En una acción coordinada para combatir actividades ilícitas, autoridades de los tres niveles de gobierno decomisaron 214 máquinas tragamonedas en diversos puntos y establecimientos comerciales de Apatzingán, Michoacán. El operativo, resultado de labores de inteligencia, fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Guardia Nacional (GN).
El despliegue se llevó a cabo en cumplimiento de 19 órdenes de cateo en distintos inmuebles de la demarcación. Las máquinas aseguradas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes. En tanto, los equipos quedaron a resguardo de la FGE para la integración de carpetas de investigación por delitos contra la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Este decomiso forma parte de las estrategias implementadas para prevenir y disuadir delitos como la extorsión, ya que el uso de máquinas tragamonedas ilegales ha sido vinculado a actividades delictivas que afectan la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.
¿Qué son las máquinas tragamonedas?
Conocidas también como slots o “maquinitas”, las tragamonedas son dispositivos electrónicos de azar: el usuario inserta una moneda, billete o ficha, acciona un botón o palanca y espera a que los carretes digitales alineen símbolos. Si ocurre una combinación ganadora, la máquina paga premios en efectivo o créditos. Su popularidad radica en la gratificación inmediata y la ilusión de obtener grandes ganancias con pequeñas apuestas.
Sin embargo, la mecánica interna depende de generadores de números aleatorios programados para que la “casa” conserve la ventaja estadística; por ello, organismos internacionales las clasifican como juegos de azar de alto riesgo adictivo. En el país, estos aparatos son recurrentes en locales comerciales como papelerías, tortillerías, tiendas e incluso centros comerciales.
Marco legal y sanciones en México y Michoacán
En México, la operación de tragamonedas está regulada por la Ley Federal de Juegos y Sorteos (1947) y su reglamento (2004). Solo los casinos que cuentan con permiso de la Secretaría de Gobernación (Segob) pueden ofrecerlas. Instalar máquinas en tiendas, misceláneas o bares sin autorización constituye delito federal, penado hasta con cinco años de prisión y multas que oscilan entre 500 y 2 mil UMAs (de 54 mil a 217 mil pesos). Cuando las ganancias se usan para financiar grupos criminales, las sanciones pueden agravarse por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En Michoacán, el artículo 268 del Código Penal estatal tipifica la explotación de juegos de azar sin permiso como delito y con penas de seis meses a tres años de cárcel, así como el decomiso de los aparatos. Además, la ley local faculta a la Secretaría de Seguridad estatal a confiscar máquinas y clausurar negocios reincidentes. Desde 2022 la dependencia mantiene operativos frecuentes porque las “maquinitas” suelen servir de fachada para extorsión, cobro de piso y reclutamiento de menores.
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