Sheinbaum da prioridad a tres iniciativas que buscan simplificar trámites y combatir prácticas monopólicas

Durante la conferencia matutina del 21 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que dará prioridad a tres iniciativas clave, las cuales serán enviadas al Congreso con el objetivo de que puedan ser aprobadas en el actual periodo legislativo.

“Son tres iniciativas: la Ley Nacional para reducir trámites burocráticos y combatir la corrupción, la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley de Competencia relacionada con la Comisión Antimonopolio”, explicó la mandataria.

De acuerdo con lo expuesto por Sheinbaum, estas reformas están diseñadas para dar continuidad a los cambios derivados de la reciente reforma constitucional que afecta a organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La mandataria explicó que estas instituciones concluirán sus funciones para dar paso a nuevos organismos, cuya operación estará alineada con las modificaciones legales propuestas.

Ley Nacional para disminuir trámites burocráticos y corrupción

Una de las iniciativas más destacadas es la Ley Nacional para disminuir trámites burocráticos y corrupción, cuyo propósito principal es simplificar los procesos administrativos tanto para ciudadanos como para empresas.

Según detalló Sheinbaum, esta ley busca establecer un marco normativo que oriente a los estados a modificar sus legislaciones locales, con el fin de homologar los trámites en todo el país.

La presidenta subrayó que el objetivo es reducir la carga burocrática y digitalizar la mayor cantidad posible de procedimientos, permitiendo que estos puedan realizarse a distancia.

“El objetivo es homologar todos los trámites, disminuirlos y que la mayoría sean digitales, busca disminuir la burocracia de estos organismos autónomos pero el fondo es disminuir prácticas monopólicas”, declaró.

Sheinbaum enfatizó que esta medida pretende evitar situaciones comunes en las que los ciudadanos enfrentan múltiples requisitos o trámites innecesarios al interactuar con los gobiernos municipales, estatales o federales.

En el caso de las empresas, la iniciativa busca facilitar las inversiones mediante la creación de una ventanilla única que centralice todos los trámites necesarios, incluyendo aquellos relacionados con impactos ambientales y disponibilidad de recursos como el agua. La mandataria explicó que esta homologación es crucial para eliminar inconsistencias entre municipios y garantizar un entorno más eficiente para las inversiones.

Ley Federal de Competencia Económica

La tercera iniciativa, conocida como Ley Federal de Competencia Económica o ley antimonopolio, fue presentada el pasado 18 de febrero en la Gaceta Parlamentaria por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.

Según consignó el medio El Economista, esta propuesta busca reformar por completo el marco regulatorio de la competencia en México, con el objetivo de combatir prácticas monopólicas y fomentar un mercado más equitativo.

La ley antimonopolio es una pieza central en los esfuerzos del gobierno por garantizar que las empresas operen en condiciones de igualdad y que los consumidores tengan acceso a bienes y servicios a precios justos.

Este nuevo marco legal también está diseñado para fortalecer la supervisión y regulación de los mercados, asegurando que las prácticas empresariales sean transparentes y competitivas.

Modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones

En cuanto a la Ley Federal de Telecomunicaciones, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, informó sobre los avances en la simplificación de trámites federales el pasado 13 de marzo durante “La mañanera del pueblo”.

Según explicó, la meta para este año es reducir un total de 2 mil 309 trámites, de los cuales ya se han simplificado 342. De estos, 197 trámites han sido eliminados o fusionados, lo que ha permitido reducirlos a 151. Además, se han disminuido los requisitos promedio de seis a cuatro, lo que representa una reducción del 34 % en la carga administrativa.

Estas modificaciones están alineadas con el objetivo de modernizar y agilizar los procesos relacionados con las telecomunicaciones, un sector clave para el desarrollo económico y social del país.