Estamos entrando al último trimestre del año y se acerca el tiempo del balance. Septiembre es el mes del maestro, de la educación, y los discursos edulcorados no podrán tapar la tragedia educativa en la que estamos inmersos desde hace casi dos años.
La primavera electoral no nos puede hacer olvidar la importancia de la evaluación de los aprendizajes y la necesidad de elaborar un plan para recuperar lo perdido. Dos años perdidos y un retorno que dista mucho de ser masivo en muchas jurisdicciones del país, debido fundamentalmente a que el déficit de infraestructura no ha sido solucionado. Hacinamiento y aulas sin ventanas persisten después de dos años de pandemia.
Pero lo más preocupante es no tener datos sobre qué aprendieron nuestros alumnos y cómo remediaremos el déficit que todos conocemos. En Santa Fe la propuesta de “sábados activos” muestra una vez más el nivel de improvisación y la falta de un objetivo claro de recuperación de los aprendizajes. Con asistencia voluntaria, centrada en la recreación, no se está dando respuesta a lo que los estudiantes necesitan. En este caso, los datos nominales permitirían conocer exactamente la situación y el público objetivo, pero esa información no es pública, aunque los directores de cada escuela sí tienen acceso a ella en tiempo real y, con ello, la llave para una respuesta a la medida de las necesidades de cada institución. Una decisión ejecutiva que muy pocos se atreven a tomar, en un sistema estratificado y jerárquico, que no favorece la creatividad ni la autonomía.
En el orden nacional, hace unos meses el ministro de Educación anunció la postergación de las pruebas Aprender y para ello convocó a un organismo creado por la Ley Nacional de 2006, conformado convenientemente hace un año, con fecha de caducidad en 2023.
El Consejo de la Calidad de la Educación es un órgano colegiado consultivo, constituido por representantes del Ministerio de Educación; del sector del trabajo y la producción; de los sindicatos docentes; del poder legislativo en la figura de los presidentes y vicepresidentes de las comisiones de educación de Diputados y Senadores; y del mundo académico. Su conformación me recordó a la Revolución Francesa, cuando el tercer Estado exigió el voto por cabeza, en lugar del sufragio por estamentos.
Digo esto porque cuando analizamos su composición, la supuesta mayoría de académicos se desvanece frente a la composición del resto de los sectores. Poco podrán influir los especialistas, cuando la mayoría (61%) responde a intereses políticos alineados ideológicamente, con el poder de turno. También es notable la ausencia de representación de los padres porque, aunque la observación sea anacrónica, nos muestra el cambio operado en nuestra sociedad a partir de la pandemia.
Tal vez esa composición estamental explique el tibio documento que emitieron como Recomendación N°3 con fecha 6 de julio. El ejecutivo presentaba Plan Nacional de Evaluación de la Educación 2021-22, para su consideración. Después de cuatro párrafos de loas a los aspectos destacables de dicho plan, destinado a reemplazar a las pruebas Aprender, aparece lo medular: el disenso respecto al carácter censal o muestral de dichas pruebas y la controversia sobre su fecha de realización en 2021 o 2022. Probablemente refleje además el predominio del oficialismo en los grupos que componen ese organismo. Las voces de los catorce académicos se vislumbran en la recomendación que ha destacado la conveniencia de mantener la frecuencia pautada en el calendario escolar. El Consejo Nacional de la Calidad no llegó a un consenso y en la práctica compite con el Consejo Federal de Educación conformado por los ministros de educación de todas las provincias, el órgano que realmente tiene competencia en materia de política educativa.
Lo cierto es que evaluar es una mala palabra en el ámbito educativo y ese concepto nos ha traído hasta este nivel de decadencia. El Gobierno no ha querido evaluar en casi dos años de pandemia, como si esconder los datos, nos impidiera ver lo que la realidad nos devuelve día como resultado de la suspensión de clases presenciales más larga de la historia. Hacer un nuevo plan, muestral con la excusa de la pandemia, no sólo interrumpe una serie histórica, sino que impide que tengamos parámetros fiables de comparación.
Para nuestro mayor desconcierto, a 24 horas de aquél documento, el Consejo Federal de Educación votaba por unanimidad la propuesta del Ministro en la que daba marcha atrás al plan anterior y proponía retomar las pruebas Aprender, aunque las de fin del secundario quedaron para 2022, a pesar de las razonables objeciones de la ministra de CABA, Soledad Acuña.
De este modo, en diciembre de este año se aplicará la prueba de aprendizajes en matemática y lengua a los alumnos de sexto grado de todas las primarias del país. A casi dos años de la tragedia educativa más grande de nuestra historia, la gestión educativa continúa errática y contradictoria, y no hay plan ni certezas para las familias que tan dignamente han defendido el derecho a la educación de sus hijos.
En marzo de 2021 países como Chile, México y Perú aplicaron evaluaciones diagnósticas para reparar el daño ocasionado durante 2020. Planificaron y están ejecutando diversas estrategias de recuperación. En Argentina seguimos discutiendo sobre si la evaluación estigmatiza.
La última evaluación de Aprender nos mostró que el 72% de los alumnos termina el colegio sin saber lo mínimo en matemática y el 40% de los chicos tiene dificultades en lengua y no comprende lo que lee.
En Chile comprobaron, y publicaron sin miedo, que los alumnos apenas habían adquirido el 27% de los contenidos de matemática y el 50% de los de lengua.
¿Podremos tener acceso a resultados transparentes y rápidos? ¿Los docentes y los gremios permitirán que se realice la evaluación? Porque recordemos que en el último operativo de 2018 algunos se negaron a tomarlas y animaron a los estudiantes a no asistir el día de la evaluación.
Sin evaluación no hay de mejora. Nuestro futuro y el de los chicos dependen de las decisiones del presente.
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