Mientras Morena enfrenta acusaciones de Estados Unidos, el PRI acumula 14 exgobernadores señalados por corrupción y crimen organizado

El escándalo que rodea al gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Morena ante tribunales estadounidenses domina los titulares. Pero la historia reciente de México tiene memoria: el Partido Revolucionario Institucional acumula su propio expediente de exmandatarios señalados —y en varios casos, sentenciados— por los mismos delitos que hoy se le imputan al partido en el poder.

Infobae México elaboró una radiografía del destino legal de 14 exgobernadores priistas, con un patrón que se repite: lavado de dinero, nexos con el crimen organizado, desvíos millonarios y un sistema judicial que, en muchos casos, no logró sostener las condenas.

La narcopolítica que sí llegó a los tribunales

Los casos más contundentes son los que se resolvieron en cortes extranjeras, no mexicanas. Tomás Yarrington (Tamaulipas, 1999-2004) es quizás el ejemplo más ilustrativo: fue condenado en Houston a nueve años de prisión por conspiración para lavado de dinero, tras comprobarse que recibió sobornos de entre 3.5 y 9.5 millones de dólares del Cártel del Golfo y Los Zetas. Deportado a México en abril de 2025, hoy está preso en el Altiplano enfrentando nuevos cargos ante la justicia nacional.

Mario Villanueva (Quintana Roo, 1993-1999), considerado el primer gran caso de narcopolítica de alto nivel en México, fue condenado en Nueva York a 17 años de prisión por entrar el estado al Cártel de Juárez. Hoy, con 77 años y oxígeno-dependiente, purga el resto de su condena en prisión domiciliaria en Chetumal.

Jorge Torres López (Coahuila, interino 2011) fue sentenciado a 36 meses en Texas por lavar 2.7 millones de dólares provenientes de sobornos de contratistas. Cumplió su pena, fue deportado y hoy vive libremente en Saltillo sin ningún proceso activo en México.

Los que el amparo y el sistema local salvaron

Varios exgobernadores enfrentaron cargos en México y terminaron exonerados. Rodrigo Medina (Nuevo León) estuvo preso apenas 18 horas en el penal de Topo Chico en 2017; un amparo por violaciones al debido proceso lo liberó de inmediato y fue absuelto al año siguiente. En julio de 2025, supuestamente fue retenido en aduanas al intentar salir a Estados Unidos.

Eugenio Hernández Flores (Tamaulipas, 2005-2010) libró seis años de prisión y en diciembre de 2025 obtuvo un amparo definitivo que bloqueó su extradición a Texas, donde la DEA lo acusaba de lavar hasta 30 millones de dólares. El argumento: non bis in idem, ya que los hechos habían sido materia de juicio en México. Hoy es Secretario de Operación Política del PVEM.

Humberto Moreira (Coahuila, 2005-2011) es el caso más emblemático de impunidad técnica. Detenido en Madrid en 2016 y señalado en testimonios bajo juramento en el juicio de García Luna, nunca ha enfrentado cargos formales en México. La FGR no ha integrado expediente alguno.

El primer exgobernador condenado en juicio oral

El hito más reciente lo protagoniza Roberto Sandoval (Nayarit, 2011-2017), quien en septiembre de 2025 se convirtió en el primer exgobernador sentenciado bajo el sistema penal acusatorio en México: siete años de prisión por falsificación de documentos para apoderarse de 58 hectáreas ejidales. La fiscalía mantiene causas abiertas por lavado de dinero relacionadas con 156 millones de pesos.

Javier Duarte: la condena que nunca terminó

Javier Duarte (Veracruz, 2010-2016) matematicamente completó su condena de nueve años el 14 de abril de 2026. Sin embargo, semanas antes la FGR lo vinculó a un nuevo proceso por peculado —un desvío de 5 millones de pesos de fondos de salud— imponiéndole prisión preventiva justificada. Sigue en el Reclusorio Norte, ahora enfrentando una acusación que exige 21 años adicionales.

El espejo incómodo

El escándalo de Rocha Moya y los funcionarios de Morena ante los tribunales de Nueva York no ocurre en el vacío. Ocurre en un país donde la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han sido, históricamente, el principal motor real de judicialización de la narcopolítica mexicana —independientemente del color del partido. El PRI lo experimentó durante dos décadas. La pregunta que queda abierta es si el desenlace será distinto.