Hay una realidad que no podemos desconocer ya que lo venimos viendo desde hace más de 30 años: el sistema de salud tiene serios problemas de funcionamiento y de financiamiento y, salvo excepciones, no brinda un buen servicio y está en deuda con los argentinos.
Esta crisis, que todos de alguna u otra manera vivenciamos en forma directa o indirecta, vino ocurriendo en los últimos años de la mano de una sobreactuación omnipresente del Estado Nacional, y en particular del Ministerio de Salud de la Nación, que poco ha podido resolver.
Ninguna persona que conozca de cerca del sistema de salud puede negar esta triste realidad. El sistema no puede esperar más: necesita una refundación urgente. Por eso, en primer lugar, a partir del 10 de diciembre planteamos una política pública en materia de salud que no repita los errores del pasado.
Este gobierno se ha propuesto como guía una premisa prioritaria que también aplica para la gestión de la salud: si pretendemos mejores resultados, no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre.
Esta refundación significa un nuevo direccionamiento para la política de salud, cumpliendo con la Constitución Nacional que indica que la Argentina es un país federal con competencias determinadas tanto para la Nación como para las provincias.
Es un cambio de paradigma radical que se lleva a cabo, principalmente, articulando políticas públicas con las distintas jurisdicciones y destinando recursos de manera inteligente y en base a datos sanitarios.
Desregulación, digitalización y redefinición de competencias
En estos primeros cinco meses, y siguiendo el rumbo que nos marcó el presidente Milei, nos propusimos que la cartera sanitaria nacional, en primer lugar, recupere su capacidad rectora. Y lo hicimos a partir de generar nuevos marcos regulatorios con el foco en la demanda, los usuarios de la medicina privada, los beneficiarios de los programas públicos y los jubilados.
Recuperar la capacidad rectora significa rediscutir y plantear nuevas directrices en materia de política sanitaria. Por ejemplo: uno de los temas que siempre se discute en la gestión sanitaria es el porcentaje del presupuesto nacional que se le asigna a la salud, pero nunca se mide la inversión por sus resultados. ¿Qué es mucho o es poco, si no podemos medir su impacto concreto en mejoras sanitarias? No se habla de los resultados.
El cambio cultural también implica impulsar una gestión por resultados, que sea un ordenador para todos los niveles del Estado y, también, para el sector privado.
Todo este cambio comenzamos a realizarlo a partir del 10 de diciembre, aun con el peso de la herencia que nos tocó. El desfinanciamiento del sistema, la falta de recursos humanos y la dificultad de armar equipos de salud, sobre todo en determinadas especialidades básicas, fueron las principales problemáticas con las que nos encontramos. Recibimos una cartera sanitaria donde no existían datos sólidos. No contamos con indicadores, por ejemplo, de la carga de enfermedades por región o acerca de qué medicamentos se indican más por rango etario o lugar de residencia.
Un ejemplo es el Programa Remediar, con más de 20 años desde su creación y aún no cuenta con datos sobre la medicación que se está dispensando y su impacto. La falta de datos no solo impide planificar e invertir mejor el dinero del Estado sino que facilita los negocios o sostener intereses que no redundan en beneficios para la gente. Tenemos que ser capaces de nominalizar a los pacientes de cada programa, tener un indicador de vacunación que represente la realidad.
En esta dirección es que comenzamos a trabajar a partir de una modificación en la regulación y en las políticas nacionales generando nuevos instrumentos de gestión. Al sector privado le dimos la posibilidad de promover una mayor y mejor competitividad con el objetivo de mejorar la calidad de las prestaciones. En el sector público estamos redefiniendo las competencias de los estados nacionales, provinciales y municipales con el fin de hacer más eficiente la gestión de la salud volcando todos los recursos a la mejora de las prestaciones de los servicios sanitarios.
