Inteligencia Artificial y salud: desafíos legales

La aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito de la medicina y de la salud se encuentra en constante expansión y su implementación ofrece grandes expectativas para contribuir, no sólo en una mejor atención del paciente, sino también para facilitar el acceso a la salud en aquellos lugares donde las personas tienen dificultades para acceder a la atención médica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido que la IA es muy prometedora para la práctica de la medicina. En esa línea, remarcó que las oportunidades y los desafíos de la IA están estrechamente vinculados, por lo que resulta necesario diseñar e implementar leyes y políticas que tengan en cuenta los principios éticos necesarios para su aplicación.

Desde la óptica legal, entonces, se presentan desafíos que requieren analizar si las normas jurídicas vigentes pueden dar respuesta a las situaciones actuales o si es necesario adoptar un nuevo marco regulatorio.

Actualmente, desde la utilización de asistentes virtuales en dispositivos hasta ciertas intervenciones quirúrgicas, tienen implementado en su funcionamiento algún mecanismo de IA.

En el campo de la investigación médica y diagnóstico, por ejemplo, se ha utilizado la IA para sistematizar y procesar radiografías de tórax; para la detección del cáncer cervical, para predecir brotes de enfermedades o para interpretar grandes cantidades de datos para facilitar el diagnóstico y aumentar la capacidad de ejecutar iniciativas de tratamiento tempranas.

Estas nuevas herramientas y su evolución han impuesto la necesidad de evaluar los potenciales riesgos y promover su adecuada implementación, de manera tal de asegurar los derechos de los individuos, así como los principios de autonomía, transparencia, supervisión y rigurosidad.

La OMS emitió diversos informes teniendo en cuenta los riesgos y desafíos que la IA plantea. En su documento “Ética y gobernanza de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud” establece la necesidad y la importancia de aplicar principios éticos y de gobernanza, que son fundamentales para la formulación, desarrollo y despliegue de la IA en el ámbito de la salud.

Entre esos principios, la OMS remarca “preservar la autonomía humana”, como principio esencial para que las personas tengan autonomía en la toma de decisiones médicas. Para ello, debe asegurarse la privacidad y la confidencialidad de los datos de salud, así como la obtención del consentimiento informado válido a través de marcos jurídicos adecuados para la protección de datos.

En segundo orden, recomienda que en el diseño de tecnologías de IA se cumplan las disposiciones normativas para usos bien definidos y la implementación de medidas de control de calidad y de mejora continua.

En lo que respecta a la transparencia, se requiere que se documente con información suficiente antes del despliegue de una tecnología de IA y que esa información facilite consultas y debates públicos significativos sobre su uso.

También se recomienda implementar mecanismos que permitan cuestionar las decisiones y establecer puntos de supervisión humana.

La IA aplicada a la salud se debe concebir también de manera que aliente la utilización y el acceso equitativo, por lo que no deben codificar sesgos en detrimento de grupos identificables.

Finalmente, dentro de estos principios, se requiere que la utilización de esta tecnología sea coherente con las iniciativas mundiales para reducir el impacto humano en el medio ambiente, los ecosistemas y el clima terrestre. Por otro lado, la sostenibilidad requiere que los gobiernos y las empresas hagan frente a las perturbaciones previstas en los lugares de trabajo, en particular mediante la capacitación del personal de salud para que se familiarice con el uso de los sistemas de IA.

En el marco de la interacción entre derecho y salud, y a la luz de estas recomendaciones, existen algunos debates actuales.

La Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud establece que son esenciales en el marco de la relación médico-paciente: recibir asistencia sin distinción alguna; recibir trato digno; que se proteja su intimidad; así como a la confidencialidad de sus datos y documentación clínica.

La Ley remarca principalmente la protección de la autonomía del paciente, que conlleva el derecho a aceptar o rechazar determinados procedimientos médicos, así también a revocar posteriormente esa voluntad. Es por ello, que siempre es necesario el previo consentimiento informado del paciente.

Dado que la IA ha permitido el desarrollo de la atención médica a través de robots, así como a través de sistemas de telemedicina o a partir de la implementación de diversos mecanismos de IA, se plantean cambios en el paradigma de atención médica. Por ello, todo mecanismo de IA que se ponga en práctica tiene que respetar el principio de autonomía del paciente en la toma de decisiones y garantizar la necesaria “intervención humana”, de manera tal que las decisiones no deriven exclusivamente de procesos automáticos.

Además, tal cual sucede con el derecho del paciente a recibir información sobre su salud, en el campo de la IA se debe procurar brindar información sobre las características de la tecnología que se va a utilizar y, en su caso, que se van a tomar decisiones de salud basadas en estas herramientas.

Un aspecto adicional y esencial en materia del derecho a la salud es la protección de la información y los datos del paciente.

La utilización de mecanismos que aseguren la inviolabilidad de los datos, así como su confidencialidad resultan entonces críticos, pues la IA aprende y utiliza datos proporcionados por pacientes, por lo que resulta de vital importancia el anonimato en todo el proceso de sistematización de datos.

El desafío será entonces avanzar en la implementación de nuevas herramientas regulatorias y legales que aseguren la no identificación del individuo para la recolección de los datos de salud y evitar la re-identificación con posterioridad, debido a la gran capacidad de la IA de establecer grandes relaciones.

Asegurar la plena vigencia de los derechos y principios reseñados a través de marcos legales específicos se avizora como necesario a futuro.

La autora es socia del Departamento de Litigios de Bomchil, firma de abogados full-service que este año celebra su 100° Aniversario