“República” no es solo uno de los nombres oficiales de la Argentina, tal como lo dispone la Constitución Nacional en su Art. 35, sino también el régimen de gobierno que ella ha elegido al organizar políticamente al país. Luego, para gobernar respetando las características de dicho sistema, entre las que se encuentra fundamentalmente la independencia del Poder Judicial, quienes ejercen el poder deben conducir los destinos de la Nación observando un estilo de gobierno republicano, que consiste precisamente en gobernar respetando aquellas características.
Por otro lado, el Presidente, al asumir el cargo, ha jurado “observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina”, lo cual significa que ha prometido actuar republicanamente y exigir de sus colaboradores (incluyendo a su “suplente” que preside el Senado) el mismo tipo de conductas.
Lo hasta aquí expuesto no parece difícil de entender. Sin embargo, resultan ser conceptos complejos para los gobiernos populistas. Probablemente el presidente Alberto Fernández no lleve al populismo en su genética política, pero encabeza un gobierno cuyo poder real lo ejerce una ex presidenta que sí lo lleva. Pues al primer mandatario no le resulta fácil lidiar con esa presión e influencia y, por lo tanto, muchas veces actúa y se expresa como un populista.
Alberto Ángel Fernández es el vigésimo cuarto presidente constitucional abogado desde la sanción de nuestra Ley Suprema, motivo por el cual no puede desconocer que un estilo de gobierno republicano se logra erradicando todo tipo de interferencia entre el poder político y el judicial, respetando sin pronunciar palabra los fallos de los jueces, aunque no los comparta, y evitando referirse abiertamente al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como lo ha hecho en una entrevista.
El Presidente tiene una confusión: creer que expresarse sobre el funcionamiento del Máximo Tribunal judicial del país constituye un claro ejercicio de la libertad de expresión. Pues su profesión no puede impedirle advertir que también constituye una evidente presión sobre los magistrados que lo integran. Y es claro que cuando con la expresión ejercida libremente se afecta el funcionamiento del sistema de gobierno previsto en la Ley Fundamental, es justo y necesario evitarla.
El Primer Mandatario no es una “voz” cualquiera. Por el contrario, es la más relevante en el encuadre institucional del país. Es la del Jefe de Estado y Jefe de Gobierno de la Argentina. Es por ello que debe abstenerse de hacer manifestaciones referidas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por cuanto si ellas son críticas, no hacen más que vulnerar o afectar la independencia del Poder Judicial y, por lo tanto, el funcionamiento de un sistema republicano al cual él mismo afirmó pertenecer con toda convicción y al que ha jurado defender en los términos del Art. 93 de la Constitución Nacional.
Es contradictorio autocalificarse de republicano y salir públicamente a denostar a los jueces que integran al máximo órgano del Poder Judicial. Pero insisto en señalar que encabeza un gobierno cuyo poder real recae en alguien que no ha hecho jamás un culto del estilo de gobierno republicano. Cristina Fernández siempre ha subestimado a los jueces por considerar que no tienen legitimidad democrática y los ha exhortado permanentemente a hacer política desde un partido político.
Si el presidente cree que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no funciona adecuadamente, debe limitarse a enviar al Congreso los proyectos de ley que considere para reformular tal funcionamiento. Esa es su potestad, pero no lo es la de estar refiriéndose permanentemente a una supuesta deficiencia en el accionar de dicho órgano, porque ello constituye una mala praxis republicana inadmisible para quien se autoproclama defensor de dicho régimen político.
Demás está decir que los otros dos órganos de gobierno no son violines en cuanto a su funcionamiento. Sin embargo, no pareciera ello resultarle tan grave al Primer Mandatario. La república necesita una justicia independiente y también un Presidente que se abstenga de opinar sobre su funcionamiento y sobre las decisiones judiciales. No solo porque es Presidente, sino porque, además, como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, algún estudiante podría estar escuchándolo.
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