Más de 10 aspirantes con pasado polémico relacionado con acoso, narcotráfico, entre otros, buscan ser jueces

Más de diez aspirantes a ocupar cargos importantes se encuentran en el centro de la controversia debido a antecedentes polémicos que han marcado su trayectoria laboral o personal.

A pesar de estos cuestionamientos, buscan desempeñar un rol clave en la administración de justicia, lo que ha suscitado un intenso debate sobre los criterios de selección y la transparencia en los procesos que habilitan a estos postulantes.

Por ello, este panorama plantea interrogantes en la sociedad sobre la integridad y la idoneidad de quienes pretenden ocupar posiciones de alta responsabilidad en el sistema judicial.

Uno de los aspirantes es Francisco Martín Hernández Zaragoza, quien aparece en la lista de candidatos entregada por el Senado al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que le permitirá figurar en la boleta electoral y quien también fue destituido de su cargo como juez de distrito en 2015 tras ser acusado de acoso sexual.

En 2017 la resolución del CJF fue ratificada cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron de manera unánime un recurso de revisión presentado por Hernández Zaragoza. Entre los consejeros que votaron por su destitución en 2015 se encontraba el entonces presidente de la SCJN, Luis María Aguilar.

Por otro lado, también se encuentra el aspirante a juez de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, Fernando Escamilla Villarreal, quien es conocido por haber defendido legalmente a Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como el Z40, quien actualmente se encuentra detenido en los Estados Unidos y es identificado como uno de los líderes más notorios de Los Zetas. También se le vincula con la defensa de Eleazar Medina Rojas, alias El Chelelo, señalado como sicario del Cártel del Golfo.

Jesús Humberto Padilla Briones, aspirante a un cargo judicial en el estado de Nuevo León, enfrenta señalamientos por un incidente ocurrido en julio de 2023, en el que fue detenido por presunta posesión de un arma de fuego y narcomenudeo.

La candidatura de Job Daniel Wong Ibarra, evangelista vinculado a la Iglesia La Luz del Mundo, para ocupar un cargo como magistrado en el estado de Jalisco, desató debate ya que no sólo ha desempeñado un papel religioso dentro de esta congregación, sino que también es conocido por ser uno de los defensores de Naasón Joaquín García, el exlíder de la iglesia que se declaró culpable en Estados Unidos de abusar sexualmente de tres menores de edad.

Además es un candidato incompatible según la ley, pues ministros de cualquier culto no pueden ocupar cargos públicos superiores ni ser elegidos para puestos de elección popular, salvo que hayan renunciado formal y definitivamente a su ministerio al menos cinco años antes.

La inclusión de Nicollino Giuseppe Mariano Cangiamilla Enríquez en la lista de aspirantes a Magistrado de Circuito generó una fuerte oposición por parte de colectivos feministas y familiares de víctimas en Hermosillo, Sonora, ya que es presuntamente responsable de irregularidades que rodearon la muerte de Paula Josette Arizona, una joven que falleció en enero de 2024 tras visitar a un interno en uno de los centros penitenciarios bajo la supervisión de Cangiamilla Enríquez.

Por otro lado, también está Andrés Montoya García como aspirante a la Magistratura del Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito y enfrenta cuestionamientos debido a su relación con el caso de la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota en 2005, quien estaba especializado en temas de narcotráfico y desapareció tras una reunión con Montoya García, quien en ese momento ocupaba el cargo de subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora. A pesar de ello, nunca ha sido formalmente investigado.

Además se encuentra Jacqueline Silva Betancourt, quien fue suspendida en marzo de 2024 por el Consejo de la Judicatura Federal tras ser acusada de retener a un trabajador de su juzgado y exigirle la renuncia, así como en diciembre de 2024 se inició una investigación administrativa en su contra por presunto acoso laboral.

Entre los nombres también figura el de María del Socorro Pérez Córdova como candidata a Magistrada de Circuito en Materia Penal por el Cuarto Circuito de Nuevo León, quien fue removida de su cargo como Jueza de Control en 2017 tras ordenar la liberación de tres presuntos violadores. La decisión se basó en el argumento de que las detenciones habían sido realizadas por familiares de las víctimas, quienes posteriormente entregaron a los acusados a las autoridades.

Madián Sinaí Menchaca Sierra, quien aspira a ser Magistrada en Materia Administrativa en el Tercer Circuito de Jalisco, y Betzabeth Almazán Morales, postulante a Jueza de Distrito en Materia Civil por el Tercer Circuito de Sonora. Aunque no se detallaron los motivos específicos de los señalamientos contra estas dos candidatas, su inclusión en la lista de la ONG subraya la preocupación por los criterios de selección en el Poder Judicial.

Por último, se encuentra Cinthia Teniente Mendoza, quien busca ser Magistrada en Materia de Trabajo en el Décimo Sexto Circuito de Guanajuato y según la denuncia presentada por Defensorxs, Teniente Mendoza, al igual que los otros aspirantes señalados, no cumple con el requisito de “buena reputación”, un criterio fundamental para ocupar cargos de alta responsabilidad en el sistema judicial mexicano.