El Poder Judicial decidió incorporar como parte procesal al partido político Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular, liderado por el alcalde Rafael López Aliaga) a la investigación fiscal por lavado de activos que implica a otros allegados de la agrupación por el caso Odebrecht.
Según el documento difundido este miércoles, los imputados son José Luna (ahora legislador de Podemos Perú); el asesor Julio Torres; el exmiembro del Comité Directivo del Fondo Metropolitano de Inversiones, Jorge Luis Zegarra; el exregidor Martín Bustamante; el exfuncionario municipal José Quispe; y el exbugomaestre y fundador de la organización, Luis Castañeda Lossio, quien fue excluido de las diligencias tras su deceso.
Sin embargo, la jueza Margarita Salcedo, de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, dispuso que Renovación Popular fuera incluido en la pesquisa ya que habría servido como “estructura financiera y organización política para favorecer la comisión del delito de lavado de activos agravado”, de acuerdo con su resolución.
“Debe ser incorporado al proceso a fin de que sea considerado como parte investigada, y con base en ello pueda afrontar responsabilidades indemnizatorias, directas o subsidiarias, así como la correspondiente sanción penal en su modalidad especial de consecuencia accesoria”, sigue el texto al mencionar que tanto Odebrecht (US$ 200,000.00) y OAS (US$ 4800,000.00) habrían entregado cerca de cinco millones durante la campaña presidencial del 2011 y la municipal del 2014.
“Corresponderá, de ser el caso, como consecuencia accesoria, la disolución y liquidación del partido [...], [ya que] generaría alta probabilidad que sus representantes legales reiteren la misma acción o conducta de volver a utilizar dicha persona jurídica para captar dinero de procedencia presuntamente ilícita”, desliza el documento.
Renovación Popular deberá notificar sobre la designación de un apoderado judicial en “un plazo de cinco días”. El propio López Aliaga está inmerso en otro proceso desde mediados de 2022, cuando la fiscal Manuela Villar, del segundo despacho de la primera fiscalía supraprovincial especializada en lavado de activos, formalizó una investigación preparatoria en su contra.
El caso, que salpica a uno de sus socios y tres de sus compañías offshore, se remonta al 2017, a raíz de las revelaciones de los Panama Papers, la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
IDL-Reporteros, que contribuyó al informe, reveló las compañías extraterritoriales constituidas por el alcalde de Lima, a través de la firma panameña Mossack Fonseca, después de una investigación iniciada por el equipo especial Lava Jato.
Según el equipo fiscal, hubo un esquema de corrupción en la Caja Metropolitana de Lima que favoreció al político ultraconservador con más de un millón de soles en contratos suscritos por dos de sus compañías durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán.
Como parte de esta investigación, el Ministerio Público ordenó una pericia contable financiera entre 2010 y 2018 que identificó, posteriormente, un incremento patrimonial no justificado de 20.899.128 soles. “Incremento que no se ha podido evidenciar su procedencia ni origen, los mismos que son considerados como operaciones de conductas inusuales, contables y financieras, importe que debe ser acreditado por el investigado, de lo contrario pasará a conformar el desbalance patrimonial”, se lee en el informe elaborado por la Oficina de Peritajes.
La Fiscalía, entonces, amplió el periodo de investigación a 2010 y 2021, basándose en que los imputados presentaron pericias contables de 2021. Sin embargo, López Aliaga persiste en su intento de librarse de la investigación, vía tutela de derechos.
El recurso ya fue rechazado en primera instancia, aunque su defensa apeló la decisión y el caso ahora es analizado por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
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