Caso Dina Boluarte por lavado de activos en riesgo: Equipo fiscal pasó de 18 a 4 funcionarios

Mientras la titular de la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, destina más de 16 mil soles para realizar un viaje de siete días a Italia a fin de hacer actividades de apenas dos fechas, el Ministerio Público continúa dando largas a un requerimiento realizado por el fiscal Richard Rojas Gómez. La solicitud, proveniente del despacho de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, lleva el caso de financiamiento ilícito al partido de Perú Libre, en el que se incluyó a la presidenta Dina Boluarte y al prófugo, Vladimir Cerrón.

El informe, que fue revelado el último sábado por El Comercio, precisa que “la Oficina de Programación de la institución que dirige la fiscal de la Nación, Patricia Benavides”, ha dejado suspendido el trámite de renovación de contrato de al menos 14 funcionarios. Todos ellos, asignados al tercer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos, el cual es dirigido por Richard Rojas.

Esta falta de atención a la solicitud deja el equipo en una grave crisis dentro del lugar de trabajo, en donde, hasta mediados de septiembre, trabajaban un total de 18 funcionarios; y que ahora apenas y llega a los 4 integrantes adscritos bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). La situación preocupa, pues los requerimientos cursados por Rojas Gómez se dieron del 21 de agosto al 9 de septiembre y llevan más de un mes sin ser atendidos.

Como consecuencia, el despacho que tiene como una de sus labores el apoyo al equipo especial destinado a la investigación del caso “Dinámicos del Centro” y en el que se revisa el presunto financiamiento ilícito del partido Perú Libre, por el que tanto la presidenta Boluarte como el secretario general del partido, Vladimir Cerrón, se encuentran inmiscuidos; se encuentra ahora funcionando con apenas cuatro miembros, incluido el mismo Rojas Gómez.

Así detalló el informe de la unidad de investigación de dicho medio, en el que se precisa un escrito dirigido a la Fiscalía Superior de Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos. “Debe tenerse en cuenta que este despacho fiscal cuenta únicamente con 3 personales administrativos bajo el régimen CAS (contrato administrativo de servicios)”, se detalla en dicho escrito.

Según un oficio enviado a Benavides por parte de la Oficina de Programación del Ministerio Público, el motivo de esta falta de renovación de 14 miembros del despacho que preside Rojas Gómez se basa en una “falta de presupuesto”, y que, como resultado, “no existe fecha cierta para emisión de las órdenes de servicio solicitadas”.

Mientras tanto, el despacho dirigido por Rojas Gómez se mantiene trabajando con cuatro personas, pese a que, según lo detallado por el mismo fiscal hacia la fiscal superior adjunta, Elssie Garavito, “se tiene en trámite carpetas fiscales emblemáticas, que por su naturaleza y complejidad demandan la dedicación exclusiva de varios locadores de servicios para realizar una diversidad de diligencias”.

El riesgo de que no se pueda continuar con las investigaciones, se replica en la “carga procesal altamente compleja y grave, que requiera contar con el adecuado apoyo administrativo”. El mismo fiscal a cargo del caso contra Dina Boluarte por lavado de activos consideró que “el personal que se tiene es insuficiente para el cumplimiento de toda la actividad fiscal”.

Casos como el financiamiento ilícito de Perú Libre, en el que se implica a Boluarte, al expresidente Pedro Castillo y otros miembros; la investigación de una presunta organización criminal en contra de Perú Libre y en la que se implica a Vladimir Cerrón por la recaudación de dinero ilícito; y la investigación a una familia expuesta tras el escándalo de los Panama Papers se encuentran asignados a un despacho que solo tiene tres personas como miembros de su personal administrativo.

Otra agravante que podría poner en crisis el correcto desarrollo de las diligencias en estos casos, es que se tomen acciones en contra del mismo fiscal Richard Rojas Gómez quien tiene sobre sí un proceso por parte de la Autoridad Nacional de Control Interno (ANC) por no estar presente en su despacho durante una visita de “control funcional-permanencia” que se dio el 18 de agosto. La ANC alega que Rojas “habría brindado información falsa para justificar su no presencia en la visita de control”, hecho que constituiría una falta grave.