas impugnadas
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció el jueves 7 de mayo como fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) lleven a cabo las audiencias públicas de recuento de votos correspondientes a las actas observadas e impugnadas en las Elecciones Presidenciales 2026. Este procedimiento constituye un paso previo fundamental para definir al candidato que acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral. Así lo confirmó la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, quien precisó que los resultados presidenciales definitivos estarán disponibles “por lo menos para la quincena de mayo”.

La medida, adoptada por el pleno del JNE el 22 de abril y publicada en el portal institucional del organismo, responde a la necesidad de garantizar el desarrollo oportuno de las etapas subsecuentes del proceso electoral. Estas etapas comprenden el registro de resultados, la proclamación de los candidatos electos y la elaboración y entrega de credenciales, tareas que dependen directamente de la culminación del recuento y validación de las actas.
De acuerdo con la normativa vigente, las actas observadas relacionadas con votos preferenciales detectadas en los centros de cómputo de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) no se incluyen en el proceso de recuento llevado a cabo por los JEE. Su resolución se efectúa mediante el cotejo de los documentos originales, conforme a lo estipulado en la Resolución N.° 0180-2025-JNE.
El papel de la MML

Renzo Reggiardo, en representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ha interpuesto una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de suspender los efectos de un acuerdo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esta acción legal cuestiona la decisión del organismo electoral de no convocar a elecciones complementarias en diversos distritos de la capital, argumentando que se está vulnerando el derecho al sufragio de más de un millón de ciudadanos que no pudieron emitir su voto debido a problemas logísticos y de instalación de mesas.
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