Joaquín Ramírez busca anular las incautaciones de sus bienes hechas por la Fiscalía y la Policía

El 12 de abril pasado la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) inició la incautación de los bienes e inmuebles que están vinculados a Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular, quien es investigado por el presunto delito de lavado de activos. Empezó por los locales de la Universidad Alas Peruanas en Lima y continuó en días posteriores en otras regiones del país como Cajamarca, Piura, Trujillo y Ayacucho, entre otros.

A casi un mes de estas diligencias, la defensa legal del alcalde provincial de Cajamarca ha presentado una apelación para que los 256 propiedades que le despojaron vuelvan a su poder. Según el diario La República, Ramírez elevó un recurso ante el Poder Judicial para cuestionar la legitimidad y la constitucionalidad de la medida adoptada por el Cuarto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria.

El exhombre de confianza de Keiko Fujimori ha señalado que la medida de incautación y desposesión de los bienes no ha sido suficientemente fundamentada. Incluso, consideró como innecesario esto porque citó que Registros Públicos no le permite desde marzo del 2021 que haga una transferencia de los mismos por una orden judicial.

Ramírez refirió que no existen elementos de convicción que certifiquen que sus bienes vayan a desaparecer en medio de la investigación al que se encuentra sometido y que la orden judicial de incautación que se dispuso tenía un mandato vencido porque salió el 14 de marzo pasado y el fiscal Wilson Salazar tenía un plazo de dos semanas para ejecutarlo, pero casi un mes después lo hizo.

El expediente subirá a la Sala Nacional de Apelaciones para que examine el caso y tome una decisión. Si hay un fallo a favor de Joaquín Ramírez, todo el despliegue policial y fiscal que se hizo no habrá servido para nada.

Hay que recordar que el ministro del Interior, Vicente Romero, afirmó que el operativo de incautación de bienes contra el alcalde de Cajamarca y exsecretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, ha desentrañado el segundo “caso más grande de lavado de activos” en el Perú.

Romero indicó que esta investigación solo es comparada con el caso Orellana, que implicó al empresario Rodolfo Orellana, ahora encarcelado, y descubrió una poderosa red criminal extendida por casi todo el país, con casi 80 involucrados en 112 hechos de lavado de activos.

Según Romero, los resultados del operativo han mostrado “la efectividad y profesionalidad” de la Policía Nacional y la Fiscalía para enfrentar al crimen organizado.

El Ministerio Público contaría con un testimonio clave que podría aportar a aclarar el panorama de la investigación por el presunto delito de lavado de activos que se le sigue a Joaquín Ramírez.

Según una investigación del diario El Comercio, la contadora Magaly Ramos detalló a los fiscales en el 2019 que Ramírez Gamarra manejaba directamente las finanzas de sus empresas, bajo sospecha de lavar más de S/ 1 000 millones, mientras era congresista de la República por el partido Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular).

Ramos contó que fue contratada en el 2012 para ofrecer sus servicios a las firmas comerciales de Joaquín Ramírez: Constructora Inmobiliaria Habitaría S.A.C. y Lima Ingeniería y Construcción S.A.C. Luego, ella agregó que se hizo cargo también de las finanzas de otras seis empresas del exlegislador fujimorista entre las que se encontraba la Universidad Alas Peruanas.

La contadora indicó que la Universidad Alas Peruanas le otorgó sendos préstamos a las empresas de Ramírez Gamarra, quien tenía pleno conocimiento de estas movidas, entre agosto del 2014 y junio del 2015. De acuerdo a su declaración ante el Ministerio Público, el dinero que salió de las arcas de la institución universitaria nunca fue devuelto.

Adicionalmente, un tercer indicio de la influencia de Joaquín Ramírez en sus negocios, a pesar de que ejercía la función de congresista, es que seguía supervisando las obras que realizaba su inmobiliaria Constructora e Inmobiliria Habitaria S.A.C. en el 2013 en zonas ubicadas en distritos de Lima como Pueblo Libre.