Argentina tiene un largo historial cuando de regalar recursos se trata. Crecimos con el imaginario de que vivimos en un país cuyas riquezas son inmensurables y, aunque en parte es verdad, esos recursos parecen beneficiar a todos menos a los propios argentinos. Ejemplos sobran, algunos están siempre a la vista como el caso de la milla 200 y la constante pérdida de soberanía del mar argentino, otros salen a la luz cada tanto generando una indignación colectiva que poco dura como pasó por ejemplo con el caso del litio.
Pero los recursos naturales no son los únicos que nuestro Estado rifa como si de cosa de poca importancia se tratara. Los servicios públicos, como la salud, también son entregados en bandeja a disposición de cualquier ciudadano del mundo.
Todos estamos de acuerdo en que el derecho a la salud es un derecho básico universal, pero no podemos dejar de mencionar que para cumplirlo hace falta financiamiento, un financiamiento que sale del bolsillo de cada ciudadano que paga mes a mes los impuestos correspondientes.
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Los países del mundo saben esto y por eso cuando uno viaja al exterior es común contratar un seguro al viajero, ya que del otro lado de la frontera, es raro que a uno le regalen semejantes beneficios. Solo por dar algunos ejemplos: en Italia, a los extranjeros que no pertenecen a la Unión Europea se les cobra el costo de la atención médica recibida, la cual puede variar dependiendo de la región.
En España, la situación es similar exceptuando a las mujeres embarazadas y a los menores de 18 años. En Francia se recomienda contratar un seguro al viajero ya que dependiendo del visado de la persona, la salud es paga para extranjeros. En Colombia toda atención sanitaria es paga, lo mismo pasa en Estados Unidos y así, uno podría seguir eternamente.
Por supuesto que esto nuestra cancillería lo sabe muy bien, y déjenme compartirles una cita que se encuentra en la página oficial de la cancillería argentina: “Los sistemas de salud pública de otros países, en general, no contemplan la atención médica gratuita de los extranjeros que no residan allí de forma regular. Por lo tanto, es útil contratar, antes del inicio del viaje, un seguro de asistencia integral al viajero, mediante una empresa aseguradora que brinde amplia cobertura médica, legal, etc.”
Ante esto me pregunto, ¿no es hora de que regularicemos nuestra política sanitaria para con las personas que no residen en suelo argentino? La provincia de Jujuy ya avanzó en este sentido y ahora su sistema de salud está habilitado a cobrar atención médica brindada a extranjeros. Una medida que ni bien fue presentada generó mucho rechazo por parte de la opinión pública pero que luego, a raíz de varios incidentes de argentinos en países limítrofes ante los cuales no se respetó el principio de reciprocidad, terminó siendo aprobada.
Esto no quiere decir que Jujuy deje de atender a todo aquel que lo necesite, pero sí exige un seguro a todos aquellos extranjeros que no registren aportes impositivos en la provincia. Esto le permite recaudar fondos extras y destinarlos a la mejora del sistema sanitario.
¿Y si CABA siguiera el ejemplo de Jujuy? La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un sistema de salud superior a nivel país, aunque no podemos negar su detrimento en las últimas décadas. Problemas edilicios por falta de mantenimiento que se acentúan todos los años, salarios poco competitivos para el personal de salud a lo que se le suman jornadas de trabajo extendidas, problemas e ineficacia administrativa y falta de insumos médicos, lo que repercute directamente en la eficiencia de la atención que brindan los centros de salud.
Como si esto fuese poco, resulta difícil buscar soluciones efectivas a esta problemática ya que, al igual que pasa en muchas otras áreas, ni siquiera contamos con los datos suficientes debido a que los mismos están muy desactualizados o directamente no hay registro alguno.
Que hoy la CABA ofrezca la gratuidad de la salud como un cheque en blanco para cualquier persona de cualquier país, no ayuda a revertir la situación sino que la empeora, además de que representa una injusticia para aquellos ciudadanos que mantienen el funcionamiento de dicho sistema. El Estado debería velar por los intereses de sus ciudadanos y dialogar con otras naciones para que exista una lógica de reciprocidad sanitaria o bien, comenzar a exigir seguros al viajero que ingrese temporalmente a la Argentina.
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