‘El cártel de laboratorios’: Indecopi investiga a empresas farmacéuticas por presunta colusión en licitaciones con el Estado

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) lleva a cabo un procedimiento sancionador contra 15 empresas farmacéuticas por presunta colusión en la venta de medicamentos al Estado peruano.

Según la información difundida por Semana Económica, la investigación de la entidad inició en el año 2022 tras hallar una serie de irregularidades en los procesos de licitaciones estatales con conocidos laboratorios para adquirir medicamentos que son destinados a los hospitales y centros de salud a nivel nacional.

Se trata de medicinas para tratar enfermedades oncológicas e inmunosupresores como el metotrexaco para el tratamiento de leucemias agudas, cáncer de cabeza y cuello; además de antianémicos como el sulfato ferroso, suplemento del hierro, entre otros productos farmacéuticos. Figuran también la amoxicilina y azitromicina para el tratamiento de infecciones.

Indecopi sostiene la hipótesis de que estas empresas habrían pactado ciertas posturas o abstenciones durante su participación en las contrataciones públicas a nivel nacional. Operaban bajo un esquema de reparto en el cual seleccionaban a la ganadora del contrato previamente. La empresa elegida presentaba posteriormente una oferta cercana al valor referencial del concurso, mientras que el resto fingía competir o simplemente no se presentaba.

El supuesto pacto habría contemplado también la distribución de la oferta de los productos solicitados. “El acuerdo supuestamente consistía en que, del petitorio de la autoridad de salud, un laboratorio se limitaba a abastecer el producto ABC; el otro hacía lo propio con el producto DEF. De ese modo, ya no competían entre ellos, sino que llegaban a acuerdos para abastecer al Estado”, ha mencionado una fuente de Semana Económica.

La entidad fiscalizadora ha estado investigando el caso durante los últimos dos años, período en el cual ha llevado a cabo varios interrogatorios a las personas implicadas, realizado visitas de inspección y accedido a los correos electrónicos de los ejecutivos de los mencionados laboratorios. Al concluir las pesquisas, preliminarmente habría identificado presuntas responsabilidades individuales en el caso de cinco ejecutivos.

La Comisión de Libre Competencia del Indecopi dispone de un plazo de aproximadamente 18 meses para emitir una resolución sobre el caso. Si se determinan responsabilidades, las multas podrían alcanzar hasta el 12% de los ingresos brutos de cada empresa implicada o de su grupo económico. En cuanto a las personas naturales, las sanciones económicas podrían llegar hasta las 100 UIT, equivalentes a S/515,000.

Mientras esta investigación pone al descubierto la corrupción en el sector empresarial farmacéutico, pacientes y personal médico de varios centros de salud y hospitales regionales a nivel nacional denuncian la falta de medicamentos esenciales para tratar diversas enfermedades crónicas y agudas como como diabetes, hipertensión, cáncer, VIH, tuberculosis, entre otras.

La situación en regiones como San Martín es particularmente crítica. En hospitales como Tocache y Saposoa, y los principales hospitales en Moyobamba y Tarapoto, hay desatención por parte del Cenares. Los directores de estos hospitales han destinado fondos propios para la compra de insumos, destacando la falta de abastecimiento adecuado.

En Piura, informes de Canal N revelaron escasez de medicamentos esenciales como antibióticos y sueros, forzando a pacientes a comprar en otros lugares. María Lupu, presidenta de la Federación Médica de Piura, indicó que la región enfrenta un gran desabastecimiento, lo que ha llevado a un paro de labores para exigir soluciones a estas y otras demandas no atendidas por el gobierno.

La congresista Norma Yarrow solicitó al Ministerio de Salud y a Essalud que proporcionen información urgente sobre posibles irregularidades en los procesos de contratación pública de medicamentos. La solicitud surge luego de que se conociera que 15 empresas farmacéuticas podrían haber conspirado para obtener licitaciones y elevar el precio de los medicamentos, afectando así a la población de menores recursos que enfrenta dificultades para acceder a tratamientos médicos adecuados.

En un oficio dirigido al ministro de Salud, César Vásquez, la parlamentaria expresó su preocupación por las denuncias de que el Indecopi inició un procedimiento sancionador contra las mencionadas empresas. Según la información, estas irregularidades habrían ocurrido entre diciembre de 2006 y febrero de 2020, durante los procesos de licitación para el abastecimiento de medicamentos necesarios para tratar enfermedades graves, como cáncer e infecciones.

La legisladora de Renovación Popular ha solicitado, con carácter urgente, un informe detallado sobre si el Ministerio de Salud detectó irregularidades en las licitaciones públicas en el período mencionado. En ese sentido, señaló que “al amparo del artículo 69° del Reglamento del Congreso de la República, solicito con carácter de urgente, remitir un informe que precise si el Ministerio de Salud detectó alguna irregularidad en las licitaciones públicas para la adquisición de medicamentos en el citado periodo”.