Crisis en Qali Warma: corrupción, denuncias y cronología de los casos que han puesto en peligro la salud de millones de escolares en Perú

Los problemas de prestación de servicios de alimentación escolar continúan a pesar de que a principios de 2024 se reportó un caso. Denuncias, acusaciones, corrupción, incumplimientos y más que solo han puesto en peligro la salud de millones de escolares en Perú.

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Javier Demartini, señaló que desde el 2023 se ha realizado una reestructuración del programa ante las diversas denuncias. Además, precisa que se le hizo seguimiento a estos casos.

A pocas semanas de haber iniciado las clases escolares, se reportó una intoxicación en la Institución Educativa Secundaria Gamaliel Churata, en el distrito de Cabana, provincia de San Román en Puno. En este entonces, 19 alumnos del quinto grado fueron trasladados a un hospital tras presentar algunos signos de una mala alimentación.

En abril, se reportó que al menos 20 estudiantes de la institución educativa Señor de los Milagros, ubicada en el distrito de Chota, en la región de Cajamarca, presentaron síntomas de intoxicación. Los menores, que consumieron alimentos proporcionados por Qali Warma, fueron trasladados al Hospital José Hernán Soto Cadenillas para recibir atención médica.

Estos incluyeron dolor abdominal, dolor en el pecho, adormecimiento de extremidades y dificultad respiratoria, lo que generó preocupación entre la comunidad escolar. Los escolares se recuperaron luego de la intervención.

De esta manera, la Defensoría del Pueblo pedía que se evalúe declarar en emergencia al programa ante las diversas denuncias. Es así como se haría un cambio en el cargo de director ejecutivo, siendo nombrado Pedro Ripalda Ramírez.

No obstante, las denuncias continuaron y ponían en riesgo la vida de los estudiantes. A principios de mayo, el Congreso de la República aprobó la moción de interpelación contra el ministro.

En agosto, un grupo de 20 estudiantes de la Institución Educativa N° 88049 San Juan Bautista, ubicada en el centro poblado de Cascajal en el distrito de Chimbote, Áncash, resultaron intoxicados tras consumir el almuerzo escolar proporcionado por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

Los menores, cuyas edades oscilan entre los 6 y 12 años, comenzaron a experimentar síntomas como dolores estomacales, náuseas y picazón después de la comida. Casos que han continuado, pero que detrás de esta situación estarían más de una área involucrada.

En las últimas semanas, Punto Final reveló un acto de corrupción que perjudica la salud de los menores de edad. Un presunto esquema de encubrimiento para que no se revele el mal estado de los productos.

La empresa involucrada es Frigoinca, la cual ha ganado 88.5 millones de soles en contratos con el programa estatal Qali Warma en el último semestre. La investigación detalla que se habrían realizado pagos a un funcionario de la Dirección Regional de Salud de Puno para ocultar la insalubridad de sus productos.

Un equipo celular con dos USB que contenían 63 chats muestran mensajes de cómo dos personas coordinan el cambio de muestras de productos en mal estado antes de ser llevado a ser analizado para determinar si fue lo que ocasionó la intoxicación de los estudiantes del colegio de Puno.

El producto en cuestión es la línea de conservas de pollo, carne y cerdo denominada ‘Don Simón’. Según la investigación, estos productos habrían comprometido el bienestar de muchas familias. Al ser evidenciados por el malestar generado en los menores, se gestionó un pago de cerca de 4 mil soles a un funcionario de la Diresa de Puno para encubrir la situación.

Esa conversación sería de Noemi Alvarado, encargada de las ventas de la empresa, y Ronald Loza, Digesa Puno. Aunque la extrabajadora decidió ocultar su identidad y guardar silencio, el último fin de semana salió a dar más detalles de un acto que habría ocasionado la intoxicación de los estudiantes.

Alvarado confesó y acusó que hacían un cambio o combinación a la carne de res con la carne de caballo. Estos productos eran distribuidos en cuatro regiones del país, según su testimonio a Cuarto Poder.

Una grave acusación que llevó a la gestión de Demartini a separar a seis funcionarios involucrados en el caso. Hasta el momento, la Fiscalía se encuentra investigando a los acusados.