El pasado 13 de julio Argentina dio un paso adelante hacia una alimentación saludable, con el dictamen positivo en la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. El proyecto ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores y solo resta su aprobación en la Cámara de Diputados para que se convierta en ley.
Una mala alimentación, producto de la ingesta excesiva de nutrientes críticos, como azúcares, grasas y sodio es una de las principales causas de obesidad, hipertensión arterial, hiperglucemia y colesterol elevado, todos ellos factores de riesgo asociados a la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles. Esta ingesta excesiva proviene en gran medida de productos comestibles y bebidas, procesados y ultraprocesados cuya concentración en exceso no es identificada por las personas al momento de adquirir estos productos y de decidir consumirlos, debido a la falta de información clara al respecto en los envases.
En Argentina, estos factores de riesgo ocasionan más de 140.000 muertes al año por distintas enfermedades, como diabetes, enfermedades cardiovasculares, ACV y enfermedades renales entre otras. También estas enfermedades son las que se asocian a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19.
El país cuenta con uno de los niveles más altos de obesidad en la infancia y la adolescencia de la región de las Américas y, de acuerdo con las últimas encuestas poblacionales, la población adulta presenta más de un 60% de exceso de peso, 34% tiene hipertensión, 30% colesterol alto y un 13% tiene diabetes o glucemia elevada.
Es por ello que la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que establece el sistema de etiquetado frontal de advertencias con octógonos negros en los envases de los productos, es una política efectiva para la prevención de la obesidad y las enfermedades no transmisibles. Otorgar a las personas la información para que elijan con libertad a la hora de consumir productos alimenticios previene las consecuencias de una mala alimentación y sus efectos futuros en su salud y calidad de vida.
Para determinar qué productos deben llevar los logos de advertencias, la ley utiliza el Modelo de Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este modelo se basa en las metas de ingesta de nutrientes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y señala umbrales para identificar productos con excesivo contenido de azúcares, grasas totales, grasas saturadas y sodio. Solo aplica en productos alimenticios y bebidas que están procesados o ultraprocesados, pero no en aquellos que son frescos, naturales o mínimamente procesados como frutas, verduras, carnes, pollo, pescado, arroz, fideos secos, polenta, miel, harinas y legumbres. Tampoco se aplica a los ingredientes para cocinar como aceite, sal de mesa o azúcar.
El modelo de OPS surge de la mejor evidencia científica disponible, es libre de conflictos de interés y utiliza como base el porcentaje de energía que aportan los nutrientes que contienen calorías, volviéndolo aplicable y pertinente para todos los grupos etarios. Por eso, a diferencia de otros sistemas, resulta apropiado para la protección de la población infantil dado que los requisitos energéticos de niños y niñas son inferiores a los de los adultos.
Además, el proyecto de ley aborda también el mejoramiento de los entornos alimentarios escolares y la protección de la población infantil de la publicidad de productos no saludables, capitalizando las experiencias y evidencias generadas a nivel nacional e internacional.
De aprobarse el proyecto con los estándares presentes en la norma aprobada por el Senado, Argentina se constituirá en un verdadero ejemplo a seguir para otros países de la región tanto en materia de salud pública como de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y de mejora del sistema alimentario.
La Organización Panamericana de la Salud celebra este gran paso adelante en el abordaje de la prevención de la creciente epidemia de obesidad en niños, niñas y adolescentes, y de otras enfermedades que afectan a la población argentina, y renueva su compromiso para que el proyecto logre su aprobación y se convierta en ley.
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