Ya lo pusimos en práctica en el marco del brote del dengue. Complementamos los esfuerzos y fortalecimos la gestión en cada uno de sus niveles. Además, presentamos un Plan Estratégico para el abordaje integral del dengue 2024-2025, en conjunto con las provincias, donde definimos las prioridades sanitarias, atendiendo las particularidades regionales y locales con incentivos económicos a través de instrumentos nacionales de financiamiento para acompañar las acciones desplegadas por las jurisdicciones.
Por otro lado, avanzamos significativamente en la digitalización del sistema sanitario. La primera acción en este sentido será la receta electrónica que a partir del mes de julio será obligatoria en todo el país. Esto nos va a permitir trabajar con los datos reales y entender cuál es la carga de enfermedad que existe en la Argentina por regiones y por localidades, lograr la trazabilidad de los datos y ser más efectivos con los recursos que destinamos.
Comenzamos a trabajar en homogeneizar la calidad de las prestaciones. Nuestro objetivo es que todos los efectores de salud, tanto nacionales, como provinciales y municipales trabajen en red, de manera complementaria para coordinar la atención oportuna y de calidad para la población.
Para ello nuestro rol, desde Nación, en el marco de un sistema federal de Salud, es establecer los principios para que las provincias y los municipios puedan hacerlo. Esto no quiere decir que el Ministerio se desentienda de las políticas sanitarias, ni dejar a la ciudadanía sin prestaciones básicas, sino todo lo contrario. Debemos ordenar la oferta. En materia de vacunas, por ejemplo, tenemos un Calendario Nacional amplio que es la estrategia que define y sostiene el Ministerio para prevenir enfermedades. Queremos que las provincias informen de manera eficiente y oportuna la cantidad de dosis administradas a fin de mejorar las coberturas de los planes de inmunización. No se trata solo de pedir a la Nación que provea la vacuna sino de rendir cuentas de que se hacen con ellas.
Esta fue una de las premisas que trazamos como prioritarias en el encuentro con todos los Ministros en el último COFESA y es como estamos enfrentando cada uno de los desafíos sanitarios que se nos presentan: Definición de los ejes estratégicos, prioridades por región y gestión de los datos para proyectar mejoras.
Un nuevo paradigma
El nuevo paradigma que nos marca el mandato presidencial significa entender el rol del Ministerio de Salud como órgano rector que define la política nacional de salud en coordinación con todos los ministerios de Salud del país. Trabajamos para los 47 millones de argentinos que están afuera del ministerio, no para el statu quo de la salud pública y privada.
Creemos fuertemente en el trabajo conjunto entre Nación, Provincias y Municipios, y estas acciones tienen que ser complementarias, no puede ocurrir que los contribuyentes paguen tres veces por lo mismo y con resultados que no son los esperados.
Junto a la Superintendencia de Servicios de Salud avanzamos en la desregulación del sistema de prepagas tras años de congelamientos, atrasos y discrecionalidades políticas, al mismo tiempo que defendimos y garantizamos la libre competencia en el mercado.
Además, desburocratizamos el sistema a partir de la quita de regulaciones excesivas que existían. Impulsamos la quita de subsidios a privados sin control y pusimos en discusión la responsabilidad de cada provincia en el cobro a extranjeros luego de años de los famosos “tours sanitarios”.
También estamos poniendo en marcha un Plan Nacional de Calidad de la Salud, que ya presentamos en el COFESA, con el objetivo de mejorar las prestaciones y fortalecer la atención en los distintos niveles del Estado. Esto es fundamental que se complemente y articule de manera inteligente con el sector privado.
El sistema de Salud hoy está en situación crítica. Argentina necesita un profundo cambio en la gestión de su sistema si quiere resultados diferentes a los de los últimos 30 años. El Ministerio de Salud de la Nación lo tiene claro y por eso asume un rol efectivo de rectoría, redefine competencias y reorienta la distribución de sus recursos de manera eficiente. El objetivo es tener un sistema equilibrado, con mejores niveles de atención y prestaciones de calidad para todos los argentinos.