¿División de poderes o una maniobra en busca de impunidad para la corrupción?

El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se presentó ante la Cámara de Diputados de la Nación con el fin de defender el proyecto de modificación de innumerables leyes remitido por el Poder Ejecutivo de la Nación.

En particular, hay un tema que a esta altura resulta recurrente, el rol de querellantes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la oficina Anticorrupción (OA). Esta problemática fue planteada ya por el gobierno anterior, ya que es un asunto que claramente incomoda a aquellos que se encuentran en las altas esferas del poder, independientemente de qué lado de la actividad se encuentren (pública o privada).

Durante el gobierno de Alberto Fernández, Félix Croux, por entonces titular de la Oficina Anticorrupción, se encargó de desmantelar el área de querellas de la OA, desistiendo de la acusación en la totalidad de los procesos.

En cuanto a la Unidad de Información Financiera, sí, Sr. Cúneo, es de Información y no de Investigaciones, tal como me cansé de oírlo repetir. Si bien continuó ocupando el rol de querellante en causas de lavado de activos y sus precedentes, bajo la conducción de Carlos Cruz y de su sucesor, Juan Carlos Otero, los abogados de la dirección de querellas sufrieron severas persecuciones sin precedentes, lo que llevó a renuncias y despidos. Cabe recordar los antecedentes de Claudio Castelli (ex director) o de otros abogados que han efectuado presentaciones ante la Jefatura de Gabinete por el acoso sufrido (el cual jamás fue esclarecido).

Lo cierto es que la actuación de la UIF fue vergonzosa, consintió el sobreseimiento de Cristina Fernández en el marco de la causa Vialidad, de empresarios y funcionarios en causas acumuladas a la causa “Cuadernos”, entre otras.

Durante la sesión informativa, el Dr. Cúneo le pidió directamente a la Diputada Silvia Lospennato que le dijera una sola causa en la cual la UIF o la OA fueron fundamentales. Solo para que el ministro tome nota enumeraré un par de las tantas causas en las cuales los aportes de la UIF fueron fundamentales.

La más conocida y contundente fue la “Ruta del Dinero K”, en la cual los planteos de la UIF para que se impulsara la acción, se produjera prueba, se llevaran a cabo indagatorias -tanto de ex funcionarios como de personas que no revistieron la función pública- fueron determinantes para el éxito de las condenas a las que se arribaron.

El rol de la UIF dentro del accionar de la causa seguida contra el “Clan Alé” -capturadores de Marita Verón- fue determinante. La causa por trata de personas terminó en un sobreseimiento. Sin embargo, la causa por lavado (en la cual sí participó la UIF) fue exitoso. Fue un proceso complejo, en el cual los imputados eran amigos de grandes figuras del poder de la provincia de Tucumán, al punto que se recusó a un Juez del tribunal oral durante el proceso del juicio por haberlo encontrado compartiendo una comida con los acusados.

La causa “Luis XV”, llevada contra la familia Álvarez Meyendorff, por tráfico de estupefacientes a Europa, en la que la actuación de la UIF fue ejemplar frente a una pobre actuación del Ministerio Público Fiscal.

Por último, y a mi parecer la más importante, fue la causa llevada a cabo contra Daniel Muñoz (ex secretario de Néstor Kirchner), quien figuraba en la filtración de “Panama Papers”, motivo por el cual fue denunciado por la Dra. Carrió. La causa extrañamente fue cerrada por la justicia con anuencia del Ministerio Público Fiscal.

La Unidad de Información Financiera solicitó que se investigara por lavado de activos a Daniel Muñoz. A raíz de ello se logró demostrar que él y su círculo íntimo no contaban con el perfil patrimonial suficiente para poseer la totalidad de los bienes de su propiedad (tanto en el país como en el extranjero). Ello conllevó a un sinfín de arrepentidos que indicaron dónde se encontraban los bienes -muchos de los cuales fueron decomisados y puestos a disposición del Poder Ejecutivo-, y se determinó que el destino final de los fondos, de casi 65 millones de dólares, fueron las Islas de “Turk and Caicos”. Finalmente, y por los testimonios de los arrepentidos, esta causa terminó siendo acumulada a la causa “Cuadernos” y se encuentran en pleno trámite.

Lo cierto es que resulta llamativo que el Dr. Cúneo Libarona no ha formulado las mismas observaciones respecto al rol de querellante que revisten en la actualidad otros organismos como la AFIP o el Banco Central de la Nación Argentina. Ello se debe a que estos no han sido un obstáculo para el poder de turno, tal como si lo han sido la UIF y la OA.

Es llamativo cómo los fundamentos expuestos por Cúneo para que no se continúe querellando coincide con el planteo de los abogados defensores de ex funcionarios procesados por corrupción, el famoso “Lawfare”. La creación de la doctrina del “lawfare” se debe a un grupo selecto de abogados defensores de ex funcionarios acusados de corrupción, entre cuyos exponentes podemos encontrar a Maximiliano Rusconi, José Manuel Ubeira y Carlos Alberto Beraldi, entre otros.

Parecería que la doctrina de los abogados defensores de ex funcionarios acusados de corrupción habría tenido un exitoso lobby para llegar a hacer propias dichas palabras el ministro de Justicia.

Lo que molesta es el rol de querellante de dos organismos que durante el mandato de Mauricio Macri, bajo la dirección de Mariano Federici (UIF) y Laura Alonso (OA), han tenido un contundente éxito en obtener sentencias penales, entre ellas en causas de corrupción.

Es mi deseo que el ministro recapacite sobre sus dichos y en consecuencia permita que los organismos que tantos resultados nos han dado en el combate contra el lavado de activos y sus precedentes puedan seguir ejerciendo su rol de querellantes.