La minería ilegal movió más de US$ 6 mil millones en el sistema financiero en la última década

En los últimos años, la minería ilegal se ha consolidado como la principal economía ilícita en el Perú. Según estimaciones del IPE, en 2025, las exportaciones de oro ilegal superaron los US$ 11,500 millones, un monto 6.5 veces mayor que hace una década y casi equivalente al valor del oro legal exportado. Este fenómeno se ha intensificado en un contexto de precios altos: en abril de 2026, el precio del oro promedió US$ 4,695 por onza, el triple que a inicios de 2019 (US$ 1,322). Estas cifras evidencian que se trata de una economía ilícita de gran escala, vinculada al crimen organizado, lavado de activos y narcotráfico.

El auge de la minería ilegal y otras actividades ilícitas

La magnitud del dinero que mueve la minería ilegal se refleja en el sistema financiero. Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) asociados a minería ilegal, alertados por bancos, cajas municipales y otros a la SBS, se multiplicaron por diez entre 2019 y 2025. Tras revisar estos reportes, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS reportó que en la última década esta actividad concentró más de la mitad de los flujos por posibles delitos (más de US$ 6 mil millones), consolidándose como el principal medio de lavado de activos del país.

La mayor escala de estos flujos financieros refleja vínculos entre la minería ilegal y grandes redes criminales. Las denuncias vinculadas a minería ilegal, registradas en el Ministerio del Interior, se triplicaron entre 2020 y 2025, aumentando de 2.5 a 7.6 por cada cien mil habitantes. A su vez, la tasa de homicidios se duplicó en el mismo periodo, de 3.6 a 6.6 por cada cien mil habitantes. A ello se suma que, en territorios como La Convención en Cusco y Tambopata en Madre de Dios, se evidencia una superposición de inscritos al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y cultivos ilícitos de coca identificados por Devida, donde las economías ilegales comparten rutas, insumos y estructuras logísticas.

Piura: Minería ilegal fronteriza

Dada su condición fronteriza, Piura es una de las regiones más expuestas ante la minería ilegal. Los desafíos geográficos del control y vigilancia facilitan el ingreso o salida irregular de maquinaria y minerales sin trazabilidad, así como el uso de rutas de comercialización ilegales.

Al igual que a nivel nacional, la dimensión financiera del problema se evidencia en la región. Los ROS del sistema financiero vinculados a minería ilegal en Piura se multiplicaron por 16 entre 2019 y 2025. Así, en 2025 la región registro el octavo mayor monto a nivel nacional, que ascendió a US$54 millones.

En ese contexto, se evidencia un deterioro en la seguridad. Las denuncias por minería ilegal aumentaron 82.4% entre 2020 y 2025, concentradas en las provincias fronterizas de Sullana y Ayabaca. Esta última concentra el 63% de los registros de Reinfos de la región y cerca de un tercio de estos están suspendidos. Además, Piura pasó de tener la menor tasa de homicidios del país a registrar la séptima más alta, aumentando de 1.0 a 6.9 muertes por cada cien mil habitantes entre 2019 y 2025, superando al promedio nacional (6.6).

Recomendaciones

Las elecciones abren una oportunidad para exigir una estrategia integral que combine la eliminación del Reinfo, trazabilidad de insumos y minerales, fiscalización sostenida y cooperación transfronteriza. Sin embargo, los partidos que pelean el pase a la segunda vuelta plantean enfoques que no abarcan todos los ejes del problema. Ninguno propone eliminar el Reinfo ni establecer plazos improrrogables de formalización. Fuerza Popular enfatiza en operativos, trazabilidad y control de fronteras. Juntos por el Perú propone una mayor intervención estatal en la comercialización del oro de la minería artesanal, modelo que presenta riesgos de legitimación de producción ilegal, como ocurre en Bolivia. Renovación Popular plantea intervención militar directa en focos críticos, sin mecanismos de sostenibilidad operativa ni articulación con la fiscalía.

Elaborado por Paola Herrera, economista senior del IPE, con la colaboración de Matias Buendia.