
A lo largo de sucesivas intervenciones judiciales, la causa por la propiedad de Pilar y las presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino planteó una cuestión previa: qué tribunal debía investigarla. El 19 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió la controversia de competencia. Reconstruir el recorrido permite comprender sus distintas etapas y reflexionar sobre el modo en que el sistema judicial procesa las discrepancias entre sus órganos.
La investigación comenzó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 3, a cargo de Daniel Rafecas. El magistrado se declaró incompetente en razón de la materia y remitió las actuaciones al fuero Penal Económico. Allí se rechazó inicialmente la atribución de competencia, lo que dio lugar a un conflicto negativo. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal lo resolvió el 12 de diciembre de 2025 a favor del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10.
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Posteriormente se planteó la cuestión territorial. El Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, reclamó intervenir en atención a la ubicación del inmueble investigado en Pilar. El fuero Penal Económico no aceptó desprenderse de las actuaciones. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín se pronunció por Campana. La Cámara Federal de Casación Penal anuló esa decisión y dispuso la intervención de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, que sostuvo la competencia del juzgado especializado de la Ciudad de Buenos Aires.
La cuestión regresó a Casación. Su Sala I, por mayoría integrada por Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, atribuyó la investigación a Campana. Alejandro Slokar votó en disidencia sobre la admisibilidad del recurso. Finalmente, la Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó sin efecto el pronunciamiento y atribuyó la competencia al juzgado federal porteño a cargo de Rafecas.
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El máximo tribunal no se limitó a fijar el órgano competente: formuló observaciones sustanciales sobre la fundamentación de la sentencia revisada, el tratamiento de los argumentos del Ministerio Público Fiscal y la garantía del juez natural. Esos fundamentos merecen ser examinados en sus propios términos y el pronunciamiento debe ser respetado como decisión del órgano que resolvió definitivamente la cuestión.
El itinerario revela, al mismo tiempo, una circunstancia significativa: el magistrado al que finalmente se atribuyó competencia había declinado inicialmente su intervención, y otros órganos judiciales sostuvieron soluciones diferentes en las sucesivas controversias por materia y territorio. No fueron decisiones idénticas ni planteos equivalentes. Tampoco la diversidad de criterios demuestra que todas las resoluciones hayan sido correctas. Sí permite advertir que la definición de competencia atravesó una discusión procesal efectiva, con distintas instancias de revisión.
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El recorrido muestra cómo funciona el sistema de revisión judicial. Los tribunales pueden interpretar de manera diferente las reglas de competencia y esas diferencias se resuelven mediante los recursos previstos por la ley. La decisión de un tribunal superior fija el criterio aplicable al expediente, pero no convierte automáticamente cada interpretación anterior en una conducta reprochable.
La controversia adquirió otra dimensión con una presentación ante el Consejo de la Magistratura relativa a la actuación de dos integrantes de Casación. Acudir a los mecanismos constitucionales de control es legítimo; los magistrados están sujetos a responsabilidad cuando se configuran sus presupuestos legales. Corresponde a los órganos competentes examinar cualquier planteo con objetividad, garantías y sin anticipar conclusiones.
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Precisamente por ello resulta indispensable diferenciar dos planos. Revisar una sentencia supone determinar si su solución jurídica y su fundamentación deben mantenerse. Examinar la responsabilidad de un magistrado exige evaluar conductas concretas y verificar los presupuestos constitucionales correspondientes. Una sentencia revocada, incluso cuando el tribunal superior formula reproches severos, no acredita por ese solo hecho una causal de mal desempeño. Tampoco excluye, por sí misma, que puedan investigarse conductas de especial gravedad.
La Ley 24.937, en su regulación de la potestad disciplinaria del Consejo de la Magistratura, asegura la independencia judicial respecto del contenido de las sentencias. Esa garantía no debe confundirse con una inmunidad general frente a los mecanismos constitucionales de remoción. En el plano interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela, examinó las garantías exigibles cuando se atribuye responsabilidad a magistrados por su actuación jurisdiccional. La enseñanza institucional es que la revisión de las decisiones y la determinación de responsabilidades responden a finalidades y exigencias jurídicas diferentes.
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Esta distinción importa para todos. Para quienes acuden a la Justicia, porque necesitan reglas previsibles. Para los magistrados, porque deben poder decidir con independencia y asumir las responsabilidades que correspondan. Y para los órganos de control, porque su intervención exige examinar hechos concretos y no solamente el resultado de un recurso.
En expedientes de elevada exposición pública, esa diferenciación adquiere especial relevancia. Las discusiones procesales pueden quedar desplazadas por interpretaciones políticas o personales que no contribuyen a comprender el alcance de las decisiones. La respuesta institucional no consiste en desalentar críticas o denuncias, sino en preservar la especificidad de cada procedimiento y evitar atribuciones de intención que carezcan de sustento suficiente.
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La Argentina necesita reconstruir y consolidar la confianza en sus instituciones. La seguridad jurídica no exige unanimidad entre magistrados; exige previsibilidad, decisiones motivadas, controles legítimos y respeto por las atribuciones constitucionales. Es una condición relevante tanto para los ciudadanos como para la imagen de estabilidad que el país proyecta hacia el exterior. Las controversias judiciales, cuando se tramitan y resuelven institucionalmente, también pueden mostrar la capacidad del sistema para corregirse sin convertir sus diferencias en enfrentamientos personales.

La Corte Suprema ya estableció qué juzgado debe continuar con la investigación. Corresponde respetar esa decisión y permitir que el proceso avance hacia el esclarecimiento de los hechos. Los planteos relativos al desempeño judicial deberán seguir, en su caso, su propio cauce y ser evaluados sin prejuzgamientos.
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La Argentina necesita que sus instituciones puedan discutir, resolver y seguir adelante. La seguridad jurídica también se construye así: con decisiones fundadas, controles serios y diferencias que no se transformen innecesariamente en disputas personales. La Corte resolvió la competencia. Ahora corresponde que la investigación avance y que cada cuestión institucional sea tratada en el ámbito que le corresponde.
*Dr. Jorge Monastersky es abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Posgrado en Derecho Procesal Penal.
X: @JorgeMonasOK | Instagram: @JorgeMonastersky
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