Joaquín Ramírez: fiscal que incautó sus propiedades lo hizo con una orden judicial caduca y ahora afronta una investigación

El pasado 24 de abril, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó todo un despliegue para incautar aproximadamente 295 bienes que le pertenecían a Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular y actual alcalde de Cajamarca, en el marco de la investigación por el presunto delito de lavado de activos.

El fiscal especializado en lavado de activos, Wilson Salazar Roque, fue el encargado de liderar el megaoperativo que se llevó a cabo en distritos de Lima Metropolitana y regiones como Cajamarca, Piura, Trujillo y Ayacucho. Sin embargo, todo esta gran diligencia podría quedar en nada debido a que hizo con una aparente orden caduca.

Según el diario La República, la Autoridad Nacional de Control inició una indagación contra Salazar por presuntamente haber tenido una inconducta funcional con los allanamientos a las propiedades de Ramírez Orbegoso que estaban estipuladas a que se hagan el 6 de abril, pero él lo hizo cinco días después de la autorización que el juez Víctor Zúñiga Urday.

Debido a este hecho irregular, la defensa legal de la Universidad Alas Peruanas, cuyas sedes fueron intervenidas, decidió denunciar al fiscal Salazar. Como consecuencia, le abrieron un expediente porque se encontraron suficientes elementos para hacerlo.

“Resulta necesario iniciar la investigación preliminar correspondiente a fin que los hechos materia de cuestionamiento sean esclarecidos. [...] Abrir investigación preliminar por el plazo de 30 días hábiles contra Wilson Salazar Reque por presunta falta disciplinaria”, se lee en la disposición.

El fiscal adjunto supremo Javier Luna García será el encargado de evaluar el comportamiento del fiscal del caso de Joaquín Ramírez. Por ello, le ha pedido “un informe relacionado a la investigación fiscal en contra de la Universidad Alas Peruanas (…), debiendo informar, especificar y remitir (…) copias certificadas de las principales piezas procesales concernientes a la medida restrictiva de incautación de bienes inmuebles, muebles, acciones, descerraje y allanamiento de bienes inmuebles con fines de incautación cautelar e instrumental en contra de la mencionada universidad”.

Además, la autoridad le remitió al juez Zuñiga “copias certificadas de la resolución del 14 de marzo de 2023 que decretó la medida de incautación, allanamiento y descerraje, así como los cargos de notificación efectuados respecto a las resoluciones del doctor Wilson Salazar Reque, fiscal adjunto provincial titular de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos”.

En caso se compruebe la inconducta funcional del fiscal Salazar, podría quedar fuera del caso.

Hay que señalar que Joaquín Ramírez también mencionó sobre la diligencia que el fiscal Salazar llevó a cabo en abril pasado.

Según el diario La República, Ramírez elevó un recurso ante el Poder Judicial para cuestionar la legitimidad y la constitucionalidad de la medida adoptada por el Cuarto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria.

El exhombre de confianza de Keiko Fujimori ha señalado que la medida de incautación y desposesión de los bienes no ha sido suficientemente fundamentada. Incluso, consideró como innecesario esto porque citó que Registros Públicos no le permite desde marzo del 2021 que haga una transferencia de los mismos por una orden judicial.

Ramírez refirió que no existen elementos de convicción que certifiquen que sus bienes vayan a desaparecer en medio de la investigación al que se encuentra sometido. El expediente subirá a la Sala Nacional de Apelaciones para que examine el caso y tome una decisión. Si hay un fallo a favor de Joaquín Ramírez, todo el despliegue policial y fiscal que se hizo no habrá servido para nada.

Hay que recordar que el ministro del Interior, Vicente Romero, afirmó que el operativo de incautación de bienes de Joaquín Ramírez ha sido el segundo “caso más grande de lavado de activos” en el Perú por detrás del realizado al empresario Rodolfo Orellana, quien lideraba una poderosa red criminal extendida por casi todo el país, con casi 80 involucrados.