Joaquín Ramírez y lo que se sabe de la investigación de lavado de activos más grande del Perú, después del caso Orellana

El nombre Joaquín Ramírez, investigado alcalde de Cajamarca, también recordado por ser dueño de la Universidad Alas Peruanas y su cercanía con Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular, captó en las últimas horas la atención de los medios de comunicación y de la población en general. Su caso, según información de las autoridades, es “el segundo más grande de lavado de activos en el Perú”.

“Después del caso Orellana, este es el más grande en el Perú en tema de lavado de activos”, afirmó el titular del Ministerio del Interior, Vicente Romero, durante una rueda de prensa este martes 11 de abril. No es para menos, durante el megaoperativo por el proceso contra Ramírez se incautó más de mil millones de dólares que se dividen en 295 bienes, edificios, vehículos, aeronaves e inmuebles.

Pese a la enorme cantidad de dinero que, de acuerdo a la tesis fiscal, habría lavado Ramírez y su familia bajo la fachada de la Universidad Alas Peruanas y otras empresas, este aseguró que se encuentra tranquilo y “quien no de la debe, no la teme”. “Nosotros tenemos un recorrido empresarial extraordinario, intachable”, manifestó, mientras terminaban de allanarlo.

Para el Ministerio Público, Ramírez y al menos 13 de sus familiares habrían montado una presunta organización criminal dedicada al fraude y blanqueo de dinero. Un informe pericial contable estableció que el monto de lavado de activos presuntamente superaría ampliamente los 183 millones de dólares.

De acuerdo al organigrama elaborado por los fiscales sobre esta supuesta red criminal, existirían tres brazos: dirigencial, comercial y político.

En el brazo dirigencial, según las investigaciones, estarían Maribel Lucrecia Ramírez Gallegos y Nancy Lizbeth Ramírez Gallegos, cuya función habría sido instrumentalizar a la menciona casa de estudios para la comisión de actos fraudulentos.

Siguiendo con las sospechas fiscales, Joaquín Ramírez aparecería en el brazo comercial junto a su hermano Osías Ramírez Gamarra, además de otros de sus familiares y personas de confianza de su entorno.

Asimismo, el Ministerio Público señaló que el brazo político estaría integrado por Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, tres veces candidata presidencial e hija del sentenciado exmandatario Alberto Fujimori, así como por Pier Figari. Se cree que ambos supuestamente captaron fondos ilícitos para obtener poder político y “así blindar a la organización criminal”.

Al hacerse pública el inicio de las investigaciones contra el también excongresistas y ex secretario general de Fuerza Popular, este sostuvo con firmeza que su dinero era como consecuencia “del trabajo duro”, desde que empezó como cobrador de combi levantándose a las 5 de la mañana todos los días.

La tranquilidad que dice tener Joaquín Ramírez y su “trabajo duro” de respaldo podría verse opacada por cuatro serios cargos en su contra, vinculadas al blanqueo de millonarias sumas de dinero. Estas, de acuerdo al equipo de fiscales, serían:

1. La conversión del dinero maculado mediante aportes al capital social de las 22 personas jurídicas que constituían”, entre ellas constructoras, empresas importadoras, tecnológicas, entre otras.

2. La transferencia de dinero blanqueado entre empresas de fachadas.

3. En la supuesta cadena del lavado, la realización de actos de conversión mediante la apertura de cuentas bancarias a nombre de terceros entre los años 2004 y 2018.

4. Hacer presuntos actos de conversión mediante la compra de 22 bienes inmuebles y 2 bienes muebles entre 2002 y 2017.

El caso de Joaquín Ramírez resultó sospechoso para la Fiscalía de Perú, sobre todo cuando fue acusado por un excolaborador de la DEA de financiar a Keiko Fujimori en su campaña presidencial en el 2016 con S/8,2 millones generados por lavado de activos.

De acuerdo a sus propias declaraciones, antes de ser parte de la política peruana, Ramírez se dedicó a ser cobrador de combi. “Claro, por supuesto, desde los 19 hasta los 20 años. Yo estudiaba en la universidad en las tardes y en las mañanas de todos los días cobraba. Trabajé año y medio en la combi“, declaró por el 2014.

Además, reveló que mientras estudiaba en la Universidad La Cantuta en los 90, laboró a bordo de una ruta de transportes público que iba desde La Punta hasta La Molina y que dormía en la cochera donde se guardaba la combi.

Para hablar del caso Orellana es preciso hacer referencia al abogado y empresario Rodolfo Orellana, quien es acusado de formar parte de una gigantesca organización criminal junto a su hermana Ludith, que operó por más de una década.

En noviembre de 2014, él fue capturado en la ciudad colombiana de Cali, y su detención remeció la política nacional. Se dice que es el cabecilla de una red de estafa y lavado de activos que logró amasar más de 100 millones de dólares.