En medio de las acusaciones de EEUU, Lilly Téllez afirma que Morena no quiere aprobar una ley contra los “narcopartidos”

La senadora Lilly Téllez denunció este 4 de mayo en sus redes sociales que en Estados Unidos un gobernador (a quien no menciona explícitamente, pero hace referencia a Rubén Rocha Moya) enfrenta acusaciones por complicidad con el narco, mientras en México no existen consecuencias legales contra Morena.

Téllez sostuvo que Morena rechaza discutir su iniciativa para cancelar el registro de lo que define como “narcopartidos”.

Además de este señalamiento, la senadora del PAN compartió un enlace en el que da información sobre la propuesta que dio el pasado 29 de abril al Senado para que los partidos políticos vinculados al crimen organizado pierdan su registro.

La senadora Lilly Téllez presenta reforma para cancelar registro de partidos vinculados al crimen organizado

La senadora Lilly Téllez presentó un proyecto de reforma constitucional que plantea la cancelación automática del registro a cualquier partido político que reciba apoyo o financiamiento de la delincuencia organizada, medida que busca eliminar la influencia del crimen en los procesos electorales mexicanos, según la Gaceta del Senado publicada el pasado 29 de abril.

Dicha propuesta ordena que la cancelación del registro sea inmediata cuando exista una sentencia judicial firme que pruebe el vínculo entre el partido y organizaciones criminales, impidiendo cualquier posibilidad de regularización.

El proyecto de la legisladora del PAN abarca cambios en varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establece nuevos lineamientos de fiscalización para el INE.

La reforma exige que el INE emita directrices para verificar el origen legal de los recursos utilizados en campañas, con la obligación de informar al Ministerio Público Federal en caso de identificar recursos ilícitos, así como entregar toda la información relevante sobre partidos, candidatos, personas físicas o morales y sus proveedores vinculados.

Entre las modificaciones, la iniciativa de Téllez considera como violaciones “graves y determinantes” cualquier intervención de la delincuencia organizada a lo largo del proceso electoral, ya sea mediante el financiamiento de campañas, coacción del voto, amenazas a candidatos o autoridades electorales, o la utilización de la violencia generalizada que obstaculice la jornada de votación.

Las resoluciones del INE sobre partidos sancionados serán de aplicación inmediata aunque existan impugnaciones

El proyecto indica que el INE debe ejecutar de inmediato las resoluciones que impongan medidas cautelares, aun si los partidos recurren a medios de impugnación. Estas impugnaciones no tendrán efecto suspensivo sobre las sanciones impuestas por el Instituto.

La reforma también prohíbe expresamente el uso de programas sociales, subsidios, apoyos gubernamentales o cualquier recurso público para influir en favor o en contra de partidos, candidatos o ciudadanos en periodo electoral. El texto señala que la explotación de estos programas con fines políticos será considerada una infracción constitucional.

En los artículos transitorios, la iniciativa define que la Fiscalía General de la República tendría que crear un protocolo específico para investigar delitos electorales cometidos por la delincuencia organizada, integrando mecanismos de protección para testigos, denunciantes y colaboradores en la investigación.

El documento advierte que el incumplimiento injustificado de estas obligaciones por parte del Fiscal General, el Fiscal Especializado o cualquier servidor público adscrito será causa grave de responsabilidad administrativa y podría llevar a la remoción del cargo, así como a eventuales sanciones penales.

La propuesta fue turnada directamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado para su revisión.

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